Un equipo que revisa condenas erradas y libera inocentes

ProyectoInocenciaCosecha Roja.-

Trescientos treinta estadounidenses tuvieron una segunda oportunidad. Habían sido acusados y condenados por un crimen que no cometieron y quedaron en libertad porque un equipo de Proyecto Inocencia se ocupó de revisar el caso y encontrar las fallas judiciales. Otros cientos esperan ser liberados. Desde este año hay versión Argentina de la movida: un grupo de abogados y estudiantes analizan historias de presos inocentes. El disparador fue el caso de Fernando Carrera pero ya trabajan sobre decenas de fallos. “Si hay un inocente preso, quiere decir que el Estado está usando el monopolio de la fuerza para violar derechos”, dijo a Cosecha Roja Martín Bohmer, Director de la Clínica Jurídica.

Hoy es el Día de la Condena Errada y el Proyecto Inocencia lanzó una campaña para visibilizar los casos de presos inocentes. El objetivo es concientizar sobre las consecuencias de las “condenas penales erradas” -reconocer los daños personales, sociales y legales que producen- y encontrar las causas. Personalidades como Barack Obama, Rhianna, Lady Gaga y David Cameron bancaron la iniciativa.

Eso le pasó a Alejandro Bordón. Su pesadilla empezó el 5 de octubre de 2010, cuando mataron a un chofer de la línea 524 en Monte Chingolo. El asesinato provocó un paro de colectivos y una revolución mediática en torno a la ‘inseguridad’. “Los medios operan en esto, circula una idea de puerta giratoria, una fantasía de que los delincuentes entran y salen como quieren y que hay pocas condenas”, explicó Bohmer. Entonces empieza el contador. Para el abogado, “policías y jueces quedan metidos en la cultura de la punición, en la idea de que la efectividad depende de números, en vez de pensar en eficiencia, transparencia y ética”.

Minutos después del crimen del chofer, Bordón salió de su casa y corrió el colectivo para no llegar tarde a trabajar. El policía David Quijano lo confundió con el asesino porque “tenía un buzo blanco” y lo persiguió. Cuando lo alcanzó arriba del micro, le apuntó con el revólver, lo golpeó, lo hizo arrodillar. Bordón se desmayó. A partir de entonces le armaron una causa y estuvo dos meses preso en una comisaría, nueve en el penal de Sierra Chica y siete entre la Unidad de Tránsito de La Plata y el penal de Lomas de Zamora. El 2 de junio de 2012 lo absolvieron por unanimidad. Ahora espera que comience el juicio contra el policía.

El Proyecto Inocencia es una fundación que reúne abogados y estudiantes universitarios. Lo primero que hacen, cuando reciben un caso, es analizar si aplica. “El filtrado de causas es muy exhaustivo. No tomamos inocentes técnicos sino materiales, es decir, gente que pueda probar su inocencia”, explicó Bohmer. En ese caso, empieza el trabajo de demostrar que algo funcionó mal: “Hay que identificar las fallas del sistema para proponer políticas públicas”, dijo.

A veces encuentran problemas en la argumentación jurídica de los jueces y fiscales. “Hay razonamientos que no se siguen de los datos. Por ejemplo, al evaluar una prisión preventiva, a veces se fijan en cuántos años le podrían dar de pena en vez de observar si existe o no peligro de fuga”, explicó el abogado. También hay problemas en la recolección de las pruebas. “La policía no sabe hacerlo, la cadena de custodia no se cumple, se pierde información necesaria en caso de una revisión”, dijo. Otra cosa que falla es la ética profesional de los funcionarios del Estado: eso pasó en el caso de Carrera, una historia de corrupción policial.

El 25 de enero de 2005, los oficiales de la comisaría 34 persiguieron a Fernando Carrera por la Avenida Sáenz. Creyeron que era un ladrón que escapaba en un Peugeot 205 blanco. Le dispararon más de 25 veces hasta dejarlo inconsciente: los tiros le pegaron en la mandíbula. Carrera no se acuerda qué pasó después: perdió el control del auto y mató a dos mujeres y a un niño de seis años. Para tapar el error, la policía le armó una causa, inventó un robo y plantó un arma en el auto. En 2010 se estrenó El Rati Horror Show, el documental que aclaró su inocencia y contradijo el relato policial. Cuando la película llegó a Estados Unidos, los integrantes de “Innocence Project” se acercaron a Enrique Piñeyro -el director- y le propusieron empezar a trabajar en Argentina.

Uno de las historias que Proyecto Inocencia está revisando ahora tiene que ver con una costumbre policial: fotografiar a los detenidos y armar un álbum que llaman “de malvivientes” y que después usan como una rueda de reconocimiento ilegal. El hombre al que defienden quedó registrado en uno de esos álbumes cuando cayó en la comisaría por un robo menor. Meses después, en la misma zona hubo un delito más grande y los agentes aplicaron su protocolo. Le mostraron las imágenes a la víctima y preguntaron: “¿Reconoce a alguno?”. El hombre terminó condenado porque los jueces se basaron en la prueba policial, no investigaron la coartada ni llamaron a los testigos.

“Las condenas erradas van erosionando la legitimidad de las instituciones democráticas. La gente deja de creer que el Poder Judicial sea el lugar donde se pueden resolver los conflictos y busca solucionarlos por afuera”. El año pasado un grupo de vecinos de Rosario asesinó a piñas y patadas a David Moreira, acusado de robar un cartera a una mujer. El cordobés José Luis amenazó a un adolescente en el barrio Quebrada de Las Rosas con un arma de juguete y terminó con las manos atadas a un poste de cemento e inconsciente. Murió trece días después en el hospital.

Bohmer señaló la gravedad institucional de las condenas erradas. No sólo se afectan los derechos de las personas sino que, en el caso de las causas armadas, hay inocentes presos y culpables libres. “Están en libertad los responsables del delito y también los funcionarios responsables de haber metido a una persona presa”, dijo.

Según datos de Proyecto Inocencia en Estados Unidos, en la mitad de los casos de los exhonerados por ADN, se encontró al verdadero culpable luego de liberar al inocente:

El 21 de septiembre de 2010 Luz Gómez llevó a vacunar a su hija Zaira a una salita de Villa Ballester en el partido de San Martín, al norte del conurbano bonaerense. Guardó el certificado en el bolsillo en una mochila Nike y volvió a su casa en remis con la nena recién nacida en brazos. Ahí la esperaba Diego Romero, su novio desde hace una década. A trece meses de aquella visita al hospital, el 1 de octubre de 2011, una pareja mató a un hombre que se resistió a ser asaltado en Castelar. En la escena del crimen la policía encontró la mochila con el certificado de vacunas de Zaira. Luz Gómez y Diego Romero dicen que nunca estuvieron allí, que ese día y a esa hora hacían compras en un shopping. El 26 de noviembre de 2014 la justicia los absolvió después dos años presos.

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Cosecha Roja es la Red Latinoamericana de Periodistas Judiciales

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