“Con todo esto, no estoy cobrando la jubilación”, se quejó ayer el ex fiscal Benito Pont en su declaración indagatoria. Sobre él pesa la acusación de haber permitido que al menos doce mujeres sean explotadas por una organización de trata de personas ligada a su entorno más cercano.

Pont era fiscal en Paso de los Libres, Corrientes, una zona caliente de la frontera norte de Argentina. En sus manos quedaban las causas de trata de personas, abundantes en la región. Algunas fuentes calculan que unos cuarenta expedientes de ese tipo pasaron por su despacho. En al menos tres de ellas, los sospechosos eran su cuñado y uno de sus socios comerciales. La causa que finalmente lo hizo caer es una de las más grandes: una investigación sigue las pistas de una organización con al menos 38 víctimas reconocidas y unos 26 integrantes.

Para la justicia, Pont era parte de esa organización criminal para la “captación, traslado y acogimiento de un número indeterminado de mujeres con fines de explotación sexual en los locales.”. Lo hacían a través de whiskerías -Roxi o Puro Movimiento y Balizas o Dancing- y un hotel alojamiento llamado Momentos. Según la investigación, el ahora renunciado fiscal federal garantizaba la impunidad a José María Viero, su cuñado y un ex comandante de gendarmería, y a Ricardo Aguirre, con quién tenía amistad y vínculos comerciales. Una de sus maniobras, se sospecha, era retrazar las causas, advertir a los imputados, estirar los plazos lo más posible y luego declararse incompetente.

Ayer, Pont fue indagado en la causa en el juzgado Federal de Paso de los Libres. Habló durante doce horas, y por primera vez reconoció los vínculos de parentesco y amistad con los otros acusados. Dijo que se sentía “dolido” y se quejó de no cobrar la jubilación por estar involucrado en la causa. La acusación, dijo, es un caso “carente de pruebas, infundado y que se asemeja más a un informe de inteligencia hecho por legos que a un requerimiento de instrucción penal”.

Según los medios, a pesar de sus quejas Pont “admitió ser amigo de Aguirre y también socio de una sociedad comercial hace más o menos 30 años”. Sobre Viero, su cuñado, “reconoció haber tenido diálogo sobre el hotel investigado, luego de renunciar como fiscal”.

La denuncia se hizo hace un año en la línea 145 del Ministerio de Justicia. Una mujer, de forma anónima, dijo que cada vez que se allanaba el prostíbulo “Raíz”, alguien les avisaba a los encargados para limpiar la escena. Y que las menores de edad explotadas eran transportadas por el puente internacional Paso de los Libres-Uruguayana en los baúles de los autos, donde trabajaba la mujer del ahora ex fiscal.

La investigación quedó en manos del titular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), Marcelo Colombo, junto al fiscal federal de Corrientes Carlos Schaefer y la jueza Cristina Pozzer Penzo.
Foto: Gentileza El Litoral