Cosecha Roja.-
El jueves pasado, la policía llegó a la casa de la familia González, en el paraje rural Tres Esquinas, con una orden de desalojo y tuvieron que abandonar su hogar. Lo mismo pasó en la casa de enfrente, donde Irma Monges de Bulchi vivía con sus tres hijos. Esa tarde, los chicos estaban solos porque su madre estaba cuidando a un familiar internado en la capital cordobesa. No hubo contemplaciones; la medida dispuesta por la jueza María Elena Olariaga de Masuelli, a cargo del Juzgado Civil y Comercial N° 46 de Córdoba, se ejecutó.
El sábado pasado, cuando los referentes del Movimiento Campesino de Córdoba (MCC) llegaron al paraje a 50 kilómetros de la capital cordobesa, las topadoras habían reducido a escombros las casas y el corral donde criaban animales. No quedaron ni rastro de los chanchos, la vaca y las dos ovejas que eran parte del sustento familiar. “Es una zona sojera donde la frontera agropecuaria pasó hace rato y todo alrededor es agronegocio”, explicó Germán Pez del MCC a Cosecha Roja.
Ese día, cuando intentaron recuperar y defender pacíficamente sus bienes, más de quince personas fueron detenidas en un operativo que calificaron como exagerado. Ayer a las cuatro de la tarde terminaron de liberar a los 12 que permanecían en la Comisaría de Río Primero. La fiscalía dispuso que se los imputara por usurpación.
La causa se inició en 1994, pero no tuvo ni a los González y ni a los Bulchi como protagonistas hasta el momento en el que los corrieron del terruño. La demanda la presentó Sara Jabase (hija del dueño del almacén de Ramos Generales del pueblo) contra Henry Cattaneo (un empresario de YPF de Monte Cristo) por una acción posesoria. Es decir: aún sin título, estos dos empresarios se disputaban los derechos de posesión sobre un territorio mucho grande que el ocupado por las familias campesinas. Jabase reclamó 182 hectáreas y Cattaneo 220. En el medio de estas tierras en disputa viven los González y su vecina con tres hijos.
La abogada del movimiento Victoria Gauna lo resumió: “Cuando se inicia esta causa que hoy alcanza los 10 cuerpos, Jabase presentó un croquis que se utilizó como base para tomar la decisión”. Ni la impulsora de la denuncia, ni los que relevaron el predio mencionaron a las familias que viven allí desde hace cuatro generaciones. Cuando Cattaneo respondió a estas actuaciones tampoco los nombró. “Ni las partes, ni el acta de constatación que se hizo en 1994, dice que hay ocupantes”, explicó Gauna.
La sentencia se dictó en 2009 y aunque está apelada la jueza igual dio la orden de desalojo. Sobre este punto se basaran las presentaciones judiciales que intentarán revertir la medida, adelantó Gauna.
0 Comments on "Violento desalojo de familias de jornaleros en Piquillín, Córdoba"