Cristina Gioglio estuvo sólo dos días en el Pozo de Quilmes, el centro clandestino al que los militares conocían como Chupadero Malvinas. Todavía recuerda la ferocidad de las torturas y también la solidaridad entre compañeros apiñados y tabicados en un pasillo. Estaban sentados uno al lado del otro y ella era la primera en la fila aquella vez en que alguien abrió la puerta y les tiró una manzana. Cristina le dio un mordisco y la pasó. Fue su único alimento en esos dos días, antes de que la llevaran al Pozo de Arana.
El centro clandestino de detención, tortura y exterminio conocido como Pozo de Quilmes funcionó entre agosto de 1975 y enero de 1979 en la Brigada de Investigaciones de la Policía de la provincia de Buenos Aires, en la esquina de Allison Bell y Garibaldi. Hoy es sede de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI). Un grupo de organizaciones sociales e instituciones de Quilmes y otros distritos bonaerenses, junto con ex detenidos del Pozo y familiares de desaparecidos conformaron el “Colectivo Quilmes Memoria, Verdad y Justicia” con el objetivo de transformarlo en Sitio de la Memoria. La presentación pública del proyecto de ley que apunta en esa dirección -convertir el Pozo de Quilmes en un espacio para la memoria, defensa y promoción de los derechos humanos- se realizó el martes 5 de julio en la Universidad Nacional de Quilmes y fue declarado de interés por el Consejo Superior.
El proyecto nació como fruto de un proceso participativo de quienes conforman el Colectivo. Fue presentado en la Legislatura bonaerense por la diputada provincial Evangelina Ramírez (FpV-PJ), quien destacó la importancia de mantener una activa participación que de impulso para la aprobación. Sandra Raggio, directora general de la Comisión Provincial por la Memoria, una de las organizaciones que participó del encuentro en la UNQ, dijo que “los sitios son espacios que se disputan, se conquistan.” La iniciativa declara “bien de interés histórico cultural” de la provincia al edificio en donde funcionó el Pozo de Quilmes y establece que se transfiera “a título gratuito” a la Comisión Provincial por la Memoria para “su administración, explotación, uso y goce”.
Vale recordar que el intendente electo de Cambiemos, Martiniano Molina, confundió el Pozo de Quilmes con un problema de “bacheo” en la conferencia de prensa que brindó el último 24 de marzo, cuando se le preguntó sobre la posibilidad de transformar ese CCD en un “Museo de la Memoria”.
“Después supe que era la Brigada de Quilmes”
A Cristina Gioglio la secuestraron el 6 de diciembre de 1977. Militaba en el P.C.M.L. (Partido Comunista Marxista Leninista). Su secuestro estuvo enmarcado en el “Operativo escoba”. “Dieron el golpe simultáneamente en todo el país, en todos lados, por eso nos exterminaron. El secretario político del partido, Alfredo González, que lo habían secuestrado, negocia entregar todo el partido a cambio de su libertad. Y se la dieron. Se va a Europa con Cid de la Paz. Vive en Jerez de la Frontera. ¿Cómo se puede vivir teniendo tantos muertos sobre las espaldas?”, se pregunta.
Cristina volvía a su casa después de trabajar. En la esquina había dos personas paradas conversando. “Después de pasar al lado de ellos, por detrás me agarran y me dicen ‘Perdiste’ y me llevan a mi casa. Cuando entramos, en el piso estaba acostado, maniatado, con los pies atados y amordazado Alberto Derman que en ese momento era mi pareja. Mi hijo de 15 meses, Marcos Derman no estaba. Yo empecé a preguntar dónde estaba, pero nadie me quiso decir, se suponía que tenía que estar en mi casa. Después de un interrogatorio breve, me atan, me cargan al hombro y me suben a un auto, me tiran en el piso junto con mi compañero y nos trasladan a lo que yo después supe que era la Brigada de Quilmes. Ingresamos por un portón. Allí, en la Brigada había mucha cantidad de gente, se escuchaban las voces, y se torturaba permanentemente”.
Narrar las memorias, documentarlas, traer testimonios de sobrevivientes y testigos, abre paso a una construcción colectiva capaz de romper el silencio que hoy atraviesa ese edificio. La Ley 26.691 declara Sitios de Memoria del Terrorismo de Estado a aquellos lugares que funcionaron como centros clandestinos de detención, tortura y exterminio para reconvertirlos en espacios de memoria llevan adelante actividades de promoción de derechos.
Existe una diferencia entre los sitios de memoria y las señalizaciones, y es que las dependencias donde se instalan estas últimas siguen perteneciendo -en su mayoría- a las fuerzas armadas o de seguridad. No modifican su funcionamiento. En cambio, los sitios de memoria son lugares que funcionaron como centros clandestinos de represión ilegal, e implican la desafectación de su uso policial o militar y su transformación en espacios de investigación, educación y promoción de derechos.
Pozo de Quilmes: un eslabón en el Circuito Camps
Desde agosto de 1975 -siete meses antes del golpe de Estado-, se alojó en el Pozo de Quilmes a detenidos que luego serían puestos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional y trasladados a unidades penales. Lucas Gumersindo Belich fue jefe de la Brigada entre junio de 1976 y enero de 1977, y dos meses después de su ingreso a la dependencia recibió la orden del entonces Director de Investigaciones de la Policía de la provincia de Buenos Aires, Miguel Osvaldo Etchecolatz, de trasladar a todos los detenidos comunes a otras dependencias y transformar la Brigada en un lugar de alojamiento de prisioneros ilegales.
A partir de mediados de agosto de 1976, comenzaron a ser llevados allí los primeros detenidos-desaparecidos de la dictadura. Desde esa fecha, el Pozo de Quilmes funcionó durante dos años como Centro Clandestino de Detención y Tortura. El plan sistemático de desaparición de personas estaba en marcha y se extendió de forma masiva por el país. En la provincia de Buenos Aires, existió un circuito represivo que funcionaba como un engranaje de la máquina de terror: el Circuito Camps. Integrado por veintinueve centros clandestinos de detención distribuidos en nueve partidos del conurbano bonaerense, configuró la trama más importante de centros ilegales de reclusión, tortura y exterminio de la provincia de Buenos Aires. Funcionó bajo el mando de Ramón Camps, quien en ese momento era Jefe de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Con la palabra “circuito” se alude al hecho de que los distintos CCD que lo conformaban estaban vinculados entre sí, por lo que algunos prisioneros ilegales eran trasladados varias veces de un CCD a otro del mismo circuito, y el personal interno era rotado por los distintos centros que lo integraban.
El Pozo de Quilmes cumplió una función específica dentro del Circuito Camps. Fue depósito de prisioneros, lugar de obtención de información, y uno de los pasos previos a la decisión sobre el destino de cada detenido-desaparecido: el traslado final (asesinato) o la “legalización”, para lo cual pasaba por una comisaría y luego era destinado a algún penal. Todos estos delitos fueron realizados en la clandestinidad. El Pozo de Quilmes también fue una pieza del Plan Cóndor, coordinación entre las dictaduras de varios países del Cono Sur —Argentina, Chile, Bolivia, Brasil, Paraguay, Uruguay— para implementar la represión ilegal a través de sus fuerzas armadas y de seguridad, sin límites de fronteras ni jurisdicciones nacionales.
Que el ex Pozo de Quilmes sea Sitio de la Memoria significa transmitirle a la comunidad y a las generaciones futuras la memoria histórica de un lugar donde en el pasado reciente se cometieron violaciones a los derechos humanos. Como dijo Sandra Raggio en el cierre: “Los represores lo usaron para el exterminio, nosotros lo usaremos para hablar de futuro, para pensar ese diálogo entre el pasado y el presente, para hablar de eso en lo que nos queremos convertir”. Contar esa memoria es contribuir a que el olvido no gane la batalla
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