Luciano ArrugaCosecha Roja.-

“Queremos demostrar todo lo que hizo el poder judicial para seguir desapareciendo a mi hermano”, dijo Vanesa Orieta, hermana de Luciano Arruga, al comenzar la conferencia de prensa en la que se anunciaron las novedades en la causa por la desaparición del joven en 2009. A un mes de que se cumplan cuatro años desde que el joven fue secuestrado por un grupo de policías, los abogados anunciaron que pidieron el enjuiciamiento de la fiscal Roxana Castelli y el cambio de carátula de la causa a “desaparición forzada”, por lo que pasaría a la Justicia Federal.

En el centro de la mesa del auditorio de la sede porteña del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) estaba ubicado Horacio Verbitsky, presidente del organismo. A su izquierda, Vanesa Orieta llevaba puesta una remera blanca con la cara de su hermano y una frase: “la misma policía”. Los acompañaban el titular de la Asociación por los Derechos Humanos de la Matanza, Pablo Pimentel, y el secretario de la Comisión Provincial por la Memoria, Alejandro Mosquera.

“Queremos demostrar todo lo que hizo el poder judicial para seguir desapareciendo a mi hermano”, dijo Vanesa, antes de anunciar que el miércoles, los abogados de la familia presentaron el jury de enjuiciamiento para pedir la destitución de la fiscal Roxana Castelli, que estuvo a cargo de la primera etapa de la investigación.

Según explicó Pablo Pimentel “la fiscal Castelli tardó 45 días en recibir a los familiares de Arruga. Y cuando los recibió estaba con los policías implicados detrás de ella. “Esta es una de las causas más graves del país y me preocupa que se naturalicen estas cosas horribles”, dijo.

En la conferencia de prensa los abogados contaron que se hizo una presentación judicial para que se deje de investigar la desaparición de Luciano Arruga como “paradero de persona”. “Pedimos que se cambie la carátula porque tenemos pruebas de que se trata de una desaparición forzada”, explicó Horacio Verbitsky. En caso de que la justicia acepte el pedido de la querella, la causa pasaría a la Justicia Federal.

El titular del CELS sostuvo que este tipo de casos no son “conductas desviadas, estamos ante un sistema de complicidad policial y política”.

“Si no responde Daniel Scioli vamos a pedirle una respuesta a la presidenta”, dijo Vanesa Orieta, después de detallar las promesas incumplidas del gobernador de la provincia de Buenos Aires. En agosto, a tres años y medio de la desaparición de Luciano y después de una larga lista de pedidos de audiencia, el gobernador recibió por primera vez a los familiares.

En aquella oportunidad, Scioli, junto con el ministro de Seguridad Ricardo Casal y el secretario de Derechos Humanos Guido Carlotto, se comprometió a avanzar en las investigaciones administrativas del caso, separar a los ocho policías involucrados en la causa y en gestionar la cesión del espacio donde funcionaba el destacamento donde fue visto por última vez Luciano. Según denunció Vanesa, ninguna de estas promesas fue cumplida.

Luciano Arruga, uno de los 197 desaparecidos en democracia -recordó Vanesa-, fue visto por última vez el 31 de enero de 2009 en Lomas del Mirador, un barrio del partido de La Matanza, en el conurbano bonaerense. Ese día, el joven de 16 años fue interceptado por un patrullero y trasladado al destacamento policial. El libro en el que se anotaba el ingreso de los detenidos fue adulterado y del nombre de Luciano no quedó registro. “Había hojas arrancadas”, explicó Vanesa.

Un año antes, el joven había sido detenido y torturado en la misma comisaría. La familia denunció que Luciano desapareció por negarse a robar para la policía.