El juez Pablo Pullen Llermanos salió de la sede de la Tupac Amaru rodeado de 40 policías. Afuera estaban los abogados de la organización y el diputado provincial Juan Manuel Esquivel a los que les prohibieron presenciar el allanamiento. “Fue una intervención de hecho”, explicaron los representantes de la organización, quienes denunciaron que fue un operativo ilegal en el que ni siquiera hubo testigos.
La referente social y diputada del Parlasur Milagro Sala acusó al gobierno provincial de querer “robarle” la organización. “Detrás está Gerardo Morales”, dijo en un audio difundido por Radio Gráfica. Después de los allanamientos, el gobernador radical desginó como interventor de la organización a un hombre de su confianza, al ex concejal José Luis Estrada.
“Estos hechos son una búsqueda de perseguir la actividad política de la Tupac Amaru, principal organización opositora al gobierno provincial, lo que demuestra una vez más la política sistemática de acallar las voces disidentes y evidencia que el pensamiento único es la verdadera ideología del radicalismo jujeño”, informaron desde la organización. Hoy a las 14 convocaron a una conferencia de prensa en la sede de la Ciudad de Buenos Aires, en San José y México.
La persecución contra la Tupac, que llegó a tener 70 mil afiliados, construyó 8 mil viviendas y dio trabajo a 4600 personas en Jujuy lleva dos años y medio: desde que el radical Gerardo Morales asumió como gobernador de la provincia y la justicia ordenó la detención de Milagro Sala por protestar frente a la sede de la gobernación.
A pesar de que Naciones Unidas (ONU), la Organización de Estados Americanos (OEA), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Amnesty International (AI) y otros organismos nacionales e internacionales denunciaron que la detención de Milagro es arbitraria y reclaman su inmediata libertad, la diputada del Parlasur sigue detenida.
En agosto del año pasado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le exigió al Estado nacional, a través de una medida cautelar, que adopte medidas alternativas a la prisión, sobre todo teniendo en cuenta la “excepcionalidad de la detención preventiva”. Durante algunos meses la Justicia le permitió a Milagro continuar su detención en una vivienda de El Carmen, en las afueras de San Salvador de Jujuy, bajo un régimen estricto de vigilancia. Al poco tiempo volvió a ser traslada al penal de Alto Comedero.
La Comisión Interamericana consideró incumplida la cautelar por parte del Estado nacional y dio la intervención de la Corte Interamericana, quien falló a favor de Milagro. El Estado tampoco cumplió el fallo de la Corte IDH y la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó que la dirigente social continúa sea beneficia con el arresto domiciliario.
