El 29 de marzo de 2013, Vanesa Zabala agonizaba en los pastizales de la rotonda sur de la ciudad de Reconquista. Alguien la encontró y recibió atención médica. En el hospital pudieron constatar que había sido salvajemente golpeada en la cabeza y en el rostro y también en las piernas. Y luego violada y empalada con un caño.

Vanesa no sobrevivió. Murió en el hospital.

Días después, familiares, amigos y algunas organizaciones hicieron una marcha para pedir por el esclarecimiento del asesinato. Mujeres, hombres, niñas y niños caminaron durante horas, en silencio, desde la salida del Barrio Guadalupe, hasta la rotonda, para luego gritar y pedir justicia.

Unos 15 días después La policía, instruida por el juez Virgilio Palud, dio a conocer que cuatro adultos y dos menores de edad fueron los responsables del crimen.

José Daniel Villasboas, Ana Virginia Abasto, Jose Luis Petroni, y Gustavo Daniel Vallejos fueron detenidos  bajo el cargo de “homicidio agravado por ensañamiento y alevosía y por la participación de menores de edad”. Todos fueron procesados como coautores y puestos en prisión preventiva hasta el inicio del juicio. Los menores, que hoy son mayores de edad, quedaron a disposición de la Subsecretaría de niñez y de sus familias.

Durante la investigación de los fiscales de Reconquista, principalmente del Fiscal de Cámaras de Vera, José Antonio Mántaras, se obtuvieron pruebas que involucraron a los acusados: piel, sangre y huellas dactilares encontrados en el cuerpo de Vanesa. Además se encontró el objeto con el que le dieron los golpes y luego la empalaron: un caño recortado de un ventilador.

Tres años más tarde, Nicolás Muse Chemes, uno de los jueces del tribunal, fue removido. Nunca se no se cubrió la vacante ni se retomó el proceso judicial. En marzo de 2016, con el vencimiento de los plazos procesales, se dispuso la liberación de los cuatro imputados por el crimen de la mujer trans.

El pasado 2 de febrero, a casi cuatro años del crimen de Vanesa, Sandra Zabala, en representación de la familia, fue convocada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Ricardo Silberstein, donde tuvo la oportunidad de denunciar las demoras del proceso judicial, y las irregularidades en torno al patrocinio del Centro de Atención Judicial (CAJ) que ejerce la representación de la familia. La principal preocupación planteada es que a partir de abril comenzaría a regir el nuevo sistema penal, por lo que causas que se encuadran en el sistema penal antiguo, podrían quedar archivadas. También se denunció que el tribunal compuesto por los conjueces Aníbal Marchetti, Julio D. Thomas y Gustavo Ocaño continúan demorando la fecha del juicio.

El ministro garantizó que la causa no se cerrará, que buscarían la remoción del actual tribunal de Conjueces y que contemplarían organizarlo con especialistas sensibilizados en perspectiva de género. Todas esas diligencias no fueron aceleradas y en el medio los asesinos fueron liberados. De hecho Vallejos, Villasboas, Abasto y Petroni, violan sistemáticamente la prisión domiciliaria impuesta, viviendo en las cercanías de la familia de Vanesa. Esto da cuenta de la impunidad de un sistema judicial que los ampara.

En las últimas horas se supo que el tribunal de Conjueces planteó la “ilegitimidad de la querella”, o sea dejarían de lado a la familia Zabala, que ya firmó con antelación un poder, para continuar siendo querellantes. Todas maniobras que dejan ver las lógicas con las que siguen encubriendo.

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