San Miguel del Monte y el derecho al boludeo

La muerte de estos cuatro jóvenes y el estado de gravedad de la única sobreviviente nos obliga a visibilizar y luchar para que estas muertes sean entendidas como lo que son: muertes políticas y como tales con responsabilidades políticas.

San Miguel del Monte y el derecho al boludeo

27/05/2019

Por Evangelina Caravaca*

En el rap las palabras salen con la velocidad de una bala. Cortas, hilvanadas rápidamente, parecen saltar empotradas una con otra. La velocidad es una virtud en el rap y en el freestyle, como también lo es el sentido de las palabras, la elección de los términos, la picaresca. En improvisaciones enérgicas los pibes montan sentidos en esas palabras ágiles.

La noche del  20 de mayo de 2019 un grupo de amigos se juntó en la Plaza Alsina de la ciudad San Miguel del Monte (Pcia. de Buenos Aires) a hacer lo que le gusta a un montón de jóvenes argentinos: rapear, andar en skate, hacer piruetas, cantar a los gritos en un auto con amigos. Algo tan mundano que puede producir muchísima felicidad: reirte con tus amigos de cualquier cosa. Perder el tiempo, boludear.

Las cámaras de seguridad de la ruta 3 y algunos testigos desmienten la versión policial que quiso ser, como siempre, la oficial: un auto con cinco jóvenes huye de los tiros de un móvil policial en una suerte de cacería. Nuevamente la policía de tránsito, suerte de archienemigo de los jóvenes del interior, protagoniza una escena dantesca. Un despliegue de violencia que ni de lejos ni de cerca parece portar sentido alguno. La muerte de cuatro jóvenes  – y una quinta en estado grave – sacude los umbrales de dolor de un pueblo aparentemente tranquilo.

Como si  pudiera justificar de alguna forma la brutalidad policial, la pregunta  “¿Por qué no frenó el que manejaba?” se repite en incontables comentarios en las notas periodísticas. Los motivos creo que son múltiples pero me interesa pensar  en las razones sociales que llevan a que un joven de un barrio humilde tema frenar ante un pedido policial.

Habitar una ciudad pequeña de la Argentina por fuera del AMBA conlleva el uso de algún medio de transporte privado desde muy temprana edad: de niño, la bici; de adolescente la moto y, quien puede, el auto al cumplir los 17, 18 años. Razones sobran. Escaso a nulo transporte público, que además no suele funcionar por las noches. Distancias largas, rutas provinciales y nacionales que cruzan y vinculan pequeñas y medianas ciudades. Bailes y boliches que están cerca de alguna ruta y que se han convertido en “el lugar” para salir. Deseo de independencia y de “poder hacer la tuya” – ¿acaso qué adolescente no lo quiere?. Podría seguir sumando razones por las cuáles los jóvenes buscan, pero también necesitan, formas y modos de trasladarse. Por estas y algunas otras razones, los jóvenes que viven en las ciudades del interior son los usuarios mayoritarios de motos, siendo este uno de los artículos más vendido en el país en la última década.  Y, en general, obtienen la licencia para conducir a muy temprana edad.

Pero habitar la ciudad y moverse a través de ellas es también identificar los usos permitidos y prohibidos: las formas juveniles que son aceptadas y avaladas y aquellas que son siempre visibles -que no pasan desapercibidas- e ilegítimas.

¿Qué hace este acá? Resuena ante la presencia de ciertos jóvenes en algunas calles vedadas simbólica y materialmente para ellos. Y los jóvenes de sectores populares advierten tempranamente cuando su presencia, sus motos ruidosas, sus autos catramina molestan. Pero no solo “estorban” en términos simbólicos, sino que son sujetos a mayores controles y puestos siempre en duda: ¿En qué andan estos pibes? Parece repetirse en coro entre oficiales y vecinos.

De allí que cobren tanta potencia figuras como el merodeo: porque claro, estos pibes no pueden pasear. Sus recorridos son entendidos bajo la lógica policial como merodeo y por lo tanto están bajo sospecha. Y el boludeo de los jóvenes, lejos de las lógicas de la producción y cerca de las lógicas del deseo, es concebido como amenaza, fuera de lugar, irrespetuoso e inmerecido. ¿Qué hacen estos pibes un lunes cantando a los gritos en un auto?

Claro que San Miguel del Monte no es una isla ni una excepción para pensar estas prácticas extendidas: en 2010 Baradero, otra antigua ciudad bonaerense con aires de pueblo y colmada de motos, se vio consternada colectivamente por la muerte de dos adolescentes de 15 años: Miguel y Giuliana murieron un domingo a la madrugada al ser chocados por inspectores de tránsito. Los rumores en Baradero aquella mañana se multiplicaban pero coincidían: los jóvenes habían sido perseguidos por la camioneta de control de tránsito municipal, y en una suerte de cacería provocaron sus muertes (injustas, prematuras, incomprensibles) y con esto una herida local.

Hoy Monte parece vivir un tornado de tragedia como aquellos que no raramente sacuden y vuelan sus alrededores. En la autopsia de uno de los jóvenes se encontró una bala policial. Una bala en el cuerpo de un niño de 14 años. ¿Qué sentido se le puede otorgar a una violencia que se advierte incomprensible? La muerte de estos cuatro jóvenes y el estado de gravedad de la única sobreviviente nos obliga a visibilizar y luchar para que estas muertes sean entendidas como lo que son: muertes políticas y como tales con responsabilidades políticas. Muertes incomprensibles en términos sociales que exigen respuestas y que visibilizan una vez más, arbitrariedades y sin sentidos de la violencia policial. Doctrinas policiales y sociales que se fusionan y se tornan indistinguibles pero también, insostenibles. La tarea académica, política, militante está en inscribirlas en el denso historial de la violencia policial-estatal para transformar a estas muertes violentas en un problema sobre el cual  intervenir.

Pero además es preciso luchar por los derechos de estos jóvenes a divertirse, a boludear, a rapear, a desear. Por formas del ocio que no se lleven las vidas de – más – pibes. Por fuerzas de seguridad al servicio del cuidado y no de cacería. Por los pibes vivos y rapeando. Disparando palabras.

*Núcleo de estudios  sobre la violencia y la muerte IDAES-CONICET