guatemalaMariela Castañón, La Hora-. 88 niños y 113 niñas, desde recién nacidos hasta de 4 años, fueron reportados como desaparecidos por el Sistema de Alerta Alba Keneth.

Norma Cruz, directora de la Fundación Sobrevivientes, denuncia que, en ese rango de edad, los niños son utilizados por las mafias dedicadas a las adopciones ilegales que los comercializan hasta por US$100 mil en el extranjero.

Entre enero y septiembre de este año aparecieron un total de 480 alertas de menores de edad desaparecidos. De esta cantidad las autoridades lograron recuperar a 280. Todavía falta encontrar a los 201 restantes, de quienes se desconoce su destino.

Según el Procurador de Niñez y Adolescencia de la Procuraduría General de la Nación (PGN), Érick Cárdenas, hasta el 4 de septiembre se reportaban 22 niños robados, principalmente en la Capital y el occidente, donde hay menos control del Estado.

La activista Cruz dice que la edad, el género y la salud del menor son aspectos que interesan a quienes adoptan de manera ilegal a los niños guatemaltecos. Su declaración coincide con el número y las características de las niñas desaparecidas.

“En el mercado internacional se tiene preferencia por las niñas. Si usted se da cuenta, el mayor número de menores desaparecidos son de sexo femenino, porque son las más cotizadas en ciertos mercados como Estados Unidos, también que estén saludables; y la edad apetecible es de 0 meses hasta 4 años porque es la edad donde aún no identifican a sus padres y se pueden adaptar a otro núcleo familiar”, explica.

También cuenta que es posible –aunque aún no es comprobable– que cierto porcentaje de los menores sea utilizado para la extracción de órganos.

¿Y el Estado?

Activistas sociales y defensores de los derechos de la niñez demandan del Estado una respuesta oportuna para localizar a los niños desaparecidos, así como articular acciones interinstitucionales que respondan ante la problemática.

El 3 de agosto fue robada una bebé recién nacida del Hospital San Juan de Dios, aunque, dos días después fue abandonada en la estación de los Bomberos Voluntarios. La directora de la Fundación Sobrevivientes criticó que después de un mes, las autoridades no reporten la detención de quienes sustrajeron a la bebé, a pesar de que se tienen imágenes de las delincuentes. “A estas alturas no hay capturas por el robo de la bebé sustraída del hospital. Están hablando de 22 casos, pero ¿dónde están las detenciones? ¿En dónde están las investigaciones? Este tema nos preocupa”, expresa Cruz.

El 29 de julio fue robado el bebé de seis meses Vinicio Fernando Ramos Maldonado, en el caserío Roble Blanco, Aldea Terreno Borroso, Chiquimula. Los delincuentes asesinaron a la madre del menor, quien trató de evitar que le quitaran a su hijo.Días después la población linchó a los presuntos responsables del robo; el menor fue recuperado y entregado a su padre.

Aunque el 7 de septiembre la Fuerza de Tarea contra Secuestros recuperó al niño Ángel Gabriel Caal Caal, de 3 meses, y capturó a las dos presuntas responsables del robo, la sociedad civil advierte que todos los casos documentados son competencia de las instituciones de Estado –PGN, MP, Ministerio Público (MP), Ministerio de Gobernación (Mingob), Ministerio de Salud, Migración– que deben coordinarse para lograr la recuperación del resto de menores de edad.

Gloria Castro, Defensora de la Niñez, dice que la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) demanda controles en los hospitales e investigaciones profundas que sienten precedentes para evitar que continúe el robo de menores.

“Es necesario que en los hospitales se fortalezcan los controles de seguridad, que se investigue administrativamente a quienes están involucrados, porque es muy difícil sacar a un niño de un centro asistencial. Además debe existir una investigación más profunda, dar prioridad a este tipo de casos y sentar precedentes”, indicó.

Por aparte, Marvin Rabanales, asesor jurídico del Instituto de Previsión Social (IPS), considera que las instituciones que tienen responsabilidad en este problema, deben ser más ágiles para localizar a los menores, pues el tiempo es imprescindible para recuperar a los niños.

“Necesitamos ser céleres, especialmente cuando son bebés y no hay una prueba genética, porque los bebés cambian rápido y las madres olvidan cuáles son esos rasgos; entre más tiempo pasa más difícil será recuperarlos, salvo que haya un registro genético que podría empezarse a documentar desde el momento en que nacen en un hospital, pero la mayoría son atendidos por comadronas y ese es un problema”, reitera.

Acciones Interinstitucionales

Según la PGN, cuando se reporta la desaparición de un niño se activa la Alerta Alba Keneth y según el caso se coordinan acciones con el Ministerio Público (MP) y la Policía Nacional Civil (PNC).

La Fundación Sobrevivientes argumenta que aunque se creó la Fiscalía contra la Trata de Personas y se designaron 100 investigadores de la Policía Nacional Civil (PNC) para atender el tema, aún no hay investigaciones profundas y bandas desarticuladas dedicadas a este delito.