Foto: Pandilla Feminista
Por Jenny Durán*
Una niña de 12 años violada acude al sistema de salud de San Pedro, Jujuy, consigue respuestas a medias y es trasladada al Hospital Materno Infantil en la capital provincial para ser atendida de manera efectiva.
La misma niña ingresa con un embarazo avanzado, llegando al tercer trimestre. Un embarazo producto de los abusos y las amenazas, de las consecuencias sistémicas que corresponden a la falta de Educación Sexual Integral y de la brecha extrema en el acceso al sistema de salud.
Esta historia se repite en nuestro país cada año. En Argentina nacen anualmente casi 100 mil hijos de adolescentes; 2419 son de niñas menores de 15 años. Más de dos mil casos que claramente son abusos, no son atendidos con el debido proceso por parte del Estado. Se especula con el tiempo gestacional a pesar de lo ya indicado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), que en 2012 formuló que “los abortos deben realizarse de forma rápida, accesible y segura”.
El ministro de Salud de Jujuy, Gustavo Bouhid, no solo violó el secreto y la confidencialidad de datos médicos y decisiones de la paciente, sino que luego de la realización de la práctica este mismo viernes expresó su propia posición: la de “salvar las dos vidas”. El ministro que debe velar por la prevención, el cumplimiento de la Interrupción Legal de Embarazo (ILE) -garantía comprendida en el Protocolo Nacional de ILE y en el Protocolo provincial de atención de embarazo en adolescentes menores de 15 años-, de manera irresponsable pretende someter a una niña a un destino que le impedirá su pleno desarrollo biopsicosocial. Aun a pesar de que el gobernador Gerardo Morales repitió lo formulado por la CSJN sobre la ILE en diversos medios de comunicación.
El mismo protocolo provincial formula que en “todos los casos se debe respetar, en primer lugar, el derecho de las niñas y adolescentes a participar de forma significativa en la atención y en las decisiones relacionadas con la práctica de los abortos legales”, lo cual no se hubiera cumplido si la niña y la familia no hubiera contado con el apoyo y el acompañamiento del activismo de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Porque es más que evidente que esos más de dos mil nacimientos anuales producto de abusos a menores de 14 años, no reciben el seguimiento según los protocolos y las leyes que nos rigen.
El ordenamiento jurídico de nuestro país es para toda la población, no para algunes en algún momento y para otres no, porque a un funcionario no le gusta. Y por eso reaccionamos, porque no podemos permitir que la política pública sea un golpe de suerte o sólo sea garantizada porque existen profesionales que sí cumplen con la ley.
El Estado argentino ya fue sancionado, en 2011, por no haber garantizado el acceso al aborto legal a una adolescente con discapacidad mental, embarazada en una violación, quien solicitó la práctica en un hospital público bonaerense. Fue un caso que tomó fuerte estado público y por cuál se realizaron grandes manifestaciones e innumerables acciones que son parte de lo aprendido y acumulado por parte del movimiento de mujeres, lesbianas, travestis y trans y por la sociedad toda.
¿Hasta cuándo vamos permitir que la política pública sea incertidumbre para miles de niñas, niños y adolescentes a quiénes se le conculcan sus derechos?
Si hablamos de un Estado presente y responsable no podemos seguir repitiendo estas situaciones en las que se somete a las niñas a sufrimiento físico y moral como pretende el ministro de Salud de la provincia de Jujuy. Las y los funcionarios que violan la ley no deben continuar en sus puestos. La incoherencia sistemática por parte del Estado es vulnerabilidad impuesta y coercitiva que daña nuestra vida social y nos expone a incertidumbres y al agravamiento de las brechas sociales que refuerzan las violencias, la injusticia, la discriminación y la desigualdad.
La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito está movilizada y atenta ante cada historia en todo el territorio del país, para acompañar y denunciar pero también para exigir la existencia de políticas públicas inclusivas, universales, laicas y distributivas que nos brinden certidumbre, una vida digna y el pleno ejercicio de derechos para todas y todos.
*Comunicadora. Integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito
