Proyecto contra el Ministerio Público Fiscal

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Por Candelaria Domínguez Cossio.-

El proyecto de reforma del Ministerio Público Fiscal (MPF) que impulsa el gobierno nacional propone cambios en la designación y remoción del nuevo procurador: el presidente ya no necesitaría de los votos de las tres cuartas partes del Senado para su designación y habilita la remoción sin necesidad de juicio político. La reforma ya recibió críticas de las organizaciones de la sociedad civil y de la Asociación de Fiscales.
El nuevo texto de ley lleva la firma del senador de Cambiemos Federico Pinedo, el radical Ángel Rozas, y los peronistas Miguel Pichetto y Rodolfo Urtubey. Propone una incidencia directa del Poder Ejecutivo en la estructura del Ministerio Público Fiscal y de la Defensa. Mañana se hará la presentación formal en el Senado, en la comisión de Justicia y Asuntos Penales, y será debatido en el recinto el 15 de noviembre.

A partir de la sanción de la nueva ley, el presidente ya no necesitaría contar con los votos de las tres cuartas partes de la Cámara alta para designar al procurador General, como hasta ahora, sino que le alcanzaría con la mayoría absoluta del Senado (37 legisladores). “Al disminuir la mayoría necesaria para su designación, el proyecto ya no requiere de la construcción de acuerdos amplios que garanticen la legitimidad de quien eventualmente ocupe el cargo y que será el encargado, entre otras funciones, de diseñar la política criminal y garantizar el acceso a la justicia en el ámbito federal y nacional”, sostiene un documento firmado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la Asociación Pensamiento Penal (APP), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) y la Fundación Poder Ciudadano.

La reforma también habilita la remoción del procurador de su cargo sin necesidad de llevar a cabo un juicio político. Alcanzaría con la decisión del presidente y la aprobación del Congreso. Este cambio, sostiene el documento firmado por las organizaciones de la sociedad civil, deja al procurador “en una situación de debilidad frente a las consecuencias políticas que las investigaciones criminales o actos de gestión puedan acarrear”.

La incidencia del Poder Ejecutivo en el Ministerio Público Fiscal contradice el artículo 120 de la Constitución Nacional, que sostiene que “el Ministerio Público es un órgano independiente, con autonomía funcional y autarquía financiera”.

“El proyecto de reforma de la Ley Orgánica pretende establecer un método endeble de elección y remoción del Procurador General de la Nación que afectará su actuación en concordancia con los principios mencionados anteriormente”, criticaron desde la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación (AFFUN), una organización opositora a Gils Carbó presidida por el fiscal federal Carlos Rívolo.
El nuevo proyecto, además, acorta la duración del mandato del procurador a 5 años, lo que limita las políticas públicas a largo plazo.

En el artículo 23, la nueva ley prevé la eliminación de las procuradurías, como las de lesa humanidad, delitos económicos, narcocriminalidad, violencia institucional, trata de personas o secuestros extorsivos, y las unidades especiales, como la de violencia contra las mujeres. Solo seguirán existiendo aquellas que sean creadas nuevamente. “Debería ser al revés: que continúen funcionando y solo se eliminen aquellas que crean que no sirven”, explicó a Cosecha Roja una fuente a cargo de una fiscalía.

La reforma también elimina las Direcciones Nacionales, como la de recupero de activos, acceso a la justicia, políticas de género, acompañamiento a las víctimas, investigación patrimonial y análisis criminal, que funcionan de apoyo a los fiscales en sus investigaciones criminales.

“Estas estructuras son imprescindibles para la persecución de delitos de criminalidad organizada y corresponden con las necesidades de un Ministerio Público preparado para reorientar sus recursos hacia los delitos más graves”, criticaron las organizaciones.
Otro de los artículos de la nueva norma permite al procurador reasignar causas judiciales, que podría poner en riesgo investigaciones en curso, y exige una antigüedad de cinco años en el ministerio para poder ocupar cargos.

El proyecto será presentado luego de la renuncia de la procuradora general Alejandra Gils Carbó, en el marco de la presentación de los proyectos de reforma laboral y tributaria y luego de la eliminación de 67 millones del presupuesto destinados a víctimas de violencia de género.

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Cosecha Roja es la Red Latinoamericana de Periodistas Judiciales

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