Tres de febrero: por corrupción, piden que cierren una comisaría

Cosecha Roja.-

Hace 15 días, en Pablo Podestá, partido de Tres de Febrero, tres jóvenes fueron acribillados a balazos. Los asesinos buscaban vengarse de otro joven. Habían pagado una coima en la comisaría de la zona para liberarlo y el chico los traicionó. Ahora, los vecinos piden cierren la seccional.

El lunes 14 de enero a la noche, casi de madrugada, un Fiat Punto negro con vidrios polarizados se acercó al paredón de una de las esquinas de Pablo Podestá, en el partido de Tres de Febrero, donde un grupo de entre doce y quince pibes hacía tiempo para ir a festejar a la casa de uno de ellos, Fernando Bravo, Ferchu, que esa noche cumplía 16. Algunos estaban sentados en un tronco largo contra el muro. Otros cinco estaban parados, de frente a ellos.

El auto negro frenó de golpe, al ver que en esa esquina, de pie, estaba el joven al que buscaban -que sacó una pistola y la amartilló-. Por las ventanillas derechas del Fiat Punto se asomaron dos armas: un 9 mm y una 45. Dispararon entre once y quince veces. Cuatro de los cinco pibes que estaban de pie fueron baleados. El único que salió ileso, casualmente, fue el destinatario de los disparos. Ferchu Bravo -el cumpleañero-, Alexis “Pionono” Bracamonte, de 17 años y Lucas Díaz, de 18, murieron camino al hospital.

En un principio se habló de un enfrentamiento entre bandas. En el barrio la versión es otra: Hace algún tiempo, el joven al que quisieron matar esa noche cayó preso en la comisaría 11. Sus compañeros compraron su libertad con una moto y tres mil pesos. “Esta lógica se mantiene en todo el conurbano, es una matriz de corrupción absolutamente aceitada que tiene cabida por el grado de exclusión y de delincuencia que hay en los barrios”, explicó Juan Manuel Casolati, Secretario de Ejecución Penal de la Defensoría de General de San Martín.

Hasta septiembre de 2011, el barrio en el que asesinaron a los tres chicos era jurisdicción de la comisaría 5ª, que aún opera en la Villa La Esperanza, la zona más caliente de Pablo Podestá en la que funcionan varios desarmaderos. Según confirmaron fuentes judiciales a Cosecha Roja, en los Tribunales de San Martín hay varias investigaciones sobre desarmaderos en el partido de Tres de Febrero. “En todas ellas hay denuncias contra las comisarías”, explicó un funcionario judicial. En una causa, que aún continúa abierta, estuvieron involucrados los jefes de la comisaría 5ª. Aunque, aclaró el funcionario, “no hay ningún policía procesado”.

La comisaría 11ª fue inaugurada el 20 de septiembre de 2011 por el gobernador Daniel Scioli y el ministro de Seguridad Ricardo Casal. Fue una respuesta al pedido de los vecinos que querían una comisaría propia en la zona. La 5ª no tardó en replicar en el barrio el sistema que, según Juan Manuel Casolati, funciona en todo el conurbano bonaerense: los policías detienen a una persona, que puede ser o no culpable. A veces lo amenazan con armarle una causa; otras, le ofrecen eliminar pruebas o dejarlos libres sin que haya causa judicial. Le exigen plata y lo retienen algunas horas en la comisaría sin darle intervención al fiscal.

“Si se enteran que cobraste una indemnización vienen y te allanan”, contó un joven del barrio, con varias entradas en diferentes comisarías de la zona. Algo similar le pasó a un muchacho que vendía ropa falsificada. Le estaba yendo bien, había logrado juntar una buena cantidad de plata vendiendo zapatillas, chombas y remeras de fútbol a la gente del barrio. No supo callarse la boca y fanfarroneó que iba a comprarse un terreno de 80 mil pesos. El rumor llegó a la 5ª. Una tarde, la policía tumbó la puerta a las patadas. Lo tiraron al piso y le dieron vuelta la casa. Se llevaron 3 mil dólares, una cantidad menor en pesos, varias bolsas con mercadería y al joven vendedor detenido.

Cuando los familiares del muchacho quisieron ir a Tribunales, en la comisaría los amenazaron con “meterle más cosas”. Después de 16 horas lo liberaron. La familia pagó 5 mil pesos más todo lo incautado. “Ahora la policía está vendiendo la mercadería en el barrio”, dijeron.

Ayer, los familiares de los tres pibes asesinados y vecinos del barrio se movilizaron para pedir justicia y denunciar la corrupción policial.”Justicia”, “Corruptos”, decían los graffitis que los manifestantes dejaron en las paredes de la 5ª. El comisario atendió en su despacho a las madres de dos de las víctimas. Afuera, el subcomisario Varela enfrentó a otros familiares:

Ustedes me están amenazando- les dijo

-Esto no es una amenaza, es una protesta- contestó la hermana de uno de los pibes asesinados-. Una amenaza es que yo venga y te prenda fuego la comisaría.

Los familiares le reclamaban que no hacían nada para encontrar a los asesinos.

-Nosotros no podemos estar en todos lados. Y si no agarren y mátenlos ustedes- les respondió el policía.

Durante la marcha, algunos vecinos pidieron

“En esta comisaría son todos corruptos”, se quejó una joven. Un buen número de vecinos pidió que directamente cierren la comisaría. “Para mí eso es mucho, pero al menos que cambien al personal”, dijo la chica.