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En una trascendental decisión, un juez de la Corte del Distrito Este de Virginia condenó al oficial por sus vínculos con el paramilitarismo. El general se vio obligado a negociar su pena.

El 14 de diciembre de 2012 quedará inscrito como el día en que un general de la policía colombiana, exjefe de seguridad de la presidencia, fue condenado en una Corte de Estados Unidos. Se trata del general Mauricio Santoyo a quien un juez de la Corte Norte en Virginia, envió a la cárcel por 13 años y le ordenó el pago de una multa de 125.000 dólares.

Santoyo, después de aceptar que contribuyó con jefes paramilitares y “suministró apoyo y recursos materiales” a las AUC, optó por el camino más corto: negociar con la justicia norteamericana. Sus abogados hicieron un arreglo con el fiscal de su caso Neil H. MacBride, con lo que obtuvo una considerable rebaja en su pena.

El oficial retirado, uno de los hombres de mayor confianza del expresidente Álvaro Uribe, deberá entregar información sobre las actividades ilícitas de otros oficiales de la Policía y varios civiles que favorecieron a los paramilitares y narcotraficantes. Entre la negociación también estaría contemplado que tanto la esposa como los hijos del oficial puedan permanecer en ese país.

Cuando se desató el escándalo el general retirado y sus abogados anunciaron que se declararía inocente. Sin embargo, en agosto esa decisión dio un radical giro y decidió confesar. ¿A qué se debió ese cambio tan drástico? Parte de la respuesta consiste en que los abogados de Santoyo le dejaron ver al exoficial una simple pero contundente tabla de estadísticas según la cual aquellos colombianos que han optado por enfrentar un juicio en cortes de Estados Unidos, generalmente terminan con elevadas condenas.

Ante eso Santoyo confesó a la Corte que, como jefe de seguridad de la Casa de Nariño, hizo ‘chuzadas’ ilegales para recoger información y ayudarles a las AUC “en la comisión de actos terroristas y narcotráfico”. Y aún más, también les informaba a miembros de las AUC sobre las interceptaciones que hacían a ellos las autoridades.

El general también admitió que facilitó el traslado de oficiales corruptos a zonas donde les podían ser útiles a las AUC. Alertó a los mafiosos sobre pesquisas de agentes secretos de Estados Unidos, Gran Bretaña y Colombia contra ellos. Y “notificó a miembros de las AUC que iban a ser capturados, incluso en casos de autoridades colombianas con la DEA”. Es por eso que su arregló permitió que fuera condenado a no menos de 10 años, pero tampoco a más de 15.

Mientras todo esto ocurría en Estados Unidos en Colombia no le ha ido nada bien a Santoyo. Tan pronto como fue enviado a ese país, la Fiscalía colombiana inició un proceso de extinción del derecho de dominio de sus propiedades. Ordenaron la ocupación de la exportadora Juan Panela, creada en 2005 de propiedad de Santoyo y de sus hijos, situada en la finca ‘La Estrella’ en San José de Pare, Boyacá.

Por ahora está pendiente lo que la justicia estadounidense defina en torno a Julio César Santoyo, hermano del general, quien también ha sido mencionado por jefes paramilitares extraditados como Juan Carlos ‘Tuso’ Sierra, quien ha dicho que Julio César era cercano a jefes de la llamada ‘Oficina de Envigado’.

Así pues se cierra otro capítulo en la historia judicial del general Santoyo, un hombre que pasó de ser uno de los más respetados e importantes oficiales de la Policía a tener que llevar el peso por haber manchado el honor institucional.