En Argentina los prostíbulos están prohibidos desde 1937, cuando entró en vigencia la Ley de Profilaxis, N 12.331. En el artículo 15 se establece que “queda prohibido en toda la República el establecimiento de casas o locales donde se ejerza la prostitución, o se incite a ella”. Los policías, fiscales, operadores judiciales lo que ignoran es una ley, lo que toleran es la violación de la misma y lo hacen no solo porque se encuentran envueltos en creencias y costumbres machistas o patriarcales sino también, y sobretodo, porque la supuesta ignorancia, o indiferencia a la ley, les devuelve dinero y prestigio. Mercedes Assorati, agrega un punto de vista abarcador: “Nadie quiere meterse con los policías y menos con la Federal, la protección fiscal a prostíbulos es centenaria y es admitida por todo el mundo, no se puede combatir la trata si no se combate la corrupción, si uno empieza a detener a todos los policías por incumplimiento de deberes de funcionario público nos quedamos sin policías, lo que habría que hacer es decir: a partir de ahora no se puede más”.
En el caso de Florencia Pennacchi la complicidad policial fue sacada a la luz en la prensa principalmente a través de la presión de la organización feminista Sin Cautivas, formada por un grupo de amigas de Florencia. La participación de las fuerzas de seguridad nunca llegó a formar parte de los más de 15 cuerpos que componen la causa de Florencia, a cargo de la Fiscalía Nº 23 del Dr. Marcelo Retes, a pesar de que en forma probada un comunicado de julio del 2010 Sin Cautivas afirma: “un agente de la Policía Federal que intervino desde el principio en la investigación de la causa es hoy denunciado por su presunta participación en redes de trata y prostitución”. El agente que menciona el comunicado es Jorge Omar Cipolla, autoridad máxima de la División antisecuestros de la Policía Federal, denunciado en la Justicia por la agente Nancy Miño Velásquez como responsable del cobro de coimas que darían libertad de acción a tratantes y regentes de prostíbulos de la Capital Federal y de la Provincia de Buenos Aires. “Informamos que este mismo Sr. Comisario Inspector Cipolla ha estado a cargo de la investigación de la causa de Florencia”, aclara el comunicado.
Según denuncia Sin Cautivas, a tres meses de la desaparición de Florencia, el mismo Cipolla, en ese entonces jefe máximo de la División Antisecuestros de la Policía Federal, hizo declaraciones tendenciosas y determinantes en los medios de comunicación (en Clarín del 17 de junio de 2005, entre otros). Sus declaraciones tenían como objetivo dar por terminada la preocupación de la sociedad por la aparición de Florencia, afirmando -sin pruebas que lo demostraran y previo a aportar esta información al expediente de la causa- que Florencia había planeado una fuga y que se encontraba viviendo en el interior con un hombre y en perfecto estado de salud. Susana Trimarco, de la Fundación María de los Ángeles les dijo a las amigas de Florencia que este comportamiento de la policía es de manual, que en cada caso de trata la policía realiza maniobras distractivas, vuelca la responsabilidad de la desaparición en los problemas psicológicos o familiares de la víctima y se ocupa de que la causa quede bajo funcionarios transigentes. El Crio. Cipolla hoy fue apartado de la fuerza y trabaja en el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Al parecer, habría tenido desde siempre buenos vínculos con el PRO. Por ejemplo, mantiene una relación de pareja con la legisladora porteña por el PRO María Eugenia Rodríguez Araya, según consta en el semanario Miradas al sur, Edición número 160 del 9 de junio de 2011.
A pesar de que la complicidad del poder se revela con la fuerza de un hecho y frente a toda la sociedad, desde 2008 hasta hoy, revela Assorati, hay un solo funcionario público condenado por trata.

¿Qué es la trata?
La trata de personas es el ofrecimiento, la captación, el traslado, la recepción o acogida de personas con fines de explotación, ya sea dentro del territorio nacional, como desde o hacia otros países. El objetivo de los tratantes puede ser la explotación laboral, que en nuestro país se aglutina en el rubro de confección de indumentaria y en la construcción, la explotación sexual o la extracción y venta de órganos. En todos los casos las personas son comerciadas como bienes de capital.
Según consta en la página web de la Agencia de la ONU para los refugiados (ACNUR), la trata y el tráfico de personas son delitos que se han incrementado en forma alarmante en los últimos años debido a las difíciles condiciones de vida en los países menos desarrollados, al endurecimiento de las políticas migratorias en los países industrializados y al hecho de que por mucho tiempo estos fenómenos no fueron considerados como un problema estructural sino como una serie de episodios aislados.
La respuesta mundial frente al crecimiento de esta forma de criminalidad fue la Convención contra la delincuencia organizada transnacional firmada en Palermo en el 2000 y los dos protocolos del mismo año: Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire y el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente de mujeres y niños.

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