“Para nosotros la inseguridad no es esa que venden los medios, es el miedo de ver un patrullero y saber que nos puede levantar”, dijo Fidel Ruiz, integrante de La Poderosa en la villa Zavaleta. Tras el asesinato en el barrio de Kevin Banega, de 9 años, la organización social puso en marcha en el barrio el proyecto de Control Popular de las Fuerzas de Seguridad. “En ese momento no sabíamos nada. Nos empezamos a formar y a organizar para controlar a las fuerzas de seguridad”.
Los chicos y las chicas de La Poderosa comenzaron a recorrer el barrio, visitar la garita policial, identificar a los agentes, registrar los casos de violencia institucional y articular con instituciones del Estado y organizaciones de la sociedad civil, explicó Fidel durante un panel sobre activismo contra la violencia institucional durante las Segundas Jornadas de Estudios Sociales sobre Delito, Violencia y Policía.
En el panel, que coordinó el sociólogo, docente e investigador Santiago Galar, también participaron Marcela Perelman, directora de Investigación del CELS y Damián Brumer y Fallou Hahhe, de la Asamblea por los Derechos de lxs Trabajadores Migrantes de La Plata.
Durante dos años La Poderosa también impulsó la causa judicial contra un grupo de prefectos que torturó a Iván Navarro y Ezequiel Villanueva Moya, militantes de La Poderosa. Los agentes los desnudaron, les pegaron, simularon un fusilamiento y amenazaron con matarlos y tirarlos al Riachuelo. “Esas son cosas que pensábamos que no íbamos a ver escuchar. Por eso es cada vez más necesario un control sobre las fuerzas de seguridad. En septiembre de 2018 seis agentes de Prefectura fueron condenados a más de ocho años de cárcel por las torturas a Iván y Ezequiel.
El senegalés Fallou Hahhe explicó la persecución que sufren los trabajadores migrantes en La Plata. Quien encabeza los operativos contra los vendedores ambulantes son los agentes de Espacio Urbano de la Municipalidad. Junto con ellos aparece la Bonaerense. Los policías los tiran al piso, les pegan, los arrastran, los detienen y les sacan la mercadería. “Todos tienen miedo”, dijo Fallou.
Damián Brumer también integra la Asamblea por los Derechos de lxs Trabajadores Migrantes de La Plata, un colectivo que reúne a trabajadores y activistas. Fundamentalmente llevan adelante tres acciones: visibilizan las denuncias por maltratos y hostigamiento; desarrollan actividades de formación, que permite a los migrantes conocer sus derechos; y brindan talleres. El año pasado armaron una guía de intervención y actuación en casos de detenciones arbitrarias de trabajadores migrantes. Aunque la mayoría de los senegaleses habla español, la guía también está en su idioma nativo, el wolof. Incluye información y teléfonos de ayuda.
Según explicó Marcela Perelman, en Argentina se vive un momento de agudización de abusos y violencias institucionales y policiales que son arrastradas desde hace muchos años. Con algunas constantes y otros problemas nuevos, como la persecución a migrantes y un nuevo modelo de control a las manifestaciones públicas. La persecución de la protesta social, explicó, no apunta a un control sobre el espacio público, sino que es una “forma de perseguir organizaciones sociales y políticas” de forma permanente.
La represión y criminalización de los manifestantes no es un trabajo estrictamente policial. Cuenta con el hostigamiento del Poder Judicial que “arrastra a las organizaciones a la arena del sistema penal”.
