Por Claire de Oliveira – El nuevo diario

Superpoblación y escasez de guardias son las principales causas de la violencia que impera en cárceles de Latinoamérica, donde a menudo organizaciones criminales dictan la ley, según expertos en temas carcelarios y grupos de defensa de derechos humanos.
La semana pasada murieron carbonizados, en una reyerta con una banda rival, 25 reos de la prisión brasileña de Ponte Nova, en Belo Horizonte (este). Los guardias aseguraron no haber podido “hacer nada ya que uno de los grupos tenía un arma”. La prisión, prevista para 87 detenidos, albergaba a 175.

“Lo que ha sucedido en Ponte Nova es la crónica de una violencia anunciada, debido a la superpoblación”, declararon representantes de organizaciones de derechos humanos.

El profesor Paulo Mesquita, responsable del Centro de Estudios sobre la Violencia de la Universidad de Sao Paulo (USP), aseguró que las inversiones siguen siendo “insuficientes para crear las condiciones necesarias para una buena gestión” en el sistema penitenciario.

Según el profesor, durante los últimos diez años el aumento de la criminalidad ha provocado un número mayor de encarcelamientos. Se han construido prisiones pero todavía hay un déficit de plazas enorme. El número de guardianes es ridículo y tampoco reciben una formación adecuada.

Leyes internas en las cárceles

“El mantenimiento del orden funciona sobre la base de acuerdos entre presos y guardianes que dejan entrar armas y teléfonos móviles. Asistimos periódicamente a grandes motines o ajustes de cuentas”, añadió.

Las mafias como el Primer Comando de la Capital (PCC) dictan la ley en los presidios, desde donde controlan sus actividades en las grandes ciudades. El PCC nació en 1993 en Sao Paulo, que concentra más de 140 mil presos, lo que representa el 40 por ciento de la población carcelaria de todo el país.

El PCC fue el responsable en mayo del 2006 de una ofensiva sin precedentes que se saldó con más de 170 muertos de los cuales 41 pertenecían al las fuerzas del orden.

Las bandas prosperan aún con mayor facilidad al organizar la vida cotidiana en las cárceles superpobladas, a menudo derruidas e insalubres, y cuyas administraciones que carecen de medios son gangrenadas por la corrupción.

Esta situación se repite en el resto de América Latina, ya sea en México, El Salvador, Honduras, Guatemala, Venezuela, Perú o Nicaragua.
En México “en algunas celdas construidas para albergar cuatro detenidos, se hacinan 30”, según un reporte de la Comisión de Derechos Humanos de México.

Los prisioneros son víctimas de malos tratos, extorsiones y hasta son forzados por guardias o bandas a cometer delitos. Además, gracias a la corrupción, las organizaciones criminales siguen actuando desde las cárceles.

“Son grupos que comenten delitos graves como secuestros, robos, tráfico de droga, ya que poseen teléfonos móviles que les permiten estar en contacto permanente con la gente del exterior”, destaca el reporte.

Cárceles de Hoduras dinamita

En Honduras, en mayo del 2004, 107 pandilleros de la Mara Salvatrucha perecieron en un incendio en la prisión de San Pedro Sula a 240 km de Tegucigalpa. “Las cárceles de Honduras son dinamita con mecha corta, que puede estallar en cualquier momento”, dijo el responsable de Derechos Humanos Ramón Custodio.

Según el profesor Mesquita, “harían falta políticas que no estén basadas sólo en el encarcelamiento”, como penas alternativas o la libertad vigilada para autores de delitos menos graves.

El especialista deplora que “nadie se preocupe demasiado por los detenidos ya que proceden de grupos marginalizados”, siendo la mayoría de ellos pobres y negros. “Pero es un error porque salen de prisión siendo más profesionales de lo que eran”, concluye.