Una semana después de que le practicaran una cesárea a Lucía, la nena tucumana de 11 años que había quedado embarazada tras una violación, diferentes organizaciones y referentes políticas denunciaron los funcionarios públicos y a los médicos del Hospital Eva Perón que impidieron que la nena accediera a un aborto legal.
Esta mañana las referentas del Frente Patria Grande Elizabeth Gómez Alcorta, Gabriela Carpinetti, Cecilia Merchán, Ofelia Fernández y Victoria Freire presentaron una denuncia penal en los tribunales federales porteños contra el gobernador Juan Luis Manzur; la ministra de Salud provincial, Roxana Chahla; el secretario de Salud, Gustavo Vigliocco; la directora del Hospital Del Este Eva Perón, Elizabeth Ávila; la fiscal Adriana Giannoni y el titular del Ministerio Público de la Defensa de Tucumán, Navarro Dávila, por el delito de abuso de autoridad.
La semana pasada la diputada nacional Teresita Villavicencio había denunciado a la fiscal Giannoni por intervenir de manera irregular en la causa y ordenar a los médicos que protegieran “la vida desde la concepción”, aun cuando las leyes y protocolos nacionales garantizan el derecho de la víctima a poner fin a un embarazo en casos de violación sin necesidad de que intervengan funcionarios judiciales. En una conferencia de prensa conjunta la Campaña Nacional por el Aborto Seguro, Legal y Gratuito Tucumán y las organizaciones Andhes y Cladem anticiparon que en los próximos días presentarán una denuncia penal en los tribunales provinciales para que se investiguen las responsabilidades de médicos y funcionarios.
En febrero, unos días después de que en un centro de atención primaria constataron que la nena había sido violada por la pareja de su abuela y que estaba embarazada, la nena y su mamá pidieron la interrupción legal del embarazo, contemplado por el Código Penal, la Doctrina del Fallo FAL de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el Protocolo de Atención de casos de Personas con Derecho a la ILE del Ministerio de Salud de la Nación.
Los funcionarios del Sistema Provincial de Salud, a cargo de Vigliocco, dieron intervención al Poder Judicial, a pesar de que el fallo FAL sostiene que alcanza con la decisión de la menor o del representante legal para que el embarazo se interrumpa. La jueza Valeria Brand dijo que era innecesaria la autorización judicial y ordenó que se cumpliera la voluntad de la víctima. La ministra de Salud volvió a ir contra los derechos de la nena y ordenó a los médicos del hospital que lleven adelante “los procedimientos necesarios para salvar las dos vidas”.
“La interrupción del embarazo se dilató al punto de llegar a las 23 semanas de gestación, a pesar de que la nena hacía más de un mes que había expresado su voluntad en Cámara Gesell”, explicaron las abogadas Gómez Alcorta y Carpinetti en la denuncia.
El embarazo finalmente se interrumpió. Pero no se cumplió con el protocolo de ILE. La madrugada del martes 26 de febrero los tocoginecólogos Cecilia Ousset y Jorge Gigena, trabajadores de la salud privada, le practicaron una cesárea a Lucía. En ese momento cualquier otra práctica ponía en riesgo la vida de la nena. Ousset y Gigena llevaron adelante la intervención sin ningún tipo de ayuda: todos los médicos y personal del Hospital “Eva Perón” se habían declarado objetores de conciencia.
“Diferentes funcionarios públicos han incumplido diversas normas a través del dictado de resoluciones o por medio de ciertas acciones u omisiones, por lo que entendemos que corresponde realizar una pesquisa a fin de corroborar los extremos presentados y las eventuales responsabilidades”, escribieron Carpinetti y Gómez Alcorta en la denuncia.
En enero, la familia de una nena de 12 abusada pidió la Interrupción Legal del Embarazo en el Hospital Guillermo Paterson, de San Pedro, Jujuy. Los médicos objetores de conciencia se la negaron. La nena fue trasladada al Hospital Materno Infantil, en San Salvador: de acuerdo al protocolo los embarazos en menores de 15 años deben recibir atención en ese hospital. El traslado demoró cinco días. Después de una semana en el hospital le negaron la ILE y le practicaron una cesárea contra su voluntad. El bebé murió al nacer.
