Gloria Morán. Contrapunto.-

A pesar de las diferencias entre las cifras manejadas por la Policía Nacional Civil (PNC), cinco muertos, y la que reporta el Instituto de Medicina Legal (IML), siete asesinatos diarios, éstas reflejan una reducción de homicidios en El Salvador, lo cual puede constituirse como un avance en un país donde se reportaban 14 muertes por violencia al día.

La disminución de esta manifestación de violencia que se ha convertido en un dolor de cabeza para los salvadoreños y de las mismas autoridades se da después de la llamada “tregua entre pandillas”, esto sucedió el pasado mes de marzo.

La tregua entre pandillas acordada entre la Mara Salvatrucha (MS) y por el Barrio 18 se produjo con la mediación de la iglesia católica y apoyados por Raúl Mijango, miembro de la sociedad civil.

Una de las principales acciones que llamó la atención fue el traslado de presos que se produjo los días 8 y 9 de marzo, que propició que los líderes de las pandillas viajaran desde el penal de máxima seguridad de Zacatecoluca hacia otras prisiones donde podrían comunicarse mejor con sus subalternos.

Esto fue un revoluto de opiniones, pero más lo fue el hecho de que ambas pandillas ofrecieran una misa, el 26 de marzo, para pedir perdón al pueblo salvadoreño.

“Estamos conscientes que le hemos fallado a Dios y a la sociedad y en nombre de toda mi pandilla, la MS13, quiero pedirle perdón a la sociedad y que nos den una oportunidad de poder cambiar”, dijo Dionisio Umanzar, alias “El Sirra”, jefe de una de las pandillas más violentas de El Salvador, la “Mara Salvatrucha MS13”.

“El Sirra” daba su discurso después de una misa celebrada en el penal de Ciudad Barrios, en San Miguel, agobiada por la ola de extorsiones que las “maras” han impuesto a los pequeños y medianos negocios, so pena de asesinarles si no entregan la “renta”.

Y por el otro lado, el mismo día en el centro del país, en la cárcel de Cojutepeque, Carlos Mujica, alias “El Viejo Lin”, jefe de la pandilla “Barrio 18″, hablaba en los mismos términos que “El Sirra”: “Estamos dispuestos en seguir adelante, el primer beneficiado será el pueblo…”, apuntó el cabecilla de la violenta pandilla.

Nunca antes se llevó a cabo un proceso como el que actualmente se mantiene. Las pandillas vivían en guerra a muerte entre sí por dominio de territorio y últimamente por el control de la venta de drogas.

El acto sorprendió, sobre todo cuando las padillas han sido autores de los más graves delitos contra la vida como masacres, asesinatos selectivos, secuestros, torturas, violaciones sexuales y extorsiones.

A la acción de las pandillas se unieron los reos comunes del penal La Esperanza, mejor conocido como Mariona, y las reclusas de Cárcel de Mujeres, este grupo se comprometió a reducir el ingreso de objetos ilícitos a los centros penales.

Ahora bien, después de eso, ¿Quiénes son los muertos?

De acuerdo al titular del Ministerio de Justicia y Seguridad, David Munguía Payés, el 50 por ciento de los homicidios es cometido por las pandillas y el otro 50 por ciento se debe a la delincuencia común o a rencillas entre familias.

“Normalmente cuando me reportan en la mañana y en la tarde el número de homicidios, nos dicen que dos o tres corresponden a violencia pandilleril”, mencionó Payés.

El director del IML, José Miguel Fortín, aseveró  que a pesar de que haya una especulación sobre quienes cometen los crímenes después de la tregua, lo difícil es saber quiénes son ahora los muertos. No se puede  hablar sobre si la mitad de los asesinados pertenecen o no a pandillas.

Fortín destacó que antes los tatuajes de pandillas eran alguno de los referentes para conocer si el asesinado pertenecía o no a esos grupos.

“Los pandilleros se han dejado de tatuar, han cambiado hábitos de vestir y tienden a tener un corte de cabello normal, de manera que actualmente un cadáver no puede ser identificado como pandillero por señales especiales o vestimenta”, dijo Fortín, refiriéndose a la complicación de saber si los muertos pertenecen a la sociedad civil o a las pandillas, no solo después de la tregua, sino desde antes.

IML dio a conocer las cifras de homicidios basados en el rastreo de los hechos acontecidos después de la tregua, específicamente los ocurridos entre marzo y abril.

“Los primeros 2 meses de la tregua refleja que se ha disminuido el número de probables homicidios, sin embargo los indicadores de grupos de edad y armas nos reflejan que las armas de fuego, 58.3 por ciento, siguen siendo accesibles para cometer homicidios”, dijo Fortín.

Asimismo agregó que los salvadoreños entre las edades de 11 a 40 años siguen siendo los grupos susceptibles a ser ultimados en hechos calificados como homicidios, “estas edades coinciden con iniciación en las pandillas y consolidación dentro de la misma, participación en ilícitos como tráfico y consumo de droga entre otros”.

Las cifras en el marco de la tregua

El IML destacó que los homicidios de enero fueron 413, en febrero 402; mientras que marzo y abril presentaron una disminución, 254 y 156 respectivamente. Entre el 1 de enero y el 30 de abril de este año se contabiliza un total de 1,225 homicidios.

Fortín señaló que en marzo de 2011 hubo 355 asesinatos, la cifra de 2012 refleja 101 muertes violentas menos; y en abril del año pasado hubo 313 homicidios y en el mismo mes de este año hubo 157 menos.

De las personas asesinadas entre marzo y abril 92 oscilaban entre las edades de 11 a 20 años; 119 entre los 21 a 30 años; de 31 a 40 años fueron 74 asesinados; 38 entre las edades de 41 a 50 y b15 personas rondaban las edades de 51  a 60.

Los primero dos meses de tregua dejaron 410 homicidios y los delitos fueron cometidos el 58,30 por ciento con, con armas blancas el 25,1 por ciento, con objetos contundentes el 10,7 por ciento y el cinco por ciento fue cometido con otros objetos.

Los departamentos más violentos son San Salvador con 115 homicidios,  La Libertad con 44 y en tercer lugar está  Sonsonate con 41.

Luego se ubican San Miguel y Santa Ana con 32 crímenes cada uno, La Paz con 31 asesinatos, Ahuachapán 25, Usulután 17, Cuscatlán y La Unión con 16, San Vicente 15, Chalatenango 13, Morazán ocho y Cabañas cinco.

A nivel de municipios, el departamento de San Salvador contiene cinco de los más conflictivos: San Salvador, Soyapango, Mejicanos, Apopa y Ciudad Delgado; le siguen San Miguel, Santa Ana, Ahuachapán, Izalco y Colón.

Muertes de mujeres

En cuanto a los homicidios cometidos en contra de mujeres IML dijo que en enero de 2012 hubo 74 homicidios, diez más que en 2011; 57 en febrero de este año mientras que el año pasado hubo 49.

Entre marzo y abril de 2011 los homicidios de mujeres fueron 38 y 19 respectivamente, en 2012 reflejaron una tendencia a la baja, 48 en marzo y 4 en abril.

Una de las principales  preocupaciones de las organizaciones feministas es el auge de los feminicidios y las agresiones sexuales. Para Vilma Vaquerano de ORMUSA es algo positivo el hecho que los homicidios de mujeres hayan reducido y dijo que la tregua “en algo ha influenciado”.

Sin embargo lamentó que debido a la tregua y la reducción de homicidios las autoridades han dejado de lado otros delitos cometidos contra las mujeres, los cuales son la violencia doméstica y las agresiones sexuales.

Una nueva expresión de violencia

El titular de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), Oscar Luna, en ocasión anterior consideró  la desaparición de personas como una nueva expresión de violencia e inseguridad en El Salvador. La preocupación de Luna radica en el aumento de los desaparecidos.

Según los últimos datos de IML el total de desaparecidos es de 876, de estos 704 son del Área Metropolitana de San Salvador.

Al cuestionar a Fortín sobre si  el hecho que los homicidios bajen y aumenten los desaparecidos se presta a una interpretación y es que ¿los homicidas prefieren esconder los cuerpos para mantener una “supuesta reducción en los homicidios”?  Él respondió que si el caso fuera como el planteado, “sí, no habría reducción de homicidios” y recalcó que “esto solo es una suposición”.

Mientras que de acuerdo a reportes de la Policía Nacional Civil (PNC) en las mismas fechas se han reportado 397 casos de desaparición y estas han reducido a 268 por haberse encontrado o aparecido 129 personas. En 2011 la policía reportó 790 personas desaparecidas. Luna explicó que las cifras de IML y la PNC varían debido a que la Policía usa filtros para calificar las desapariciones.

Fortín también hizo hincapié en que los filtros utilizados por la PNC son los que los hacen tener una cifra aún más precisa “porque acá (en IML) recibimos a las personas que buscan a sus familiares, pero en la PNC reciben la denuncia y si la persona aparece también es reportado”, acotó Fortín.

El pasado 29 de mayo, el titular de la PDDH consideró que las autoridades no están dando un tratamiento adecuado a las denuncias que hacen los familiares de las víctimas y aseveró que eso constituye aún más violaciones a los derechos humanos tanto para el desaparecido como para los familiares afectados.

Luna instó al Órgano Judicial a que se muestre diligente en la tramitación de los casos presentados por la FGR, procurando “el resarcimiento de los daños causados a las víctimas, tomando medidas especiales de protección y aplicando la normativa nacional e internacional protectora de la niñez y adolescencia cuando los perjudicados por el delito sean personas menores de edad”

Asimismo le envió un mensaje al Ejecutivo para promover la firma y ratificación de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. Además, a que promueva y apruebe una iniciativa de ley que tipifique y sancione el delito de desaparición forzada.

Mientras que a la PNC la llamó a elaborar mejores planes de la prevención de los delitos de desaparición con el fin de evitar que continúen; también la instó a contribuir con la FGR en la investigación de las desapariciones.

Luna reparó en la necesidad de que la FGR una Unidad de Personas desaparecidas, las cual debe contar con un registro centralizado confiable, un sistema informático de acceso público para la búsqueda de personas desaparecidas y una red de comunicación interinstitucional entre hospitales, centros penitenciarios, celdas policiales, aduanas, resguardos, iglesias, cementerios, entre otras.

Fortín dijo que entre los planes futuros de Medicinal Legal está el de la creación de un banco de datos de ADN, para que de esa manera los familiares puedan tener respuestas seguras de si la persona que se encontró es o no su familiar.