Condenan a un exjuez de menores por robar la identidad de una hija de desaparecidos

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Fe condenó a Luis María Vera Candioti -ex juez de menores- a 15 años de prisión por retener y ocultar, alterar y suprimir el estado civil de María Carolina Guallane-Paula Cortassa, cuando era una beba de catorce meses. Además de ese caso, se juzgaron otros homicidios y tormentos, y hubo condenas para un expolicía (prisión perpetua) y dos militares retirados.

Texto: Nicolás Lovaisa y María Eugenia Ludueña

Esta foto fue publicada por el diario El Litoral el 12 de febrero de 1977​. Registra el momento previo al secuestro.

Los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Fe condenaron ayer a un colega, Luis María Vera Candioti -ex juez de menores, jubilado de la justicia ordinaria provincial-, a 15 años de prisión por retener y ocultar, alterar y suprimir el estado civil de María Carolina Guallane-Paula Cortassa, cuando era una beba de catorce meses. Su padre, Enrique Cortassa, fue secuestrado. Su madre, Blanca Josefa Zapata, asesinada de un tiro durante un ataque del ejército y la policía a su casa, el 11 de febrero de 1977. Estaba embarazada de 26 semanas. A la beba la sacaron envuelta en una sábana ensangrentada.

En el mismo juicio, los integrantes del tribunal condenaron también a un policía de la provincia (hoy jubilado) a prisión perpetua y a dos militares (retirados) a 13 y 22 años de prisión por diversos delitos ocurridos en esa provincia durante la dictadura cívico militar.

Durante el proceso, Paula (desde 1977, María Carolina Guallane) enfrentó al policía y a los militares acusados. Les preguntó por los 54 días transcurridos entre su secuestro y su ingreso a Casa Cuna. “Quiero saber qué hicieron conmigo en esos tres meses. ¿Me llevaron a un chupadero para torturar a Enrique? Necesito que me lo digan. Lo que me perturba es no saber. Me da asco pensar que esos tipos me tocaban para atormentar a Enrique en un centro clandestino. Son tres meses de mi vida que están en blanco, aunque en realidad están en negro”, declaró en una audiencia del juicio.

Otro de los condenados es Juan Perizzotti -cumple prisión domiciliaria-, que fue hallado culpable de dieciséis homicidios, entre ellos, los de Blanca Josefa Zapata y Enrique Cortassa. También se le imputó como responsable en la sustracción, retención, ocultamiento, alteración y supresión del estado civil de Paula Cortassa. Por estos cuatro últimos delitos, más la falsificación ideológica de un documento público, Carlos Enrique Pavón, ingeniero químico y militar retirado del Ejército Argentino, recibió una pena de 13 años de prisión.

Domingo Morales -también con prisión domiciliaria- fue condenado a 22 años de prisión como autor penalmente responsable de los homicidios de Norma Esther Meurzet, Silvia Haydée Wollert y José Luis Gómez.

Los jueces Ricardo Moisés Vásquez, Beatriz Caballero de Barabani y Omar Digerónimo fijaron a su colega Candioti una multa de 75 mil pesos y la inhabilitación absoluta y perpetua. También lo consideraron culpable de prevaricato, es decir, de no actuar en función de la justicia sino arbitrariamente, y le revocaron la excarcelación.

El tribunal tomó la misma decisión en el caso de Pavón, y dispuso que los condenados “cumplan la pena privativa de libertad en dependencias del Servicio Penitenciario Federal”. A Perizzoti le unificó la condena (tenía una de 22 años de prisión, impuesta el 22 de diciembre de 2009, y otra de 23 años, del 6 de junio de 2014) a la pena única de prisión perpetua. Los fundamentos de la sentencia se conocerán el 21 de junio al mediodía.

El operativo con cobertura periodística

Aquel febrero de 1977, los participantes del operativo llegaron al barrio San Martín y empezaron a disparar contra una casa. Allí vivía un empleado provincial que, sin saber qué pasaba, pidió clemencia. No era a él a quien buscaban. Se desplazaron cien metros y dispararon contra la vivienda ubicada en Castelli 4351. Ahí sí vivían los tres militantes peronistas que buscaban. Cristina Ruiz fue ejecutada de un tiro  en la cabeza. A Blanca Zapata le dieron en el cráneo. Minutos después, entró al hospital Piloto en un “estado de coma profundo”. Allí se confirmó que estaba embarazada de 26 semanas. A Enrique Cortassa lo secuestraron. Un día después, el Segundo Cuerpo del Ejército informó que cayó en el “enfrentamiento”.

El diario santafesino El Litoral publicó ese comunicado junto con la foto de los integrantes del operativo desplegándose alrededor de la vivienda. Dio detalles: contó que “antes de resistirse”, los militantes peronistas hicieron salir de la casa a dos menores. Eran los hijos de Cristina Ruiz. Su compañero, Osvaldo Ziccardi, había caído semanas antes, en el hecho conocido como “la masacre de Las Heras e Ituzaingó”.

En la casa de Castelli había también una beba, pero el ejército no lo informó: era Paula Cortassa, la hija de Enrique y Blanca. La sacaron de la casa envuelta en una sábana ensangrentada. El entonces juez de menores, Luis María Vera Candioti, la recibió como NN y la dio en adopción. Las fechas no coinciden. Según figura en la causa judicial, el Ejército entregó a Paula al juez el 4 de febrero de 1977. Curioso, porque el operativo en el que asesinaron a sus padres ocurrió siete días después.

Aquella tarde de febrero los uniformados rodearon la casa y ejecutaron a Cristina Ruiz y Blanca Zapata. Según el informe médico Cristina recibió un impacto con “orificio de entrada en la región occipital” y “orificio de salida en la región temporal izquierda”, lo que le provocó “el estallido de la masa encefálica”. Blanca recibió un disparo en la “región frontal”, que derivó en “una lesión encefálica” y “un estado de coma profundo”. Embarazada, agonizó durante doce días.

A Enrique Cortassa se lo llevaron, pese a que el comunicado militar informó que había sido abatido. Continúa desaparecido. Y a Paula la secuestraron. No se sabe qué pasó con ella durante los 54 días que transcurrieron entre el operativo y el 6 de abril, cuando ingresó a Casa Cuna. Un informe médico fechado el 20 de abril indica que desde su internación “no evolucionó bien su estado anímico”.

El 13 de mayo de 1977, Candioti la dio en adopción a Jorge Omar Guallane y Agustina María Moro, un matrimonio de Venado Tuerto. Paula Cortassa pasó a llamarse María Carolina Guallane. El juzgado mintió sobre el origen de la niña. A los padres adoptivos se les informó que la bebé había perdido a sus padres biológicos en un accidente. Dos años después supieron la verdad.

“Necesitaban una persona de confianza”

El fiscal general Martín Suárez Faisal había pedido al Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Fe una pena de 15 años de prisión -la misma que se impuso- para Candioti. El ex juez fue el único que ocupó ese cargo durante la dictadura y asumió por un “decreto de facto” firmado por el Vicealmirante Jorge Desimoni, interventor de la provincia. “Claramente, necesitaban de una persona de confianza para tan importante función, dentro del plan sistemático que como tantas veces se dijo en esta sala, en este y en todos los juicios vinculados con el terrorismo de Estado, incluía la supresión de la identidad de los hijos de los denominados delincuentes subversivos por las fuerzas policiales y militares”, argumentó Suárez Faisal.

Para el fiscal, Vera Candioti “no acudió a otras autoridades judiciales ni a los medios de comunicación para difundir el caso de la niña y ni siquiera miró el diario El Litoral para informarse en relación al referido operativo de calle Castelli”. “Tampoco se constituyó en el barrio, como hicimos nosotros 40 años después, que comprobamos que todos los vecinos de la época sabían lo que había pasado”, agregó, entre otras omisiones graves del ex magistrado que enumeró.

Carolina Guallane creció con muchas dudas acerca de su identidad. Pasó años soñando extrañas pesadillas. Su familia adoptiva la acompañó en la búsqueda de su verdadera historia, junto con el Movimiento Ecuménico por los DDHH. Carolina se presentó al Banco Nacional de Datos Genéticos para ver si su sangre era compatible con otras familias analizadas, pero el resultado no arrojó compatibilidad.

Ninguna de las familias de origen había denunciado la desaparición de la niña. Abuelas de Plaza de Mayo había recibido denuncias desde 1986 pero no coincidían con su situación. En 1998, Abuelas se presentó como querellante ante la Justicia Federal de Santa Fe para impulsar la investigación sobre su identidad. Ese mismo año, Carolina Guallane apareció en varias notas periodísticas diciendo que quería conocer su verdadera identidad: estaba segura de que era hija de desaparecidos.

Cuando sus fotos empezaron a circular en los medios, personas que conocían a sus padres alertaron a sus abuelas. La veían muy parecida a su papá. Entonces, al cruzar los datos genéticos, Paula recuperó su identidad. Fue en septiembre de 1998. Su padre y su hermano o hermana, que debió nacer en cautiverio, continúan desaparecidos.