Sobrepoblación, torturas y muertes violentas: un registro de las cárceles federales

 

BrianJ.D. y H.N., detenidos en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza, fueron víctimas de la violencia de los guardias: recibieron balazos de goma, palazos, cachetadas y gas pimienta. Los arrastraron de los pelos y los encerraron en una celda colectiva, la “leonera”. Mientras sufrían las torturas, alcanzaron a ver como uno de los agente grababa todo con una filmadora portátil. La escena, relatada por la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN), forma parte de los 775 casos de tortura registrados durante 2015.

Según el Informe Anual 2015. La situación de los derechos humanos en las cárceles federales de la Argentina, en el 43 por ciento de los casos de torturas las víctimas son intimidadas para que no denuncien: los penitenciarios los amenazan de muerte. El año pasado, el TOC 1 de San Martín condenó a cuatro penitenciarios a penas de entre 8 y 9 años por torturar a Brian Nuñez: en 2011 lo golpearon, quedó sordo de un oído y pasó 40 días en una silla de ruedas. Fue la primera condena a miembros del Servicio Penitenciario Federal.

Después de fracturarle una clavícula, a L.S un agente le dijo: “Agradecé, que sino vas a aparecer colgado como tu compañero Pelozo Iturri”. Su caso se hizo conocido porque catorce agentes de la Unidad 9 del SPF fueron procesados por la muerte y la Procuración fue querellante de la causa. El 15 de enero de 2015, otro detenido pidió una tarjeta telefónica a su celador. Le dijo que tenía problemas familiares, que debía llamar a su casa. Minutos después, quince agentes hicieron una requisa a todo el pabellón a raíz de ese reclamo individual y lo golpearon de manera brutal.

Una detenida en Ezeiza volvía de hacer actividad física en el gimnasio de la cárcel. Los agentes de requisa le indicaron de mala manera que fuera a su pabellón. La agarraron del pelo y le apoyaron la suela del zapato en la cara, le pegaron golpes de puño y patadas durante veinte minutos. No se pudo ni siquiera cubrir: estuvo esposada todo ese tiempo. Más tarde, entre dos la arrastraron por el piso hasta la celda de aislamiento.

Estas historias fueron registradas en las entrevistas que tuvieron los detenidos con los asesores de la PPN. El organismo estatal se encarga cada año de armar un informe que muestra la vulnerabilidad de los Derechos Humanos en las cárceles argentinas. “No son solo golpes y maltrato físico. Hay otras circunstancias como la salud, la alimentación, el encierro dentro del encierro y las sanciones. Nada cambia, son prácticas arraigadas en el Servicio Penitenciario”, dijo a Cosecha Roja el Procurador Francisco Mugnolo.

Los gráficos elaborados para el informe demostraron que la superpoblación es la problemática central. “Donde había uno, ahora hay tres y en el mismo lugar. La estructura de contención fue superada”, explicó Mugnolo. Entre 2014 y 2015, hubo un mínimo descenso en la cantidad de personas presas, pero no mejoraron las condiciones de hacinamiento. Las consecuencias: más violencia intracarcelaria, dificultades en el acceso al trabajo y a la educación, falta de higiene, deficiencia en la atención médica, entre otras. Para el procurador, la única forma de alcanzar la seguridad es con la implementación de políticas públicas. “La solución no es poner a la gente en perreras”, dijo.

En el informe, la PPN también analizó el aumento de muertes violentas en la cárcel: accidentes, suicidios y homicidios (desde ahorcamientos y heridas de arma blanca hasta intoxicación). “En los últimos cuatro años pudimos registrar que el 60% de las fallecimientos bajo custodia son de ese tipo”, dijo Ramiro Gual, director del Observatorio de Cárceles Federales. Según Mugnolo, se trata de un manejo “perverso” de la gestión carcelaria.

La Procuración está “dentro de la cárcel” y su objetivo es proteger y promover los derechos de las personas privadas de libertad. Dan a conocer los informes anuales a los tres poderes y a la sociedad civil. Los trabajos de investigación cumplen una “función de control” y se sustentan con información confidencial: la palabra de los detenidos es fuente primordial. Denuncian y exponen la situación carcelaria, pero también reciben datos relevantes del Servicio Penitenciario. “Hemos hecho un esfuerzo especial para que esta información sea accesible a todos”, dijo Mugnolo.

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Cosecha Roja es la Red Latinoamericana de Periodistas Judiciales

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