Santiago Maldonado y Luciano Arruga: un mismo día

El 17 de octubre de 2014, luego de 5 años, 8 meses y 17 días desaparecido, la justicia determinó que Luciano Arruga había sido enterrado como un cuerpo sin identidad en el cementerio de la ciudad de Buenos Aires pocos días después de desaparecer. Luciano fue atropellado por un auto en la vía rápida de la General Paz a unas 25 cuadras de donde, según declaró su madre al denunciar su ausencia, fue visto por última vez por sus amigos pocas horas antes. El mismo día pero 3 años después, y luego de 77 días de búsqueda, encontraron el cuerpo de Santiago Maldonado en las aguas del Río Chubut, a pocos metros de donde fue visto por última vez por los integrantes de la comunidad mapuche Pu Lof en Resistencia en Cushamen. Según los testigos, a Santiago lo vieron por última en el marco de la represión de la Gendarmería Nacional que estuvo marcada por la falta total de profesionalidad y de apego a los protocolos de intervención manifestaciones, con una actuación más propia de una barra brava que de una fuerza de seguridad.

Cuál fue exactamente la relación entre la incursión ilegal de Gendarmería en el Pu Lof y la muerte de Santiago es un aspecto que la justicia deberá analizar ahora, y la sociedad en su conjunto espera una respuesta fundada en una investigación seria y en evidencia científica sobre este aspecto.

A pesar del tiempo, las distancias y las circunstancias de modo y lugar que diferencian a las desapariciones y apariciones de Luciano Arruga y Santiago Maldonado, existen algunas similitudes en los déficits de las investigaciones y las respuestas estatales a las ausencias denunciadas.

  1. En ambos casos las autoridades políticas demostraron desconfianza en la familia y sus motivaciones a través de declaraciones públicas ofensivas o colocando a la familia en el lugar de la sospecha; en el caso, de Luciano esto se manifestó hasta en intervenciones telefónicas a su familia.
  2. En ambos casos los esfuerzos de la investigación estuvieron destinados a desacreditar a la víctima y señalar que su ausencia podría ser voluntaria; en el caso de Santiago funcionarios del gobierno afirmaron que era un integrante de la RAM, que había participado en un ataque a un puestero pocos días antes en el que habría sido herido mortalmente o que estaba escondido en Chile y alimentaron todo tipo operaciones mediáticas.
  3. En los dos casos, a pesar de que las primeras versiones destacaban la participación de una fuerza de seguridad en los hechos, hubo vacilaciones en el apartamiento de las fuerzas de las investigaciones y hasta apañamiento de su actuación, lo que produjo la obvia suspicacia de los familiares y los testigos en la investigación.
  4. La actuación judicial fue coincidente en dificultar a las familias el acceso al expediente, mientras que las fuerzas de seguridad sospechadas podían consultarlo libremente.
  5. Las autoridades políticas eludieron sistemáticamente su responsabilidad en la búsqueda de la persona desaparecida y atribuían su fracaso a la personalidad de las víctimas o la conducta de sus familiares.
  6. Las fuerzas de seguridad y policiales respondieron a las imputaciones como si tuvieran algo que esconder, en vez de aportar la totalidad de la información con la contaran con premura y transparencia a la investigación.  
  7. Algunas de las medidas de prueba realizadas fueron cuestionadas por su escaso apego por los protocolos de ciencia forense y poco profesionalismo.

Así como las investigaciones estuvieron marcadas por esas carencias, la aparición de sus cuerpos sólo puede ser explicada gracias a la presencia de otros actores que resultaron indispensables para lograr respuestas por parte del Estado:

  1. Los hermanos: Vanesa Orieta y Sergio Maldonado, conjuntamente con sus familiares y amigos, convivieron con la tortuosa incertidumbre de no saber qué había sucedido y no claudicaron en sus demandas de respuestas a pesar de numerosos destratos. Se enfrentaron con un sistema que dificultó su acceso a las investigaciones y a la posibilidad de proponer medidas de prueba, negó sus derechos como víctimas en el proceso y a ser escuchados por parte de las autoridades políticas y judiciales. Fueron sometidos a la violencia de varios sectores del periodismo que no dudaron en construir las noticias más canallescas de las que se tenga memoria en mucho tiempo.
  2. El movimiento de derechos humanos que estuvo dispuesto a comprometerse seria y profesionalmente en la movilización, la denuncia pública y la investigación, con la convicción de que nuestra democracia no puede admitir desaparecidos.

Sin la presión de estos actores trabajando conjuntamente, y a pesar de las severas críticas y amedrentamientos recibidos por ello, es probable que los destinos de Luciano y Santiago hubieran permanecido para siempre en la impunidad.

Si es posible está comparación es porque más allá de la diversidad de identidades políticas en juego en uno y otro momento, la gran cuenta pendiente es la relación entre desapariciones y democracia. Todas las carencias de las agencias estatales tienen como denominador común la insistencia, aún en democracia y a pesar de nuestra historia, de avanzar por el lado de la negación de la desaparición.

Una característica central del terrorismo de Estado fueron sus cínicas maniobras para esconder el asesinato los detenidos-desaparecidos, la negación del derecho a la propia muerte. Esa historia trágica nos ha dejado como legado un movimiento de derechos humanos fuerte y organizaciones con enorme reconocimiento y prestigio internacional como el Equipo Argentino de Antropología Forense. Por eso, un hecho tan potente como una desaparición y su negación por parte de las autoridades democráticas produce una reacción casi refleja por parte del movimiento. Se trata de un reflejo sano que, a partir de la experiencia acumulada, alerta que una desaparición en medio de intervenciones de fuerzas, que en el pasado fueron instrumentos del terror, reclama investigaciones transparentes que las alcancen minuciosamente. Nada más, pero nada menos.

 

Natalia Federman
Natalia Federman

Es abogada, especializada en derecho internacional de los derechos humanos, socia del CELS. Ex Directora Nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Seguridad. Docente de seminario Políticas de Seguridad y perspectivas de género de la ECAE.

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