Transformar el dolor en lucha

08 DSC_0175Linda Vásquez y Raquel Arrieta charlan en uno de los balcones del Congreso Nacional. Llevan colgadas del cuello las imágenes de sus hijos asesinados. Esperan que los demás familiares de víctimas del gatillo policial entren al Salón Delia Parodi para comenzar el cuarto encuentro consecutivo por el Día Mundial de Lucha contra la Violencia Institucional. “La revolución se hace cuando los pueblos se juntan”, dijo Hebe de Bonafini, la presidenta de la Asociación de Madres de Plaza de Mayo, que encabezó el primer taller.

Raquel prende un cigarrillo y habla de Damian. Tiene experiencia en convertir el dolor en lucha contra la impunidad. Su hijo de 14 años fue asesinado en las revueltas sociales del 19 diciembre de 2001: lo mató de un disparo Bernardo Alonso Joulie, un custodio y ex agente de Prefectura, en Ciudad Evita. Damián miraba los saqueos que se estaban produciendo a pocas cuadras de su casa cuando una bala le impactó en la cabeza. Alonso y otros dos hombres se habían bajado de una camioneta y habían disparado a la multitud para evitar que entraran a su negocio. “Le dieron 15 años con arresto domiciliario: si estuvo en la cárcel ocho fue mucho”, dijo a Cosecha Roja.12b pdc_31

Ella y Linda escracharon muchas veces a los jueces y a los tribunales, y hasta acamparon bajo la lluvia para que las causas no quedaran en la nada. Linda también perdió a su hijo Mariano.En 1995, miraba un partido de fútbol en una canchita de los monoblocks de Villa Pueyrredón cuando un joven que llegó con su banda le disparó en el pecho. Lo que lo mató, sin embargo, fue la ineficacia de la policía. “Lo creyeron muerto y lo arrastraron por la calle, no lo levantaron con cariño y respeto porque tenía pelo largo y se vestía como metalero”, contó a Cosecha Roja. Mariano murió en el quirófano del Hospital Pirovano, pero podría haberse salvado. Aunque ella denunció a los agentes por discriminación, el caso perdió visibilidad porque fue al mismo tiempo que la muerte de Carlitos Menem. “Ya son 21 años de impunidad”, dijo.

***

01 _MG_8752

María Elisa Gómez no quiere llegar tarde. Cruza corriendo por la senda peatonal de la avenida Entre Ríos de la mano a una chica de pelo oscuro: las dos llevan una remera con la imagen de un nene y la frase “Justicia por Dieguito”. Más tarde, le contará a los demás familiares de víctimas de violencia institucional que es la abuela de Diego Aljanatti, un chico de 13 que fue atropellado en marzo de 2016 por un patrullero de la Policía cuando salía de una matinee en Ituzaingó. Los agentes no llamaron a la ambulancia, sino que llenaron los pocos minutos que le quedaban de vida excusándose con que no habían sido ellos los causantes del accidente y convocaron a más unidades. “Ayúdenme, porque el caso no se hizo muy conocido”, pidió ante el auditorio que la escuchaba en silencio. Fuera del Salón, miembros de la Defensoría del Pueblo y de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin) llenaban fotocopias con los detalles de las denuncias más urgentes como las de María Elisa.

00 _MG_8931

Carolina, la mamá de Lucas Cabello, pide el micrófono: “Desde el año pasado, mi hijo sigue internado luchando por su vida”. Ricardo Ayala, un oficial de la Metropolitana, gatilló el arma reglamentaria tres veces argumentando que Lucas lo había amenazado con otro revólver, en la puerta de un conventillo de La Boca. Ahora, la familia organiza una campaña solidaria para juntar plata y ayudar a Lucas a recuperarse. El jueves 11, el joven cumple 21.

El siguiente en hablar es un vecino de la 1-11-14 que fue testigo de la represión a los integrantes de la murga “Los auténticos Reyes del Ritmo”, en febrero. El hecho se conoció después de que se difundiera un video en las redes sociales en el que se veía como Gendarmería disparaba balas de goma contra hombres, mujeres y niños. Según la Procuvin, la represión a los niños es una práctica común de esa fuerza en los barrios.

09d pdc_7

A medida que los familiares contaban sus historias sentados en una ronda de sillas, las causas recientes se mezclaban con las conocidas hace años. “Yo hice frente, me paré en el dolor y salí a la calle”, dijo entre lágrimas Angélica, la madre de Jonathan “Kiki” Lezcano. La historia se parece mucho a la de Luciano Arruga: a Kiki lo amenazó la Policía, desapareció dos meses y medio de la Villa 20 y lo encontraron enterrado como NN en el cementerio de Chacarita. “Nos chicanean con cada tiro, pero lo único que tenemos que hacer es unirnos. Nadie se salva solo, juntémonos”, dijo Hebe de Bonafini. Escuchó atenta las historias, pero también habló de la suya: “Mis hijos eligieron ser revolucionarios”.

04 DSC_0216

Afuera del Congreso, se armó una carpa en la que referentes sindicales discutieron acerca de la criminalización de la protesta. Al final, los participantes se encontraron en el Salón de los Pasos Perdidos. “Mi barrio y mi cara no son delito”, decía un grupo de jóvenes de la villa 31 que abrió el acto del cierre con una canción. Bajo la consigna “acuerdo por el derecho a la protesta”, personalidades de los Derechos Humanos, abogados y diputados discutieron acerca de la concientización de la sociedad respecto a la violencia institucional. “En el abuso de la autoridad hay una continuidad de la dictadura. El espionaje y el gatillo fácil son dos claros ejemplos”, dijo la diputada Myriam Bregman (FIT). El diputado Leonardo Grosso, impulsor de la Campaña contra la Violencia Institucional, dijo: “Es necesario trascender las fronteras de los partidos políticos para defender nuestros derechos”.

07 _MG_8591

Fotos: Josefina González y Lucía Figueroa

Agustina Lanza
Agustina Lanza

Periodista.

Sin comentarios

Responder

Su dirección de email no será publicada