El juez Guido Otranto aceptó el pedido de la fiscal Silvina Alejandra Ávila: ahora la carátula de la causa que investiga qué pasó con Santiago Maldonado es desaparición forzada.

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– El caso Maldonado no se puede catalogar como una desaparición forzada de persona – dijo Patricia Bullrich a los pocos días de la represión de Gendarmería en la comunidad mapuche donde fue visto  Santiago por última vez.

La ministra de Seguridad se aferró con fuerza a esa postura y la defendió cada vez que enfrentó a las cámaras de televisión. La Justicia le dio la espalda: la fiscal federal subrogante Silvina Alejandra Ávila pidió el cambio de carátula de la causa a “desaparición forzada de persona” porque entiende que hubo agentes del Estado involucrados en la desaparición del joven de 28 años.

Antes de presentar el pedido, la fiscal recibió a los familiares de Santiago y les anunció las novedades. También pidió la extensión del secreto de sumario por otros diez días más y solicitó a la Procuración General de la Nación que conforme un equipo especial de investigación. Ahora, el juez federal Guido Otranto deberá definir si acepta el planteo. Según explicaron fuentes cercanas a la investigación, habría un acuerdo entre la fiscal y el juez para recaratular la causa. Por ahora, el expediente es investigado como “NN sobre averiguación de delito”. En el Juzgado de Otranto tramita en paralelo otro expediente por averiguación de paradero que se inició a partir del hábeas corpus que presentó la Comisión Provincial por la Memoria al día siguiente de la desaparición de Santiago.

“El cambio de carátula no es menor, porque el gobierno todavía sigue negando que se trate de una desaparición forzada y construye diferentes hipótesis para desviar la atención”, explicó a Cosecha Roja Roberto Cipriano, director de la Comisión Provincial por la Memoria, organismo querellante en la causa.

Según contó Cipriano, en el expediente hay pruebas suficientes que demuestran que Santiago estuvo en la comunidad mapuche Pu Lof en Resistencia y que desapareció durante el operativo de Gendarmería. Tres integrantes de la comunidad que declararon bajo reserva de identidad ubicaron al joven en el lugar. Además, los investigadores encontraron en el lugar un cuello, una boina y un collar de Santiago. “La desaparición se concreta después del procedimiento de Gendarmería. Estaba en el lugar y después del operativo ya no estaba más”, dijo Cipriano.

Las pruebas que faltan

Los investigadores todavía esperan el resultado de una prueba clave: el análisis de dos muestras de sangre y cinco pelos encontrados en camiones de Gendarmería de El Bolsón. El material biológico fue enviado al Servicio de Huellas Digitales Genéticas de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires, que deberá cotejarlo con las muestras genéticas de los familiares de Santiago. También falta el resultado del peritaje a los teléfonos y computadoras secuestradas durante los allanamientos a los destacamentos de El Bolsón y Esquel.

Ayer, la CPM presentó un escrito ante el juez para pedirle una serie de medidas nuevas: que cite a declarar a los gendarmes que participaron del operativo, que ordene el secuestro y peritaje de los equipos de comunicación y las armas utilizadas durante la represión y que prohíba el acceso al expediente de los abogados de la fuerza.