Por Luján Torrez
Es agosto de 2010 Leandro Puig está en el Hospital Aleman de Barrio Norte haciéndose un examen de rutina. Algo no salió bien, le dicen, y le piden hacer de nuevo el estudio. El resultado se repite y piden uno más confirmatorio. Con los exámenes en mano, Leandro se va a un parque cercano para estar solo y llorar, no sabe qué hacer ni qué va a pasar con él de ahora en adelante.
El papel que tenía en la mano le indicaba que era VIH positivo.“Cuando uno recibe el diagnóstico siempre es una mala noticia, una sorpresa, algo que sabemos que puede ser que pase, pero no queremos que pase. Hace 10 años o más, pensábamos en un diagnóstico de VIH como en una sentencia de muerte”, dice Leandro once años después.
Hoy tiene 34 años y convive con el virus. Desde el momento del diagnóstico muchas cosas cambiaron en su vida. En el trabajo de ese entonces decidió no contarlo para no pasar un momento incómodo con sus compañeros. Dos años después, cuando cambió de empleo se lo contó a su supervisora que decidió, sin su consentimiento, decirle al resto de la empresa. Las miradas de lástima, la estigmatización y discriminación comenzaron a ser parte del día a día.
La Dirección de VIH del Ministerio de Salud de la Nación informa desde sus redes que el resultado del test no es necesario comunicarlo en el trabajo. Es un derecho, por eso ante esta situación de discriminación, Leandro hizo la denuncia ante el INADI que cuatro años mas tarde, falló a su favor.
En la Argentina se estima que 136 mil personas viven con el virus, aunque el 17 por ciento lo desconoce. De quienes saben el diagnóstico, 7 de cada 10 se atienden en el sistema público, según los datos del último Boletín sobre VIH e infecciones de transmisión sexual (ITS) que todos los años presentan las autoridades del Ministerio de Salud de la Nación.
Hoy está vigente la Ley Nacional del Sida (Nº 23.798). Fue sancionada en 1990 y que tiene como puntos principales el acceso a la atención de la salud, el derecho al respeto a la confidencialidad y la no discriminación. En su momento, estas cuestiones eran de avanzada pero pasaron más de 30 años desde su sanción y el mundo cambió, la enfermedad cambió, las personas con el virus cambiaron.
Los activismos piden una actualización. Presentaron un nuevo proyecto de Ley de VIH, Hepatitis, Tuberculosis e ITS a fines de octubre en el Congreso Nacional, después de dos intentos fallidos en 2016 y 2018. Fue consensuado a través de una red de trabajo con 40 organizaciones, y en noviembre obtuvo dictamen favorable en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados.
Uno de los principales objetivos del proyecto de ley es ampliar el enfoque médico al plano social con énfasis en el trabajo, contra de la discriminación y el estigma.
La nueva ley tiene un enfoque de género y de derechos humanos; busca la prohibición del test de VIH, Hepatitis, Tuberculosis e ITS para ingresar a un puesto de trabajo; pide que haya pensiones no contributivas para aquellas personas con los virus y la provisión de tratamientos para quienes adquirieron el virus por transmisión vertical (de madre a hijo) y para otras poblaciones clave como mujeres, personas trans, travestis y no binaries.
Otro punto central es la creación de una Comisión Nacional de VIH, Hepatitis, TBC e ITS integrada por distintos ministerios, sociedades científicas y organizaciones de la sociedad civil que trabajen el tema. También propone un Observatorio Nacional de Estigma y discriminación dentro del INADI, en la búsqueda de que no se pueda utilizar la infección para impedir el ejercicio de los derechos.
Leandro Cahn, director Ejecutivo de Fundación Huésped, explica que una nueva ley de VIH debería garantizar un marco jurídico para el acceso sin interrupciones a las herramientas disponibles de prevención, especialmente para quienes tienen una mayor exposición. También cree que debe garantizar un tratamiento para asegurar los mejores niveles de vida a las personas que viven con VIH y lograr que más personas reduzcan su carga viral a niveles indetectables y, por ende, no transmitan el virus.
La principal vía de transmisión del VIH siguen siendo las relaciones sexuales sin uso del preservativo (98 por ciento). Entre los varones cis, el 60 por ciento se infecta durante prácticas sexuales con otros varones y casi el 40 por ciento durante relaciones sexuales con mujeres.
En cuanto a la transmisión perinatal, 4,6 de cada 100 bebés que nacen de personas gestantes con VIH son diagnosticados con el virus. Con el tratamiento antirretroviral apropiado las posibilidades de transmisión se reducen a menos del 2 por ciento.
Leandro Puig comenzó el tratamiento cuatro años después de tener el diagnóstico. Siempre tuvo una carga viral baja y una cantidad alta de los glóbulos blancos. Antes, se empezaba el tratamiento cuando la salud se deterioraba, cuenta Leandro. Había dos motivos: primero, para evitar la toxicidad del tratamiento lo más que se pueda, y segundo, porque no estaba comprobado que una persona con carga viral indetectable por más de 6 meses, no transmite el virus por vía sexual.
“Yo sabía que al momento de empezar, iba a ser algo para toda la vida, entonces quise estar seguro”. Empezó tomando cuatro pastillas y al año bajó a 3. Ahora, desde hace un año, está con un tratamiento mucho más moderno, que es una única pastilla por día. No tiene efectos secundarios y la toxicidad es muy baja.
La Resolución del 2015 (Nº270) del Ministerio de Trabajo expresa que el testeo de VIH en preocupacionales es una forma de discriminación. A pesar de eso, en el proyecto que hoy tiene dictamen todavía está la posibilidad de hacer el testeo en análisis preocupacionales de algunas profesiones, algo que es necesario corregir según Cahn. “La ley impulsa la derogación del decreto N° 906/93 que generaliza el testeo para el ingreso y ascenso en las Fuerzas Armadas de Seguridad, que discrimina a personas con VIH, replicado además por instituciones policiales y penitenciarias provinciales. Mientras el Congreso debate, el Ejecutivo puede ir avanzando en este paso con la derogación del decreto que es una vieja deuda”; agrega Cahn.
Para Leandro Puig es fundamental que se actualice la Ley Nacional de VIH porque muchas cosas han cambiado. “No podemos seguir permitiendo que nuestras carreras profesionales se vean amenazadas por nuestra serología, ni que nuestros hijos no puedan acceder a tratamientos pediátricos modernos. No podemos seguir permitiendo que el Estado nos abandone, nos invisibilice y destrate”.
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