Foto: Gentileza La Opinión de Rafaela
El Concejo Municipal de Rafaela, Santa Fe, aprobó en extraordinarias crear una oficina para que los embarazos no deseados lleguen a término, incluso en caso de violación y riesgo de salud.
Por Arlén Buchara en El ciudadano
El Concejo Municipal de Rafaela, en el centro de Santa Fe, aprobó este miércoles en sesiones extraordinarias una ordenanza para crear una oficina de atención a la embarazada en situación de vulnerabilidad y al niño por nacer. El texto va en contra de la legislación argentina que permite el aborto por causales de violación y riesgo de salud y no reconoce la figura “niño por nacer” como sujeto de derecho. Fue presentado el grupo “Rafaelinos por la vida” y busca limitar el acceso a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), contemplada en el protocolo del Ministerio de Salud a nivel nacional y que la provincia garantiza desde 2013 en todos los centros de salud. La normativa rafaelina fue aprobada con cinco votos en contra, cuatro a favor y sumó el voto doble del presidente del cuerpo legislativo, de la alianza Cambiemos, para conseguir la victoria. El debate fue seguido en la puerta del Concejo por la movilización de mujeres, lesbianas, travestis y trans de organizaciones feministas que denunciaron la ordenanza como un retroceso en los derechos de las personas gestantes. Tras la aprobación, presentarán una medida cautelar en la Justicia para que sea declarada inconstitucional. Otra opción es que sea vetada por el intendente Luis Castellano, que se pronunció abiertamente en contra del aborto legal. El Ministerio de Salud de Santa Fe emitió un comunicado en contra y reafirmó el compromiso en la garantía de los derechos sexuales y reproductivos y en la práctica de los abortos no punibles.
La ordenanza fue presentada a principios de año por la organización Rafaelinos por la Vida como una iniciativa popular acompañada de 2 mil firmas. Según contaron desde la Asamblea Feminista Rafaela, la organización juntó las adhesiones en las marchas que se hicieron en contra del debate parlamentario del proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). Del total, 300 no fueron admitidas por el Concejo. Durante el año ningún concejal propuso tratarla y llegó a las sesiones extraordinarias con el cuerpo legislativo dividido. Leonardo Viotti, Alejandra Sagardoy, Jorge Muriel, Evangelina Garrappa y Marta Pascual votaron en contra. Lisandro Mársico, Silvio Bonafede, Carina Visintini y Hugo Menossi votaron a favor. El presidente del Concejo, Raúl Bonino, apoyó la norma con el derecho al voto doble por tratarse de una sesión extraordinaria.
La norma pide la creación de una oficina en el municipio para atender a embarazadas en situación de vulnerabilidad y del “niño por nacer”, una figura legal inexistente en la legislación argentina. En los argumentos las causales de aborto no punible desde 1921 aparecen como impedimentos para continuar un embarazo. La violación, el riesgo de salud, la discapacidad, el abuso sexual infantil y adolescente definen la situación de vulnerabilidad de la embarazada. La respuesta que darán en la oficina es la obligación a gestar para hacerse cargo de la maternidad o dar en adopción.
“Es inconstitucional porque plantea la vulnerabilidad como las causales de aborto no punible. Y buscan impedir que las mujeres accedan a una interrupción legal del embarazo (ILE), que ya está vigente en Argentina. Va en contra del marco normativo nacional, de la constitución y de todos los tratados internacionales”, explicó Bárbara Strauss de la Asamblea Feminista de Rafaela.
“Nos quieren hacer creer que somos una ciudad conservadora cuando hay un emergente social que no está siendo escuchado. En la puerta del Concejo fuimos cientos de mujeres, lesbianas, travestis y trans pidiendo que esta ordenanza no se apruebe”, dijo Strauss.
Contra la provincia
Desde la asamblea dijeron que la ordenanza también va en contra de la política provincial de salud pública. La ILE en Santa Fe es garantizada a través de un protocolo elaborado por el Ministerio de Salud nacional. Sólo diez provincias lo aplican. El modelo de salud santafesino sigue la experiencia exitosa de Rosario, que desde 2012 logró mortalidad cero de mujeres por abortos clandestinos. La clave estuvo en profesionales de la salud capacitados en acompañar decisiones y en la provisión de misoprostol, la droga que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS) para hacer un aborto seguro y ambulatorio hasta la semana 12. Las causales de no punibilidad en Santa Fe son pensadas con un criterio amplio, tal como dice la Organización Mundial de la Salud (OMS), que entiende la salud como física, psíquica, emocional y social. La aplicación del protocolo es desigual según la localidad de la provincia. La ciudad de Santa Fe es un ejemplo claro. En los dos hospitales más importantes, Iturraspe y José María Cullen, todos los profesionales de las áreas de ginecología y obstetricia son objetores de conciencia y no garantizan el derecho a los abortos no punibles.
Según Strauss, en Rafaela también hay impedimentos y este año se intensificaron. “Vivimos en una ciudad en el que el poder político siempre estuvo tutelado por el poder religioso, tanto católico como evangélico. En los hospitales hay personas que filtran la información a las organizaciones antiderechos para impedir el acceso a la ILE. Cuando una mujer va a hacer una consulta la persiguen. Hace poco fueron a la casa de una chica diez personas para impedir que acceda al aborto no punible”, contó.
Antes de la sanción de la ordenanza, el Ministerio de Salud provincial pidió que no fuera tratada porque ponía en riesgo la salud de las niñas adolescentes, mujeres y personas con capacidad de gestar de su ciudad. También reafirmaron el compromiso con las políticas de salud. “En los hospitales y centros de salud se brinda información y acompañamiento a lo largo de todas las etapas de la vida, respetando la elección autónoma, la equidad, la intimidad y la integridad personal. Desde el Ministerio de Salud provincial se ha puesto especial énfasis en asegurar, mediante partidas presupuestarias especiales, la disponibilidad y el acceso gratuito a métodos anticonceptivos. Las niñas, adolescentes, mujeres y personas con capacidad de gestar que cursan un embarazo no intencional tienen el derecho a acceder a la posibilidad de un aborto legal y seguro, en cumplimiento con la legislación vigente en el territorio nacional”, dijeron.
Además, la ministra Andrea Uboldi agregó: “Un aborto legal y un aborto realizado en la clandestinidad no son lo mismo y no son comparables. Nadie puede decidir libremente bajo la presión de la clandestinidad y de la ilegalidad. El acceso al sistema de salud y el encuentro con equipos que abordan las situaciones con profesionalismo, brinda calma y tranquilidad para que la decisión de continuar o interrumpir ese embarazo sea informada, realista y exenta de cualquier tipo de coacción. No existe evidencia científica de calidad que demuestre daño en la salud mental provocado por un aborto legal, sino que este impacto estaría más bien estar ligado al estigma, al castigo social y al contexto de ilegalidad”.
Tradición antiderechos
Este año Rafaela fue una de las ciudades santafesinas que más movilizó en contra del aborto legal. En 2015 en Concejo Municipal la había declarado “Ciudad Pro Vida” y durante el 2018 buscó ampliar a Capital Provincial Pro Vida y Familia. Durante el Festival de Nacional de Teatro la ciudad fue noticia nacional cuando el Obispado local salió a repudiar la obra Dios, de Lisandro Rodríguez. En la puesta habían subido al escenario una imagen gigante del Papa Francisco y otra más pequeña de la virgen María y dos personas desnudas les pusieron pañuelos verdes, invitando al público a recorrer el escenario. Además del comunicado clerical, desde la Asamblea Feminista comunicaron que los grupos antiderechos amenazaron “con cortar las cabezas” de los organizadores.
Durante la votación en el Senado del proyecto de ley de IVE el senador peronista Omar Perotti, ex intendente de Rafaela, fue criticado por abstenerse y presentar un proyecto alternativo que replicaba la legislación ya vigente. El intendente Luis Castellano se mostró en contra del debate parlamentario y dijo: “Estoy a favor de la vida y en contra del aborto”. En sus manos está la facultad de vetar la ordenanza aprobada este miércoles.
