En sus 35 años de carrera como fiscal y docente universitario Julio César Castro acumuló denuncias por maltrato laboral, acoso y abuso sexual en sumarios internos que nunca avanzaron. Cuando en 2017 lo procesaron por violar a su ex novia, el ex titular de la Unidad Fiscal especializada en Delitos Sexuales pidió licencia psiquiátrica. Durante los tres años que duró el proceso siguió cobrando el sueldo sin ir a trabajar. Ni el dictamen de un Consejo Evaluador ni la condena a seis años y seis meses de cárcel sirvieron para que la Procuración decida apartar al fiscal del cargo. Castro todavía es el titular de la Fiscalía 13 ante los Tribunales Orales de Buenos Aires.
“Van más de cinco años sin que el fiscal tenga una sanción por parte del Ministerio Público Fiscal”, denunciaron desde la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), quienes convocaron a una movilización para exigir la “inmediata exhoneración” de Castro y pedir el avance de los juicios políticos contra los funcionarios denunciados por acoso sexual y maltrato laboral.
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Castro pasó por las fiscalías 13, 15 y 26 y estuvo al frente de la Unidad Fiscal contra Delitos Sexuales (UFISEX), un cargo por el que integró el equipo de fiscales de juicio contra Jorge Mangeri por el femicidio de Ángeles Rawson.
En 2015 se abrió la primera causa en su contra. La jefa de despacho transitoria de la Fiscalía 15 que subrogaba Castro lo denunció por acoso laboral y sexual y abuso de poder y autoridad. La mujer contó que el fiscal la miraba y le hacía comentarios sobre su cuerpo. En varias oportunidades la invitó a subir a su auto y ella lo rechazó. Él empezó a maltratarla en el trabajo y la chica tuvo que pedir un pase a otra oficina.
En la Procuración se abrió un sumario interno. De a poco se fueron sumando otras denuncias. Seis empleadas y ex empleadas de las fiscalías 13, 15 y 16 por las que pasó Castro o trabajadoras de otras fiscalías y juzgados también contaron que él las miraba libidinosamente, les hacía comentarios sexuales y las acariciaba. Una de ellas hizo referencia a una situación de abuso sexual que no quiso detallar.
Varias de las empleadas contaron que al negarse a salir con él, el fiscal las amenazaba y las maltrataba. A una chica le había prohibido tocar los expedientes. Cada vez que le entregaba un informe él lo hacía un bollo y lo tiraba a la basura. Todas terminaron pidiendo traslados o renunciaron.
Otros cuatro empleados lo denunciaron por maltrato laboral. También se incorporaron tuits del fiscal en los que acosaba a una nena menor de edad. En uno de ellos la chica hacía referencia a una “guerra de cosquillas”. “Dale, te voy a buscar”, le escribió él. El fiscal no podía decir que no sabía qué edad tenía la chica: en las fotos que publicaba se la veía con sus compañeras vestida con uniforme escolar. En otros comentarios públicos él le decía: “pero qué linda”, “pienso en ti”. Una vez ella tuiteó: “voy a llevarte al límite irreal”. Él le contestó: “el que más me gusta”.
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En la sesión del 7 de diciembre de 2016 los senadores de la Comisión de Acuerdos trataron el pliego de Castro para el cargo de juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 7.
La senadora María Ester Labado, una ex empleada del fiscal y el abogado Pedro Brichta impugnaron su designación: hicieron referencia a la causa por acoso laboral y sexual, abuso de poder y autoridad y a los tuits en los que acosó a una menor. Por unanimidad los senadores rechazaron su pliego.
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En marzo de 2017, después de dos años de relación, la ex novia de Castro se animó a denunciarlo por violaciones y lesiones reiteradas. El fiscal fue procesado y la Cámara confirmó el procesamiento. El fiscal pidió una licencia psiquiátrica con goce de sueldo.
La nueva denuncia se incorporó al sumario administrativo. La fiscal marplatense Laura Elena Mazzaferri que llevó adelante la investigación detalló un “patrón de acoso por parte del sumariado”: contabilizó siete casos de acoso sexual y cuatro de laboral e hizo referencia a los mensajes “de corte seductor” hacia una chica menor de edad. También destacó la relación de “destrato, la humillación, la descalificación, la cosificación y la degradación” contra su ex pareja.
La fiscal y un Consejo Evaluador pidieron la apertura de un juicio político contra Castro y que se lo separe mientras dure el proceso. El procurador general interino de la Nación, Eduardo Casal, habilitó el enjuiciamiento pero consideró que no era necesario suspenderlo.
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Durante el debate oral, la jueza Fátima Ruiz López, la única mujer del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 8, intentó impedir que se ventilaran las conversaciones privadas que la ex novia de Castro había mantenido con una amiga.
No lo logró: los jueces Alejandro Sañudo y Fernando Larraín habilitaron la difusión de audios y diálogos y permitieron que la defensa atacara a la víctima y la responsabilizara por lo que había sufrido.
El 20 de noviembre el tribunal condenó a Castro a seis años y seis meses de cárcel por abuso sexual con acceso carnal reiterado en dos oportunidades y lesiones leves agravadas por haber sido cometidas contra una mujer y en un contexto de violencia de género. Castro no irá preso hasta que la sentencia esté firme. Pero tampoco será apartado del cargo. Por decisión del procurador interino seguirá allí hasta que sea destituido por un juicio político.
