Foto de criterio.hn
Una ofensiva conservadora recorre Honduras. En un solo día, este jueves 21 de enero el Congreso Nacional hizo un impresionante retroceso en derechos humanos a través de una reforma constitucional que busca impedir el avance de dos legislaciones claves para las mujeres y diversidades sexuales: la legalización y despenalización del aborto y el matrimonio igualitario.
Mientras en la región resuenan los impactos del aborto legal argentino, Honduras aprovechó la coyuntura para retroceder aún más. El país centroamericano es uno de los cinco territorios de Latinoamérica y el Caribe que mantiene la penalización total del aborto y está prohibido bajo cualquier circunstancia. Cualquier mujer que se someta a un aborto o quien la ayude, puede ser condenada de 3 a los 10 años de cárcel.
A pesar de tener una de las legislaciones más restrictivas del mundo, un grupo de diputados de Partido Nacional, encabezados por el nacionalista Mario Pérez, con el apoyo de legisladores liberales reformaron el artículo 67 de la Constitución de la República sobre la prohibición del aborto. Dispusieron que, para modificarlo, serán necesarias tres cuartas partes de los votos del Congreso.
Y aún con esos votos, tampoco podrá reformarse. Según el sitio criterio.hn después de su aprobación el artículo 67 de la Constitución quedó establecido de la siguiente forma:
“Al que está por nacer: se considera prohibida e ilegal la práctica de cualquier forma de interrupción de la vida por parte de la madre o un tercero al que está por nacer, a quien debe respetársele la vida desde su concepción. Lo dispuesto en este Artículo y en el Artículo 112 de la presente Constitución, sólo podrán reformarse por una mayoría de tres cuartas partes de los miembros del Pleno del Congreso Nacional, sus disposiciones no perderán vigencia o dejarán de cumplirse cuando sea supuestamente derogado o modificado por otro precepto constitucional. Serán nulas e invalidas las disposiciones legales que se creen con posterioridad a la vigencia del presente Artículo que establezcan lo contrario”.
Pero el Congreso Nacional no se conformó con blindar la posibilidad de un avance en ampliación de derechos de las mujeres y personas gestantes y fue más allá.
Mientras la atención pública estaba puesta en el aborto, prohibieron también el matrimonio entre personas del mismo sexo. De acuerdo con la información difundida por Criterio, modificaron el artículo 112 que regula el matrimonio entre hombres y mujeres y lo cambiaron para que de ahora en más sean necesarias tres cuartas partes de los miembros de la cámara para cambiarlo. Al igual que con aborto, antes eran dos tercios pero desde este jueves se aplicará las tres cuartas partes sólo a aborto y matrimonio.
La reforma deberá ser ratificada en una nueva legislatura en el 2022.
En el país centroamericano, una de cada 23 muertes maternas es resultado de un aborto, según datos de la Secretaría de Salud hondureña. Según un informe de la Red de Periodistas Feministas de América Latina y el Caribe estimaciones de organizaciones de derechos humanos estiman que cada año se realizan aproximadamente entre 50.000 y 80.000 abortos en condiciones clandestinas.
Honduras fue el país de la región que, hasta ahora, fue más lejos en los retrocesos pero también hubo reacciones conservadoras en otros territorios de Latinoamérica.
Las reformas en las constituciones son una de las estrategias de los grupos antiderechos para impedir el avance de leyes como la despenalización del aborto o los derechos de las personas LGTBIQ. En Argentina durante el menemismo, el ministro de Justicia, Adolfo Barra, quiso hacer una movida similar. En la Constituyente de 1994 buscó incluir una cláusula, conocida como la Cláusula Barra, para reconocer la vida desde la concepción desde una visión penal. El activismo feminista de mujeres de Buenos Aires, Rosario y Santa Fe se organizó y la impidió. La conquista fue clave para que hoy tengamos aborto legal en la Argentina y para que los planteos de inconstitucionalidad no tengan asidero.
