cosecha-congresoUna fuerza política en ascenso toma los hilos que la preceden, los temas que aparecen en la opinión pública, o que sostienen sus adversarios, ya sea para continuarlos, apropiarlos o invertirlos. El actual gobierno argentino, portador de una fuerza corrosiva respecto de lo anterior, toma, captura y niega. Entra a saco sobre algunos temas y desdeña otros, toma algunos para invertir su sentido, los compone con otros heterogéneos. ¿Qué hace, qué hizo con respecto a la agenda de mujeres, cuando nombra como parte del funcionariado a personas que vienen de la militancia feminista o en cuestiones de género? ¿Cómo lee el pasado más reciente al hacerlo?

La creciente violencia contra las mujeres, en los últimos años, y el silencio estatal sobre la misma, fue generando un contexto en el cual el llamado a gritar Ni una menos encontró una fuertísima escucha social. Hubo intervenciones previas: una maratón de lectura, un siluetazo, una performance con bolsas de residuos el 24 de marzo, escritos, conversaciones, militancias. Pero el llamado masivo aconteció como movilización colectiva el 3 de junio del año pasado. Muchísimas personas se sintieron convocadas a marchar, a ocupar las calles, a decir que no era tolerable que las mujeres fueran asesinadas por afirmar sus derechos. En especial, su derecho a decir no, a la autónoma decisión sobre sus cuerpos, sus deseos, sus parejas. La organización había sido compleja y tumultuosa. Entre otras cosas, se reclamaba un registro público de femicidios, porque el único existente era llevado adelante por la organización Casa del Encuentro, que a partir de la revisión de las coberturas periodísticas, agregaba cuentas en el sangriento rosario de los crímenes. Información fundamental y a la vez tarea inconclusa, deudora de los límites de los propios medios de comunicación. De las organizaciones de mujeres había surgido la categoría misma de femicidio, anotación en la lengua de un tipo específico de violencia.

Una militante de la Casa del Encuentro, Fabiana Tuñez, fue nombrada por el actual gobierno a cargo del Consejo Nacional de la Mujer. La decisión es interesante y sitúa a una feminista en un cargo para el cual no hay mejores blasones que la tenaz militancia en estas cuestiones. Pero ese nombramiento que muchas celebramos coexiste con medidas que controvierten las políticas de equidad y cuidado, como el desmantelamiento del Programa de salud reproductiva, que permitía la difusión y el acceso a métodos anticonceptivos para muchas jóvenes, o la supresión de los artículos sobre el tema en el archivo web de Infojus y el despido de periodistas formadas en cubrir cuestiones de género.

La gigantesca marcha del 3 de junio puso en la calle un reclamo: el derecho de las mujeres a vivir con autonomía sin ser violentadas. No era una marcha que reclamaba seguridad o medidas punitivas sino cuidado y derecho. Porque todas sabíamos que el castigo posterior no detiene la mano asesina ni restituye la vida perdida. Hubo algunas medidas a partir de la marcha y un nuevo estado de conciencia. Sin embargo, la violencia no se detuvo, encontró nuevas formas y cauces. Apenas transcurrida la movilización una joven cuya hija había sido asesinada por su pareja fue encarcelada acusada de complicidad. La fiscal no consideró que Celina era tan víctima de violencia como su hija muerta. En estos días, una mujer fue apuñalada delante de sus tres hijos por su ex pareja que tenía restricción de acercamiento. La policía lamenta no haber sido advertida que estaba en riesgo. Dos jóvenes mochileras fueron asesinadas en Ecuador. En los medios de comunicación se insiste: andaban solas -¿no eran par? Acaso solas es sin hombre al lado-, se arriesgaron. Casi que se lo merecían. Como Melina a la salida del boliche o las pibas que usan minifaldas. No pocxs se hacen eco del dolor por las víctimas al tiempo que las declaran culpables: de no avisar, de provocar, de no romper con el violento.

Es una trama social complejísima de desanudar, hecha de conservadurismos instalados en el sentido común y formas más recientes de la reacción. A medida que las sociedades amplían sus libertades también lo hacen los cruzados que las combaten. Lo hacen, a veces, sin saber que lo hacen. Pero llegan con sus manos armadas a detener las autonomías que surgen y los deseos que afloran.

El Estado tiene responsabilidades: el modo en que recibe las denuncias y las procesa, el sostén de instituciones que cuidan a las víctimas, pero también la posibilidad de intervenir para activar las zonas más democráticas del pensamiento. En este momento no lo hace. Más bien, asienta su propio poder en activar los núcleos de reacción y resentimiento, las zonas ciegas que toda persona posee y la lleva a desconocer la igualdad y a temer la libertad ajena; le suelta las manos a la policía para que ejerza un disciplinamiento de nuevo cuño que seguramente se arrojará contra las formas más libres de vida (bien saben travestis y prostitutas que significan policías sin control); ensalza los grandes medios de comunicación y su discurso del miedo y ni imagina regulaciones éticas a la libre empresa.

Un balance de los efectos del 3 de junio es complejo. Umbral de conciencia, aumento de denuncias, alerta social sobre el problema, atención política sobre los femicidios, una feminista a cargo del CNM, un registro público de los crímenes. Bien. A la vez, la sensación de que el retroceso actual es tal, que arrastra esas mismas situaciones hacia un punto irresoluble, en la que se traman dentro de la negación de los derechos civiles y personales, en especial dentro de las clases populares. Una agenda feminista sin articulación de ciertos enunciados y valores propios con los que atañen a la sociedad en su conjunto –la policía, la justicia, los programas de salud, los organismos como el Inadi, la labor estatal y la educación-, se queda chueca o impotente. Y no lo digo al modo de todo o nada. Más bien mi voluntad política es siempre reformista, o sea creo que todo lo que se haga en el sentido de ampliar libertades y derechos es festejable más allá del contexto. Pero sí que el gusto es amargo. Que al borde del 8 de marzo, con Milagro Sala presa, capturada por una decisión judicial que varios poderes fácticos (del diario La Nación al Papa) consideran ilegal, no hay mucho para festejar. Y sí mucho para luchar. Por Milagro, por el derecho de todas las chicas a vivir como quieran, por las mujeres que abortan y las que paren, por las trabajadoras despedidas, por quienes eligen su sexo y su identidad, por las que denuncian y las que temen, por las que son perseguidas por pobres y sospechadas por militantes. Por nosotras.