David Espino – Cosecha Roja.-
El recuento de cadáveres no termina en Guerrero, México. El último hallazgo de un crematorio en desuso con 60 cuerpos en descomposición en la zona suburbana de Acapulco es eso, el último de una serie de hallazgos que han puesto al descubierto el tamaño del crimen que han cometido los narcos en esta región de México. Desde que en 2010 aparecieron 54 cadáveres en una mina de plata en Taxco, un pueblo colonial que sirve de recreo para el turismo cultural, no había otro registro tan grande.
Hasta el jueves 5 de febrero.
El olor a descomposición que desprendían los 60 cuerpos de la funeraria Pacífico fue lo que alertó a los pobladores de la colonia Navidad de Llano Largo, en una zona pobre de Acapulco, que dieron aviso a la policía. Los federales, junto con soldados y marinos, acudieron al lugar y forzaron la puerta principal para encontrarse con los cuerpos de niños, mujeres y varones de edades indeterminadas.
El fiscal general de Justicia de Guerrero, Miguel Ángel Godínez Muñoz, no quiso vincular el suceso con la confrontación que mantienen desde 2005 grupos antagónicos del narcotráfico en esta parte de México —primero entre el Cártel de Golfo y el Cártel del Pacífico y luego entre gente de Joaquín El Chapo Guzmán Loera (preso desde 2014 en un penal federal) y su antiguo socio, Arturo Beltrán Leyva (muerto en un enfrentamiento con marinos en 2009)—. En cambio, el fiscal dijo a los reporteros que se investiga un posible fraude contra deudos que pudieron haber mandado cremar a sus difuntos y les entregaron cenizas “quién sabe de qué”.
Lo único que saben en la Fiscalía General de Justicia es que el dueño del crematorio se llama Guillermo Estua Zardain y que no está en el estado. El establecimiento no pagaba impuestos desde 2012 pero todavía en 2013 daba servicio al público y algunos de los cuerpos hallados este jueves tienen apenas seis meses de haber fallecido. ¿Cuál era el objetivo de acumular cadáveres en un lugar que, como ocurrió, podía ser descubierto? Nadie tiene la respuesta. El gobernador Rogelio Ortega Martínez dijo, no sin un tono atropellado, que lo único que puede pensar es que fue “para hacer negocio. Se lucraba con el dolor humano y se cometía un gran fraude”.
En Guerrero hay cientos de cuerpos enterrados en fosas clandestinas producto de la guerra entre mafias o de bandas que se dedican al secuestro y que terminan por matar y sepultar en parajes solitarios a sus víctimas. Mujeres, hombres, chicas, chicos. Sólo en 2014 se hallaron en el estado —de acuerdo con cifras oficiales, que siempre son menores— 173 cuerpos en diferentes puntos. De éstos, 98 aparecieron en Iguala: con la emergencia de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa en septiembre de 2014 autoridades y familiares se dieron a la tarea de buscarlos hasta por debajo de la tierra.
No los han encontrado. Lo que hallaron, en cambio, fue el gran cementerio en que el hampa había convertido al estado.
Tampoco fue nada nuevo.
En mayo de 2010 médicos forenses y rescatistas de Protección Civil tardaron una semana en sacar 54 cuerpos en descomposición que fueron arrojados por integrantes del narco desde un respiradero de una mina en Dolores, un pueblo del municipio de Taxco. La mina de plata, cerrada desde 2006 por una huelga de los obreros que sigue sin resolverse, fue la sepultura desde 2008 de hombres y mujeres cuya identidad —salvo de nueve— jamás se conoció. En noviembre de ese mismo año aparecieron 18 cadáveres en una huerta de cocos en un pueblo llamado Tunzingo.
Y siguió pasando.
De los 173 cuerpos hallados en 2014, 25 fueron encontrados también en Taxco en febrero —siete meses antes de la desaparición de los 43 normalistas—; 14 entre abril y mayo en Acapulco; seis en Chilpancingo, capital de Guerrero, en mayo; 14 en Zumpango, una pequeña ciudad a unos 20 minutos de Chilpancingo, en junio; 13 más en Zitlala, un municipio de indígenas nahuas de la zona Centro, a un par de horas de la capital, en octubre; otro más en Zumpango en el mismo mes.
Y entrando 2015 en Chilapa, un municipio muy cercano a Zitlala —donde se libra una lucha entre dos células locales del narcotráfico, Los Rojo y Los Ardillos— fueron encontrados 10 cuerpos y 11 cabezas, todos enterrados de forma clandestina. En Iguala siguieron los hallazgos. Entre enero y lo que va de febrero de 2015 se han encontrado 17 cuerpos más en diferentes puntos de la cabecera municipal. En este mismo mes, en Atoyac, en la Costa Grande del estado, a unas tres horas de Chilpancingo, fue hallado un cuerpo, en un lugar conocido como El Ticuí.
Acaso para tranquilizar a la prensa nacional —cuyas ocho columnas fue, este sábado 7, otra de las atrocidades que se cometen en Guerrero—, el fiscal Godínez Muñoz dijo que ya se emitió una alerta, incluso a la Interpol, para arrestar al dueño de la funeraria Pacífico que, desde luego, debe andar quién sabe dónde. Tal vez en las islas Caimán.
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