Declaran 21 policías por el crimen de Franco Casco

Franco Casco viajó a Rosario a visitar a unos familiares la última semana de septiembre de 2014. Tenía pasaje de vuelta para el 6 de octubre pero nunca llegó a Florencio Varela. La policía lo arrestó y 23 días después su cuerpo apareció flotando en el río Paraná. Según determinaron las autopsias, lo habían matado tres semanas antes. Hoy la Defensoría General de la Nación, que actúa como querellante de la familia de Franco, imputó y pidió la indagatoria de 28 personas: 21 son policías.

“Lo que nosotros queremos es que se haga justicia”, dijo a Cosecha Roja el padre de Franco, Ramón Casco. La defensa, integrada por Mariano Maciel, Nicolás Laino, Andrés Pennisi y Luciano Hazan, presentó esta mañana el pedido de imputación en los Tribunales Federales de Rosario. La familia del joven estuvo presente, acompañada por organizaciones políticas, sociales y de derechos humanos.

“Hace un mes los abogados nos dijeron que iban a presentar este pedido”, contó Ramón. Él está convencido de que este es un paso muy importante en la causa: “hace casi tres años que todo estaba parado”.

Franco salió de la casa de sus familiares, en el barrio rosarino de Empalme Graneros,  el 6 de octubre. Iba a tomar el tren, volvía a su casa en Florencio Varela. La policía lo detuvo por una supuesta denuncia hecha por “Crespo”, un vecino que se encuentra entre los llamados a indagatoria pedidos por la querella. Lo llevaron a la comisaría 7ma de Rosario. Según la policía, al joven de 20 años lo liberaron ese mismo día  a la noche. Mientras estaba detenido, una médica (Zelaya) lo atendió y certificó que no estaba herido. Ella también será llamada a indagatoria.

El cuerpo de Franco apareció 23 días después, el 30 de octubre. Flotando en el río Paraná, frente al Parque España en Rosario. Lo reconocieron porque tenía tatuado el nombre de su hijo Thiago en el brazo. Tuvieron que hacerle tres autopsias. A Franco lo habían torturado hasta matarlo tres semanas antes.

La familia y la querella culpan a la comisaría 7ma por el crimen y las pericias y pruebas presentadas sostienen esta teoría. “Se fraguó una causa falsa contra la víctima con el objetivo de legitimar su detención”, afirmaron desde el Ministerio Público de la Defensa en referencia a la denuncia de Crespo.  También denunciaron que la policía  manipuló el libro de ingreso a la comisaría: dice que entró a las 13 pero un oficial le dijo al Ramón, el papá, que lo detuvieron el día anterior.  

En noviembre de 2014 la jueza Roxana Bernardelli caratuló la causa como una desaparición forzada de persona y responsabilizó a la policía. El fiscal que investigaba la causa, Guillermo Apanowicz, respaldó la versión de la 7ma y delegó la investigación a la policía de Santa Fe. En diciembre de ese año, la causa pasó a manos del juez federal Carlos Vera Barros y determinó que los hechos fueron una privación de la libertad.

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Cosecha Roja es la Red Latinoamericana de Periodistas Judiciales

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