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Cosecha Roja.-

Marcos Enrique Escajadillo Grosso nació en Perú y vive en Rosario desde los 17 años. Fue chofer de Hermes Binner cuando este era intendente de la Rosario. Como funcionario, estuvo a cargo de la Guardia Urbana Municipal y de la Secretaría de Defensa Civil de Rosario. Durante su mandato como gobernador, Binner lo nombró subsecretario de Protección Civil. El 12 diciembre de 2012 Antonio Bonfatti asumió la gobernación y designó a Escajadillo al frente de la Secretaría de Seguridad Pública, el segundo cargo de importancia en el Ministerio de Seguridad.  Ayer, Escajadillo se presentó en la justicia: su nombre quedó envuelto en narcoescándalo de Santa Fé.

En un contexto de creciente violencia,  con tasas de homicidios que triplican las estadísticas nacionales, la denuncia contra Escajadillo  abrió el debate sobre los vínculos de funcionarios con el narcotráfico en la provincia: ¿Hay complicidad del poder político santafesino con el crecimiento del tráfico de drogas y los homicidios?

Rosario es la principal ciudad de la provincia y tercera del país en cantidad de habitantes. El 2012 terminó con 182 homicidios: una tasa que triplica la media nacional. Durante el primer mes de este año hubo 23 asesinatos. En este contexto, y con una investigación en su contra por enriquecimiento ilícito por dineros provenientes del narcotráfico, fue desplazado el jefe de la policía, Cristian Sola.

La trama sobre la protección policial al narcotráfico había quedado al descubierto a principios del año pasado con el triple crimen de villa Moreno y quedó en el centro del debate mediático cuando estalló el narcoescándalo, en octubre pasado. Esta semana, la denuncia presentada por el periodista Carlos del Frade contra el funcionario provincial Marcos Escajadillo, exsecretario de Seguridad, profundizó el eje del debate: las complicidades del poder político con las bandas narco.

Según explicó Del Frade, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal número 12 de San Isidro, a cargo de Sergio Torres, lleva adelante una investigación desde agosto del año pasado en la que se hace un “pormenorizado diagnóstico de la situación del narcotráfico en la ciudad de Rosario”. En esa causa, creada a partir de una denuncia presentada por una secretaría nacional -que según medios rosarinos podría ser el Sedronar-, “están citados empresarios, oficiales de la policía santafesina, organizaciones vinculadas al negocio ilegal y existen escuchas telefónicas en donde aparece en repetidas oportunidades el nombre de Marcos Escajadillo en contacto con una persona con la que tramitan cambio de dinero por dólares en el subsuelo de una empresa ubicada en cercanías de la intersección de las peatonales San Martín y Córdoba”.

Escajadillo siempre mantuvo un bajo perfil. Después de la renuncia del ministro de Seguridad Leandro Corti, entre el 5 y el 11 de junio de 2012, quedó interinamente a cargo del Ministerio de Seguridad, hasta la designación del actual titular, Raúl Lamberto.

Cuando estalló el narcoescándalo en octubre pasado Marcos Escajadillo renunció al cargo y fue nombrado secretario de Protección Civil, un puesto menor bajo la órbita del Ministerio de Gobierno. “Escajadillo es un amigo. En estos cuatro meses puso el hombro, el alma y el corazón para lograr las transformaciones que este Ministerio de Seguridad se merece”. Con esas palabras lo despidió Lamberto.

“Extrañamente cuando detuvieron a Hugo Tognoli lo pasaron a retiro”, dijo Carlos Del Frade. Después de la renuncia del jefe policial, la Cámara de Diputados pidió la interpelación de varios funcionarios. El único que no se presentó fue Escajadillo.

En la investigación, Escajadillo aparecería vinculado a los dos jefes de las bandas narco más importantes de Rosario, responsables de muchos de los homicidios ocurridos de la ciudad en los últimos meses.

Ayer a la mañana, el ex chofer de Binner se presentó espontáneamente en los tribunales rosarinos y negó tener vínculos con el narcotráfico.

“La mirada del gobierno nacional sobre el tema del narcotráfico en Santa Fe no es crítica. Es claramente dejar librada a su suerte a una provincia”, dijo el ministro de Gobierno provincial, Rubén Galassi. El propio gobernador, Antonio Bonfatti, dijo que el narcotráfico “es responsabilidad de todos combatirlo”.

Hoy, la ministra de Seguridad, Nilda Garré, rechazó las críticas sobre el quite de colaboración de las fuerzas nacionales en la provincia. “De ninguna manera se han retirado efectivos para el cuidado ciudadano”, dijo. Según detalló, en Santa Fe hay 277 policías federales, 650 gendarmes, 797 prefectos y 100 policías aeroportuarios.

Garré contó que el gobierno provincial no firmó los protocolos de seguridad propuestos por la Nación “para unificar criterios de actuación” y sostuvo que el gobierno nacional “tiene la máxima vocación de colaborar” con las provincias.

Según la ministra, si Santa Fe “no hace un control serio de su policía y la deja autonomizarse, el delito organizado tiende a agravarse”. “Nunca hay desarrollo del delito organizado de bandas si no hay apoyo, vinculación, con la fuerza policial”, agregó.