El primer indicio de que algo andaba mal ocurrió a las 12:30 del mediodía, cuando Trimarco llegó a su hogar y vio que Marita aún no había regresado de hacerse los estudios. Inquieta, preparó el almuerzo y esperó a su marido, Daniel Verón, que llegó dos horas más tarde.
—No quiero comer –dijo el hombre-. Me voy a la Maternidad a ver qué pasa. Tengo un mal presentimiento.
Verón se levantó, tomó las llaves del auto y se fue. En la Maternidad, todos los consultorios estaban cerrados y los pasillos eran una ciudad vacía. Volvió a su casa y le contó lo que había visto a su mujer. Trimarco, por primera vez, empezó a llorar. De nuevo en la Maternidad, pero ahora juntos, preguntaron a un empleado de seguridad por el señor Miguel Ardiles, el jefe de personal.
—¿Quién le dijo que es jefe de personal? –fue la respuesta-. Ardiles hace la limpieza. Y además no está.
El rastreo siguió por las calles, los parques y el barrio de Marita. Golpearon la puerta de Patricia Soria, pero ella nunca estuvo o nunca abrió. Fueron a la Policía, pero no les tomaron la denuncia porque había que esperar un día. Llamaron a las amigas de Marita, pero nadie sabía nada. Durante la primera semana, la búsqueda de Marita fue una carrera anárquica y ciega: por no saber adónde ir, iban a todas partes. Fueron a los medios de comunicación. Empezaron a hacer afiches con la cara de su hija.
Una noche, con una de esas fotos bajo el brazo y siguiendo una corazonada negra –la policía solía vincular las desapariciones con el trabajo sexual-, Trimarco y Verón fueron al Parque 9 de Julio, la zona roja de la ciudad de Tucumán, y empezaron a hablar con las prostitutas. Una de ellas -una mujer que había sido violada, vendida y llevada hasta La Rioja, una provincia limítrofe con Tucumán- reconoció los rasgos.
—A esta chica yo la vi –dijo-. La vi en La Rioja.
Cuando Trimarco escuchó, no pudo ni siquiera desmayarse: el carácter se le puso duro y cerrado, como si fuera un tejido al que le acaban de meter un cuerpo extraño.
Desde el 10 de abril de 2002, y de acuerdo a los testimonios que se fueron sumando a la “causa Verón” a lo largo de los últimos cinco años, se sabe que Marita está atrapada –si es que está viva- en algún prostíbulo de la Argentina o del exterior.

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La trata de personas es, a nivel mundial, el negocio clandestino más fértil después del tráfico de armas y de drogas ilegales. En la Argentina, a su vez, y según datos de la policía tucumana, una sola chica genera entre 800 y 1700 dólares por semana, una cifra “rentable” si se considera que cada prostíbulo tiene entre quince y veinte mujeres “trabajando”. Este tipo de negocios es usual en el país. O al menos eso se desprende de un informe realizado en el año 2005 por el Departamento de Estado norteamericano, donde se denuncia que la Argentina es una zona de riesgo por el “severo” problema de “tráfico de personas” que deriva en “explotación sexual y laboral”. La mayor parte de los acusados está libre. Esto se debe a que el tráfico de personas no está tipificado como delito en el Código Penal de la Nación y ni siquiera es considerado “tráfico”, porque en muchos casos no se cruza las fronteras nacionales. El primer y único proyecto de ley sobre trata de blancas tiene media sanción del Senado de la Nación, fue impulsado como respuesta a la insistencia de Trimarco y tomó la historia de Marita Verón como caso testigo.
Aunque no hay pruebas, el secuestro de Marita se habría urdido –como sucede en la mayoría de los casos- por etapas. En primer lugar, Patricia Soria y Miguel Ardiles la habrían “marcado”, es decir que habrían visto en Marita un valor de cambio. En una segunda etapa, el doctor Rojas Tomas la habría revisado para asegurar que el cuerpo de Marita estuviera sano. Y en tercer lugar, tres hombres la esperaron a la salida de su casa y se la llevaron. De estas tres etapas, sólo está documentada la tercera: según dos testigos –uno de ellos, actualmente desaparecido- a dos cuadras de la casa de Trimarco dos hombres agarraron a Marita de los pelos, la durmieron de un golpe y la metieron en un coche color rojo. Pero por fuera de esto, y aunque hay indicios, ninguna de las tres personas supuestamente involucradas en el secuestro (Soria, Ardiles y Rojas Tomas) pudieron ser procesadas. Las sospechas se basan en deducciones sin valor legal. Hay registros telefónicos que muestran que Soria hablaba mucho con una amiga, también enfermera, que a su vez tenía contactos telefónicos con José Medina, un remisero que fue seis meses preso por la “causa Verón”. Al ser una relación triangular (no hay registros de un diálogo directo entre Soria y Medina) es imposible pedir la detención de Soria y menos, entonces, la de Miguel Ardiles. Con el médico Prudencio Rojas Tomas pasa algo similar: en la planta baja del edificio donde Rojas Tomas tiene su consultorio particular hay un locutorio. Los registros telefónicos marcan que, desde ese locutorio, durante todo el mes previo a la desaparición de Marita hubo llamados a José Medina. Pero no hay pruebas de que esos llamados hayan sido realizados por Rojas Tomas, y por eso el médico también está libre.
Ni Soria ni Rojas Tomas quisieron hablar con Gatopardo.

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