Sistemas sobrecargados: leyes de Drogas y cárceles de América Latina

Informe del Transnational Institute (TNI) y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA). Diciembre 2010.

 

Privar a una persona de su libertad es una de los poderes más imponentes que tiene un Estado. La manera como los Estados ejercen este poder, manteniendo en equilibrio el deber de garantizar la seguridad pública y la obligación de respetar los derechos humanos fundamentales, es de enorme importancia. El funcionamiento del sistema de justicia repercute en la sociedad en su conjunto.

La llamada “guerra a las drogas” desplegada en las últimas cuatro décadas ha tenido un enorme impacto en el funcionamiento de los sistemas de justicia y las cárceles en América Latina. Con el fin de identificar de manera más concreta estos impactos, el TNI y WOLA reunieron a un grupo de expertos de ocho países latinoamericanos para que examinaran el costo humano de las leyes sobre drogas en vigor, identificando quiénes están encarcelados y las repercusiones del encarcelamiento en sus propias vidas, sus familias y sus comunidades. El presente informe, que abarca ocho países – Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, México, Perú y Uruguay – es una síntesis de los resultados de sus investigaciones sobre la relación de la legislación de drogas y la situación carcelaria en sus respectivos países.

En todos estos países, el énfasis de la fiscalización de drogas en sanciones penales ha dado lugar a un gran aumento del número de personas encarceladas por delitos de drogas.

La aplicación de leyes severas para los delitos relacionados con drogas no ha sido solamente ineficaz para detener la producción, tráfico y consumo de sustancias ilícitas sino que ha generado consecuencias negativas, como la sobrecarga de tribunales y cárceles, y el sufrimiento de decenas de miles de personas tras las rejas por pequeños delitos de drogas o por su simple posesión. El peso de las leyes de drogas se ha sentido con mayor fuerza entre los sectores más vulnerables.

Cada estudio de país ofrece un panorama general del desarrollo histórico de la legislación y de la legislación actual de drogas, así como una descripción de las estructuras institucionales responsables de la aplicación de la legislación de drogas y la gestión del sistema penitenciario. Cada estudio analiza también los datos disponibles sobre la situación en las cárceles – incluidos los niveles de hacinamiento – y las características de los propios reclusos, incluyendo su estatus socio-económico, el porcentaje de presos en la cárcel por cargos de drogas, el número de detenidos por cargos menores y el de grandes traficantes, y el porcentaje de encarcelados por simple posesión o por consumo.

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