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El estadounidense Ethan Nadelmann especialista en drogas, analizó la decisión de la Corte Constitucional colombiana de despenalizar la dosis mínima y la califica como un paso muy importante, que va en contravía de las “fallidas políticas prohibicionistas de EE.UU.”.

El pasado viernes, la Sala Plena de la Corte Constitucional sentenció que el porte mínimo de drogas, es decir un gramo de cocaína y 20 gramos de marihuana, no podrá ser castigado y quien lo lleve consigo tampoco podrá ser objeto de detención por parte de las autoridades competentes.

La decisión del alto tribunal, que en el país estuvo eclipsada por las consecuencias del hundimiento de la reforma a la Justicia por parte del Congreso, no pasó inadvertida en Estados Unidos. Ethan Nadelmann, el director ejecutivo de Drug Policy Alliance, una organización que defiende la promoción de alternativas en la guerra contra la droga,  escribió en su columna del Huffington Post sobre las posibles consecuencias de este hecho.

En su análisis, el experto señala que con este paso, Colombia se une a varios países latinoamericanos que están marcando “una tendencia que va en aumento” y que buscan decirle a Estados Unidos “basta ya” sobre sus “fallidas políticas prohibicionistas de drogas impuestas por el gobierno de Estados Unidos”.

La decisión tomada por la Corte Constitucional se suma a la propuesta que redactó el presidente uruguayo, José Mujica, cuando anunció su intención de legalizar la marihuana y explicó que será el gobierno el encargado de controlar su venta, lo que lo convertiría en el primer país del mundo donde el Estado sería el encargado de vender marihuana directamente a los ciudadanos.

La propuesta uruguaya, que todavía requiere la aprobación parlamentaria antes de ser promulgada, es comparada por Nadelman con lo que dictaminó la Corte en Colombia, y asegura que se trata de otro paso “importante en el creciente movimiento político y judicial en América Latina y Europa para dejar de tratar a las personas que consumen drogas como delincuentes dignos de cárcel”.

En su columna, también señala que la decisión del alto tribunal es muy importante para Colombia “donde existe un rechazo de gran alcance empujado por el expresidente Álvaro Uribe quien ha buscado que se trate como delincuentes a las personas que usan drogas”. Y añade que es una “victoria para el presidente Juan Manuel Santos en su anuncio de promover un nuevo rumbo en la política de drogas”.

Nadelman también señala que las iniciativas de despenalización en América Latina, están siendo impulsadas no por los tribunales, sino por los presidentes. Al igual que Santos, el nuevo presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, es un defensor de la despenalización como lo son “de diversas maneras y en distintos grados” los presidentes de Costa Rica, Uruguay, Ecuador y Argentina.

El director del centro analiza que los principales efectos de la despenalización de la dosis personal es que se reduce la detención de los usuarios de drogas, especialmente de aquellos que son jóvenes; se reduce la corrupción en los bajos niveles de la policía que ya no tienen que estar detrás de este delito y les permite concentrarse en otros asuntos más graves; y mejora a la sociedad que deja de tratar a las personas que consumen como criminales para hacerlo como un problema de salud.

También es crítico con la postura que mantiene Estados Unidos y escribe que ellos están “claramente muy por detrás de Europa y América Latina para poner fin a la criminalización de la posesión de drogas. Aunque reconoce que el impulso de la reforma está creciendo con respecto a la despenalización de la tenencia de marihuana, con la reducción de las penas de Massachusetts en 2008, California en 2010, de Connecticut en 2011 y Rhode Island a principios de este año, no resulta suficiente y que todos los Estados, siguen tratando la posesión de otras drogas ilegales como un delito”.

Finalmente, Nadelman señala que aunque la despenalización representa un importante paso en la dirección correcta, no se ocupa de muchos de los daños más grandes de la prohibición, incluyendo los altos niveles de delincuencia, la corrupción y la violencia, el empoderamiento de las organizaciones criminales, los mercados negros masivos y las consecuencias perjudiciales para la salud de las personas debido a la falta de una supervisión regulatoria. Y añade que la despenalización de la tenencia de drogas “es un paso necesario pero no suficiente hacia una reforma más amplia del régimen global de prohibición de las drogas”.