Por Sebastián Ortega / @ElFantasista_
A.T despertó una madrugada gritando de dolor. En el centro médico de la Unidad 31 de Ezeiza, donde la mujer estaba detenida desde hacía seis meses, le inyectaron un analgésico y la mandaron de vuelta a la celda. La llevaron en silla de ruedas; ya no podía caminar. El dolor se intensificó y la mujer volvió a pedir ayuda a las guardias, pero no le prestaron atención. Unos minutos después, con ayuda de las compañeras, parió en su celda.
Situaciones como la de A.T se repiten: gritos, maltratos, mujeres a las que no les permiten estar acompañadas por sus parejas o familiares, otras a las que las obligan a parir encadenadas, detenidas a las que separan de sus bebés recién nacidos y les prohíben darles la teta.
“La violencia obstétrica es una modalidad particular de discriminación y de violencia de género que afecta de manera transversal al conjunto de las mujeres en el embarazo, el parto y el posparto. Las mujeres privadas de libertad, sin embargo, pueden sufrirla de una forma exacerbada, porque el encierro carcelario implica restricciones sustantivas para el goce de los derechos reconocidos y una mayor exposición a la violencia institucional”, explica el informe “Parí como una condenada. Experiencias de violencia obstétrica de mujeres privadas de la libertad”, elaborado por la Defensoría General de la Nación, la Procuración Penitenciaria de la Nación, la Defensoría del Pueblo de la Nación y la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires.
“Un hecho puntual es la cantidad de intermediarios que tienen las mujeres para acceder a la atención obstétrica y ginecológica”, explicó a Cosecha Roja Verónica Manquel, coordinadora del Equipo de género y diversidad sexual de la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN). Primero, las mujeres deben hablar con la celadora y explicarles la situación. La celadora debe pedir audiencia en el centro médico del penal para que las revisen. Recién ahí pueden gestionar un traslado para que las atiendan en un hospital extramuros. “Para cualquier consulta o inconveniente tienen que atravesar esta dificultad”, explicó Manquel.
El 94 por ciento de las mujeres encuestadas contó que inició el trabajo de preparto en la unidad penitenciaria. El 76 por ciento ni siquiera tuvo acceso al centro médico del penal, lo hizo directamente en su celda o pabellón. En el hospital, la mayoría de las mujeres atraviesan el parto solas. Aunque es un derecho que puedan estar acompañadas por una persona de confianza, no está debidamente reglamentado. “Queda a discrecionalidad de la unidad penitenciaria”, explicó Manquel.
“En la sala de parto estaba el médico, dos enfermeras, la encargada de requisa. Ellos no te pueden dejar sola porque dicen que te podés escapar. Yo no sé cómo te vas a escapar en pleno trabajo de parto”, dijo una detenida.
En el trato deshumanizado, discriminatorio y humillante interviene tanto el personal penitenciario como el médico. En algunos casos las mujeres tienen que esperar durante horas que llegue el móvil de traslado. En el hospital suelen estar esposadas o encadenadas en los tobillos. Una de las mujeres contó que la médica no lo quiso dar agua durante todo el parto porque era una presa. A otra la indagaban sobre la causa por la que la habían detenido. “Me dijeron que era una molestia tenerme ahí”, dijo otra.
“La forma más extrema de violencia detectada, tanto obstétrica como institucional, puede encontrarse en la dimensión de vigilancia y seguridad. Es alarmante que en la actualidad se continúen aplicando medidas de sujeción sobre mujeres embarazadas, y más grave aún resulta su utilización durante los procesos de preparto y parto”, explica el informe.
La violencia obstétrica también incluye otras formas de maltrato. El 85 por ciento de las mujeres fue víctima de violencia verbal durante el parto. “Me decían: ‘tenés que pensar antes de tener un hijo, ¿Ahora te quejás?’”, contó una. “Las médicas me dijeron que me calle y que lo escupa. Me dijeron ´si no es tu primer hijo, ya sabés lo que hay que hacer´”, dijo otra.
Recomendaciones
El informe establece, en primer lugar, que deben aplicarse medidas alternativas a la prisión a mujeres embarazadas: o arresto domiciliario o que continúen en libertad mientras se instruyen las causas judiciales. “Ningún penal puede estar preparado para asistir a una mujer embarazada” explicó Manquel.
Según el informe, el personal judicial debe ser capacitado “sobre la temática del parto respetado” y se debe garantizar el acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia obstétrica. El poder ejecutivo debe implementar políticas públicas que garanticen el acceso a los derechos reproductivos de las mujeres detenidas y el Ministerio de Salud debería impartir, dentro de los servicios penitenciarios, cursos de preparto a todas las mujeres. Los servicios penitenciarios deben disponer de guardias obstétricas y pediátricas activas, y erradicar el uso de medidas de sujeción e inmovilización en mujeres próximas a dar a luz o que hayan dado a luz recientemente.
