Foto: Enfoque Rojo
En los primeros cuatro meses del año la Policía de la Ciudad lanzó gas pimienta y le secuestró la verdura a feriantes de la Unión de Trabajadores de la Tierra en Constitución, repartió palazos a trabajadores de Madygraf y fotógrafos en Corrientes y Callao y reprimió a artesanos, vecinos y turistas de San Telmo y a manifestantes que se movilizaron contra el golpe de Estado en Venezuela. Detrás de las cámaras la policía porteña también persigue, hostiga y arma causas. Las principales víctimas son trabajadores y trabajadoras de la economía informal: vendedores ambulantes, trabajadoras sexuales, personas en situación de calle y mujeres trans.
El accionar policial responde a un interés por mantener el control del espacio público. “Es una política planteada desde el prejuicio”, dijo a Cosecha Roja el abogado Alejandro Joma, representante de la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina.
El Ministerio Público de la Defensa de Buenos Aires registró entre marzo y diciembre del año pasado 623 casos de violencia institucional. Casi un 25 por ciento tuvo como víctimas a vendedores ambulantes y un 16 por ciento a personas que ejercían el trabajo sexual.
La principal herramienta para perseguir a las trabajadoras sexuales es el artículo 81 del Código Contravencional de la Ciudad, que pena la oferta y demanda de servicios sexuales “en forma ostensible” en espacios no autorizados. En la práctica, cualquier mujer que esté parada en la calle de madrugada en un barrio como Constitución o Flores puede ser hostigada, extorsionada o detenida. Como la contravención no habilita la detención, en algunos casos la policía les imputa el delito de resistencia a la autoridad.
“La policía amenaza a las trabajadoras, les piden coima o solicitan servicios sexuales. Estas contravenciones, que supuestamente tienen como fin la paz social, terminan siendo una habilitación para la extorsión policial”, explicó Joma.
La persecución y la violencia desplegada aumenta cuando se trata de travestis y trans o mujeres migrantes. Contra travestis y trans la principal causa de persecución es por causas por drogas. A las mujeres extranjeras las amenazan con expulsarlas del país.
De las 623 personas que fueron víctimas de violencia policial en 2018, a 523 les armaron una causa penal. Las figuras elegidas se repiten: el 80 por ciento fueron por delitos de atentado y resistencia a la autoridad. “El control del espacio público se hace mediante la desviación de poder”, explicó Luis Duacastella, defensor adjunto de la Ciudad. Detrás de esa supuesta resistencia contra la policía en realidad “hay una razón encubierta”: expulsar a esas personas de la vía pública y disciplinar a los demás.
Desde principios de este año el barrio de San Telmo luce militarizado. Cada sábado a la noche uno o dos colectivos de la Infantería, motos y cuatriciclos estacionan sobre calle Independencia. En grupos de a dos, las brigadas de calle recorren el barrio. El objetivo: evitar que a la mañana siguiente los feriantes instalen sus puestos en Defensa entre el 600 y el 900.
Los feriantes dejaron de armar los puestos, pero siguen yendo al lugar donde trabajan desde hace más de una década. Hacen artesanías, arman talleres y debates. El 10 de marzo, un grupo de funcionarios de Espacio Urbano discutió con un grupo de trabajadores. Hubo empujones y se desató la cacería. Más de cien policías apalearon y lanzaron gases a feriantes, vecinos y turistas que paseaban por la zona. El fotógrafo Sergio Goya registró la secuencia en la que el policía Cristian Benítez, al mando de la Brigada, arrastraba de los pelos y le pegaba a una mujer.
Esa tarde, la policía detuvo a 18 personas y les armó causas por atentado a la autoridad, resistencia y lesiones. Varios de ellos eran turistas que paseaban por San Telmo.
El operativo fue ordenado por Celsa Ramírez, la fiscal preferida del gobierno porteño, que actúa en casi todas las causas de uso indebido del espacio público. Los detenidos pasaron una noche en la Alcaidía. Después, las investigaciones judiciales no avanzaron. Esa vez no fue la excepción. Según el informe de la Defensoría cuatro de cada cinco causas son archivadas por los fiscales la primera resolución.
