Por Sebastián Ortega y Jhonny Valle Ayuque
La lideresa de la etnia shipibo-konibo Olivia Arévalo Lomas, defensora de la Amazonía peruana, guardiana de la medicina tradicional y de los cantos sagrados (Íkaros) tenía 81 años. El jueves pasado fue asesinada de dos balazos calibre .380 en el pecho. El principal sospechoso, el canadiense Sebastián Paul Woodroffe murió a las pocas horas: un grupo de personas de la comunidad lo arrastró por la calle y lo mató a golpes.
Olivia era una reconocida chamana de Victoria Gracia, un asentamiento intercultural del distrito de Yarinacocha. “Su muerte es una agresión a todo el pueblo shipibo. Ella era la memoria viva de la comunidad”, explicó Juan Carlos Ruíz Molleda, coordinador del Área de Litigio Constitucional y Pueblos Indígenas de la ONG Instituto de Defensa Legal.
Hasta la casa de la guardiana de la Amazonía llegaban no sólo integrantes de la comunidad shipibo-konibo, un pueblo de más de 35 mil personas que habitan la selva amazónica del Perú. También atendía a decenas de turistas que navegaban más de 15 horas a través del río Ucayali para curarse enfermedades y tratar adicciones.
“Era una abuela que trabajaba con plantas medicinales”, contó a Cosecha Roja Wilder Muñoz Díaz, médico tradicional shipibo de una comunidad cercana, que compartió ceremonias curativas con Olivia. “Fue muy doloroso para todos enterarnos de su muerte”, agregó.
A pesar de que las principales hipótesis descartan que se trate de un crimen político las comunidades indígenas se mantienen en estado de alerta. El asesinato de la guardiana de de la Amazonía se da en un contexto de conflicto territorial entre las comunidades shipibo y las empresas que pretenden apoderarse de las tierras para la siembra y explotación de la palma aceitera.
La explotación de la amazonía peruana “afecta la subsistencia” de todas las comunidades de la región, explicó Ruíz Molleda. Contaminan los ríos donde las personas se bañan, pescan y destruyen las tierras que habitan los animales que cazan. En los últimos años alrededor de seis mil hectáreas de selva en tierras originarias fueron deforestadas por empresas que operan de manera ilegal.
“Las comunidades no quieren vender sus tierras y ahí es donde aparecen los sicarios”, contó Ruíz Molleda. En 2013 Mauro Pío Peña, líder histórico del pueblo indígena ashaninka, fue asesinado por dos sicarios. Al año siguiente fueron asesinados Edwin Chota Valera, Leoncio Quintisima Meléndez, Francisco Pinedo Ramírez y Jorge Ríos Pérez, líderes de la comunidad asháninka de Saweto. Las sospechas apuntaron empresarios madereros que explotan ilegalmente la selva amazónica y narcotraficantes que los tenían amenazados. En 2015 fueron amenazados otros líderes y miembros de la comunidad shipibo-konibo de Santa Clara de Uchunya.
El día que asesinaron a Olivia, otra mujer de la comunidad shipibo-konibo, Magdalena Flores Agustín, recibió en su casa un sobre anónimo. Adentro había dos balas y una carta dirigida a ella y su esposo: “Tienen 48 horas para que se larguen. Una bala para cada uno de ustedes”.
Los investigadores del crimen de la defensora de la Amazonía peruana siguen dos hipótesis. Según la primera versión el jueves 19 de abril el canadiense Woodroffe llegó hasta la casa de Olivia en moto. Cuando la mujer salía a hacer las compras le disparó dos veces en el pecho.
Dos días después la Policía Nacional encontró el cuerpo del canadiense enterrado en un terreno. Llegaron hasta el lugar después de que se difundiera en las redes sociales un video en el que se ve a varios hombres linchando a Woodroffe.
Los investigadores sospechan que los vecinos de la lideresa lo atraparon cuando intentaba escapar y lo arrastraron con una soga en el cuello mientras le pegaban. Ayer la Corte Superior de Justicia de Ucayali ordenó la captura de dos hombres que aparecerían en el video.
“Lo que ha ocurrido con el presunto autor del asesinato de Olivia Arévalo no es justicia indígena y nada tiene que ver con ella”, explicó Ruiz Molleda. La Constitución peruana establece que las autoridades de las comunidades campesinas y nativas pueden impartir justicia dentro de su territorio de acuerdo a sus costumbres. “Pero siempre con pleno respeto de los derechos humanos”, explicó el abogado de la ONG Instituto de Defensa Legal.
El Consejo Shipibo Konibo Xetebo (Coshicox), organización máxima del pueblo indígena Shipibo – Konibo – Xetebo, condenó el crimen y reclamó que la Justicia tenga “rostro indígena”. La Federación de Comunidades Nativas de Ucayali y Afluentes (Feconau) también reclamaron al Estado que “brinde garantías” a otros líderes indígenas que hoy “enfrentan amenazas de muerte, hostigamientos”.
