Time Warp, una fábrica de irresponsabilidad

prohibir time warp

La fiesta Time Warp fue un combo letal de sobreventa de entradas, música electrónica, bebidas y drogas sintéticas. Para la justicia, la responsabilidad de los empresarios está probada y Víctor Stinfale y Adrián Conci, detenidos. Ahora resta completar el mapa de quienes habilitaron la zona liberada: los agentes de control del gobierno de la Ciudad y las Fuerzas de Seguridad que estuvieron la noche de las cinco muertes. A cargo del operativo estuvo Néstor David Alarcón Torres del Departamento de Investigación del Narcotráfico, quien fracasó en las investigaciones preliminares sobre Creamfields: no pudo detectar quiénes vendían drogas en una fiesta en la que todos lo hacían.

La fiscalía de Federico Delgado ya había iniciado en 2013 una investigación preliminar que recayó en el Juzgado Federal 10 y archivó la Cámara Federal el 10 de marzo de 2015. Ese año, comenzaron otra causa ante el Juzgado Federal 2, que tuvo igual suerte que la anterior. En los dos casos intentaban desentrañar las organizaciones delictivas que vendían droga en las Creamfields. Si cambiamos Creamfields por Time Warp, la lógica de las “maniobras delictivas prolijamente organizadas” funciona igual.

Según Delgado, el Operativo de la fiesta electrónica de Costa Salguero fue “un espacio social excluido de la soberanía estatal”, una zona liberada para la venta de drogas sin control público y con un grupo de empresarios que fabricaron “el deseo de consumir” (la temperatura elevada y la falta de agua corriente ya se comprobaron durante las inspecciones oculares en el predio).

En Time Warp, Alarcón Torres fue el destinatario de la bolsa que el prefecto Alberto Gabriel Pandiani recibió a las tres de la mañana de Carlos Miguel Nocodema Penise (alias El Chino), encargado de la seguridad privada. El Chino se la dio a Pandiani porque no encontró al policía y, a su vez, el prefecto la dejó al cuidado de la cabo segunda Ivana Gómez. A las siete, cuando ya habían muerto dos jóvenes, llegó a manos del jefe de servicio, el subprefecto Adrián Álvarez. El “episodio de la bolsa” terminó a las 16, cuando la abrió personal de la División Precursores Químicos y Drogas Emergentes de PFA y encontró estupefacientes.

Los funcionarios del gobierno porteño fueron parte del triángulo de responsabilidades. Hay tres inspectores de la Dirección General de Fiscalización y Control de la CABA/ Gerencia Operativa de Eventos Masivos (Gustavo Alberto Herms, Nestor Ricardo Cella y Pablo Germán Fontanellas) imputados. Los superiores jerárquicos Claudio Iacobaccio, titular de Gerencia Operativa, y Fernán García Vázquez, coordinador, también estuvieron en Costa Salguero. Según el fiscal, todos contribuyeron a la tragedia porque no hicieron lo que debían: no se documentó absolutamente nada después de las 173 requisas de esa noche.

“Era competencia de Prefectura, seguridad privada, de la propia organización”, dijo Herms ante la justicia. Él y los otros inspectores dijeron que “no controlaron” a la gente que ingresó y se desentendieron de su responsabilidad frente al juez Sebastián Casanello. Todos respondieron con la misma lógica. Cella le atribuyó la “tarea” a la organización y la seguridad. “Es algo que excede a mi función”, dijo Fontanellas. La fiscalía calificó a las acciones de los funcionarios de “indiferencia voluntaria revelada por inacción”.

La situación judicial de los empresarios parece estar más definida. Los dos más comprometidos son el abogado Víctor Stinfale y Adrián Conci. Stinfale manejaba los hilos de la noche electrónica a través de una treintena de empresas, todas ligadas entre sí, dirigidas por amigos de la infancia, empleados y la familia política. Está preso con domiciliaria. Conci, uno de los organizadores de la fiesta, fue el primer detenido de la causa. Los nombres de los superman de la noche se unen en un mapa de responsabilidades que armó el fiscal.

“Tres inspectores, servicios adicionales, una brigada que no documentaba su trabajo. Un servicio de seguridad privada que cachea muy escasamente y lo que encuentra queda perdido en una bolsa. Todo lleva a una suerte de privatización del control funcional, no solo a no interferir con las ganancias, sino incluso incrementarlas”, escribió Delgado. Una fábrica de irresponsabilidad, seres que no se asumen, muerte, un gobierno de nadie.

 

Cosecha Roja
Cosecha Roja

Cosecha Roja es la Red Latinoamericana de Periodistas Judiciales

Sin comentarios

Responder

Su dirección de email no será publicada