Fiscales y centralización del control
Todas las ONG consultadas trabajan con la UFASE salvo una, la Fundación El Otro. Assorati no duda del profesionalismo del equipo que trabaja en la UFASE pero tiene argumentos para preferir no derivarle casos. “En la práctica opera con la División antitrata y con la Oficina de rescate. Se toman 6 meses para hacer la investigación preliminar”. Assorati asegura que el sistema de centralización está diseñado por un alto funcionario del Gobierno Nacional para que no funcione, por ejemplo, dice, “hubo en total 2300 víctimas de trata rescatadas, 579 en 2010, la Oficina de rescate atendió sólo 60, hay algo que están haciendo mal”.
La UFASE es un organismo del Estado que canaliza las acciones a tomar en casos de secuestros y Trata. Según Ansaldi, esta división funciona en la medida en que permite una toma de decisiones rápida, efectiva y sin mediaciones de la Policía, que en muchos casos desvía la causa, como ya hemos visto.
Hemos encontrado un cómplice: la policía. Ahora, el fiscal debería ser quien lleve la causa por la senda de la Justicia, quien desarrolle una investigación que devele las zonas oscuras, pero sin embargo, la omisión de algunos datos en la causas, la renuncia a llamar a declarar a algunos personajes, ponen un signo de interrogación también sobre el accionar de los fiscales. El informe de la UFASE agrega al respecto un dato que explica el fracaso en la penalización del delito: “Otro lugar destacado, entre los inconvenientes, se lo debemos al Código Procesal Federal que ha quedado rezagado como instrumento eficaz para la investigación de este tipo de delincuencia. Representa un vendaval contrario a la idea de una actuación de fiscales proactiva, que comande y dirija investigaciones. Que en definitiva se conciba a sí mismo como responsable del éxito o fracaso de una investigación judicial”. Al parecer los fiscales se encuentran impotentes o no tendrían potestad para tomar algunas decisiones que llevarían la causa a buen puerto. Para Assorati, en cambio, no existen limitaciones procedimentales o legales que obstaculicen el trabajo de fiscales, “lo que hay es miedo”, miedo por ignorancia dirán la senadora Escudero y la abogada de la Fundación María de los Ángeles; Assorati, en cambio, plantea que la falta de vocación para enfrentar el problema de la trata surge del profundo conocimiento por parte de los funcionarios de las personas con poder involucradas en los delitos.
El delito de trata, o mejor, la actividad de explotación sexual en locales a cambio de dinero, está naturalizada a tal punto que incluso desde la progresía dentro del Congreso se esgrimen argumentos proteccionistas de la actividad. Según Assorati, en las discusiones por la ley sancionada en 2008, respecto a la discriminación entre mujeres mayores y menores de edad, distinción por la cual solo será delito cuando la víctima fuera menor o demostrare que no medió su voluntad, la diputada Vilma Ibarra, una representante innegable del oficialismo, declaró que “no podemos cambiar el tipo penal porque si lo hacemos lo que va a ocurrir es que va a haber una caza de prostíbulos y entonces la policía va a aumentar la cuota de protección, los prostíbulos no la van a poder pagar y las chicas van a quedar en la calle”. Assorati analiza que “claramente la intención del gobierno era proteger el sistema prostibulario, como si los prostíbulos fueran lugares de contención social de mujeres y no de explotación sexual”.
En el caso de Florencia, la investigación de la Fiscalía 25 se centró en las llamadas entrantes y salientes del celular y teléfono fijo de Florencia. Se descubrió que esa noche, antes de desaparecer, Florencia llamó insistentemente a un mismo número, un número que no resultó estar entre los contactos de los demás conocidos de Florencia y con el que venía teniendo comunicación con periodicidad desde dos meses antes a la desaparición. El teléfono resultó ser de Yapura, el dealer de Florencia. La Brigada antisecuestro, a cargo del Comisario Jorge Cipolla, llevaría adelante un trabajo de inteligencia sobre Yapura, interviniendo su teléfono. Fueron cinco meses de trabajo de inteligencia. Pero cuando los abogados de Florencia solicitaron que se develen las escuchas y se llame a declarar al dealer, la Fiscalía comunicó que por un error técnico no se pudo recuperar ninguna línea de todas las comunicaciones interceptadas. Cuando la policía fue a buscarlo para que declare, el dealer Yapura se tomó un taxi, se escapó y quedó prófugo. Recién pasado un año se consiguió su declaración. Dijo que sí vendía droga a Florencia y que sí habían acordado encontrarse esa noche, pero que él no acudió a la cita. Sin embargo, informó que sabía que Florencia sí había ido al sitio, el encuentro estaba programado en un boliche de Palermo ubicado cerca de la intersección de la Avenida Scalabrini Ortiz con Costa Rica. El declarante sugirió que se averiguara qué personas estaban allí y por qué el local estaba abierto al mediodía. La línea que sugirió el dealer, los nombres que dio, no se investigaron. Sí se supo que al poco tiempo de la desaparición el boliche se vendió. Yapura llevaba consigo siempre 5 celulares, pero el fiscal sólo intervino, y mediando error técnico, uno solo. Tras el pedido de los familiares de que intervenga el resto de los celulares, el fiscal Retes adujo que el dealer “era un pobre tipo”. Sería de gran utilidad conocer sobre estos puntos la opinión del fiscal Marcelo Retes pero en su oficina dicen que él no trabaja ahí y no contestó correos electrónicos ni mensajes de twitter.

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