Por Luciana Boiteux de Figueiredo Rodrigues – Capítulo del informe: Sistemas sobrecargados – Leyes de drogas y cárceles en América Latina, de WOLA y TNI.

El sistema penitenciario brasileño está –y siempre ha estado– superpoblado. Actualmente, hay un déficit de plazas de 170.000 presos, lo cual supone unas condiciones de vida pésimas para los internos. El país sufre también de un problema bastante común en los países latinoamericanos: el exceso de presos provisionales (es decir, de personas privadas de libertad aunque aún no tengan una condena definitiva), cuyo porcentaje nacional en estos momentos se sitúa en torno al 45 por ciento. Las pésimas condiciones del sistema carcelario en Brasil fueron recientemente denunciadas por un informe de la Asociación Internacional de Abogados (IBA), en el que se afirma que “la superpoblación extrema, las condiciones sanitarias precarias, la violencia entre bandas y los motines deterioran el sistema penal, donde los malos tratos, incluidas las agresiones físicas y la tortura son habituales”.

El actual índice de 245 presos por 100 mil habitantes coloca a Brasil en la 47ª posición del ranking mundial de países con mayores tasas de encarcelamiento. En términos de población total, el país se sitúa en cuarta posición, sólo por detrás de los Estados Unidos, China y Rusia.

El coste mensual de una población penitenciaria de esas dimensiones es muy alto, y aún más alto es el valor que se debe invertir en la creación de nuevas plazas. Según los cálculos de las autoridades, “para la creación de 60.000 plazas en el sistema se necesitarían 1.800.000 reales, aproximadamente (1.058.000 dólares estadounidenses), sin tener en cuenta el coste mensual de dichas plazas”.

Según datos más recientes, de diciembre de 2009, Brasil contaba con un total de 473.626 presos en su sistema penitenciario, incluidos los detenidos en comisarías.

Si se analiza la evolución histórica de la población penitenciaria brasileña desde 1990, destaca el hecho de que el número de personas en centros carcelarios aumentó en torno a un 314 por ciento de1992 a2009. Esta tendencia de incremento del encarcelamiento se ve confirmada por los números y refleja los efectos de una política penal basada en el endurecimiento legislativo, la limitación de las garantías y el acento en la represión. En diez años (de2000 a2009), la población carcelaria se duplicó, pasando de unos 233.000

reos a más de 473.000.

Ante este panorama general, es importante examinar qué porcentaje del total de condenados corresponde al delito de tráfico de drogas, que representa la segunda mayor incidencia de presos (91.037) en el sistema, sólo por detrás de los delitos contra el patrimonio (217.762), que ocupan tradicionalmente la primera posición.

Solamente a partir de 2005 fue posible encontrar datos más específicos sobre los condenados por tráfico de drogas en relación con la población carcelaria total. El aumento porcentual de la representación relativa de los condenados por tráfico en el sistema penitenciario brasileño, lo que permite afirmar que el incremento de la represión contra el tráfico de drogas ha contribuido al aumento del número de presos en Brasil.

El análisis de los datos revela que, durante la vigencia de la Ley de Drogas 6.368/76 –es decir, hasta fines de 2006–, el porcentaje de condenados por tráfico de drogas era del

12,38 por ciento, índice que aumentó hasta un 19,22 por ciento a fines de 2009; es decir, el número de condenados por ese delito casi se duplicó desde la entrada en vigor de la Ley 11.343/06. Si ya era alto el número de personas encarceladas por el delito de tráfico de drogas, ahora, según las estadísticas consultadas, parece seguir creciendo. Así, la opción a favor de las respuestas penales represivas contra el delito de tráfico de drogas contribuyó de forma eficaz al aumento de la población penitenciaria brasileña en los últimos años, con la destacable sobrerrepresentación de  pequeños comerciantes de drogas ilícitas condenados a largas penas de prisión, lo cual refuerza la marginalidad y el estigma a que están sometidos.

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