Redacción – La Prensa.-

En Honduras los delincuentes operan a su antojo. No hace falta ocultarse, cometer un crimen se da cada día con mayor facilidad. Sin temor a ser castigados por la ley, miembros de bandas criminales andan libremente por las calles dejando muerte y dolor entre las familias hondureñas.

De los 6,236 homicidios que se reportaron en 2010, según un informe del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Conadeh , solo unos 620 responsables de cometerlos tienen condena.

Teodoro Bonilla, presidente de la Asociación de Jueces y Magistrados de Honduras, informó que apenas logran dar condena al 10% de los crímenes  que se cometen en el país.

Lo más alarmante es que el 70% ni siquiera se investiga, mientras del 30% restante, sólo un 20% llega a los tribunales; sin embargo, no todos se resuelven porque hacen falta pruebas.

“Del 20% que llega a los tribunales, un 10% se pierde por falta de pruebas y el otro 10% es del que hay condena”, expresó Bonilla.

No hay persecución del delito

El detonante del repunte de violencia en el país lo ha generado la impunidad y esta se debe a la falta de investigación.

Un informe de seguridad revelado por el comisionado nacional de Derechos Humanos, Ramón Custodio, indica que “es notoria la deficiencia técnico-logítica para la investigación científica del delito por parte de los órganos investigativos de la Policía Nacional en lo que se refiere a la celeridad requerida para una efectiva, oportuna investigación y la argumentación técnica de la prueba científica en los tribunales a favor de las víctimas y una mora injustificable, situación que niega la justicia y crea impunidad”.

Ese mismo documento registra la muerte violenta de casi 40,000 ciudadanos en un período de diez años, de 2000 a 2010. La proyección es que este año la cifra de crímenes supere los seis mil, lo cual indica que en once años se registran más de 45,000 víctimas. Del total de casos enviados por el Ministerio Público a la Dirección Nacional de Investigación Criminal, DNIC, en un período de cinco años, únicamente se devolvió con informe de investigación un 19%, quedando en proceso de investigación y posiblemente en la impunidad el 81% restante de los ilícitos denunciados.

“El castigo lo dan los tribunales, pero a quien le toca perseguir el delito y a los delincuentes es a los fiscales y a la Dirección de Investigación Criminal”, agregó el abogado Bonilla.

Bonilla señaló que entre las fallas se encuentran la falta de laboratorios, la logística para recolectar pruebas, además de profesionalizar más a los investigadores. “Se están recolectando muchas pruebas ilícitas que violan derechos constitucionales y humanos y estas los tribunales las declaran nulas. Eso está generando resoluciones con sobreseimientos definitivos o provisionales”, explicó el togado.

Recomendó que cada región debe tener un laboratorio para que las pruebas sean científicas y contundentes y “para que los jueces y tribunales condenen y no dejen en libertad a los responsables de los delitos y terminar con la impunidad del país”, aseveró el juez. En Honduras solo hay un centro de laboratorio en Tegucigalpa, adonde se reciben las pruebas de homicidios y otros delitos ocurridos en todo el país.

“Eso está generando tardanza en que las pruebas lleguen a las audiencias. Hay retardo de meses y cuando no hay pruebas los jueces tienen que dejar en libertad a los imputados”, advirtió el presidente de la asociación de jueces.

Se necesita más voluntad

A criterio de Bonilla, la DNIC debería pasar a ser dirigida por el Ministerio Público para que los fiscales persigan con mayor fuerza, eficacia y eficiencia, a quienes cometen delitos.

“No se ha tenido una respuesta positiva por parte de la Dirección de Investigación Criminal y por eso promovemos que sea profesionalizada, tecnificada y que vuelva a ser dirigida por los fiscales. Hay mucha impunidad y cuando esto ocurre genera criminalidad, alta violencia”, señaló el profesional del derecho. Para lograr reducir lo índices de impunidad es necesaria la voluntad de quienes gobiernan el país, por eso propone que la investigación sea independiente tanto de la Policía Nacional como de la política. “Estamos muy preocupados porque no se ve un cambio en la política del Gobierno, los jueces no tenemos ninguna protección y cuando conocemos delitos de alta peligrosidad no se nos da seguridad.

Los jueces son los más amenazados y corremos  peligro, estamos expuestos; pero con la convicción y la fe en Dios vamos a seguir administrando justicia”. Bonilla aseguró que la mora judicial es baja, aunque no se tiene una cifra exacta, también agregó que hay cerca de doce jueces bajo amenazas y algunos han sido . A criterio de la abogada Inés Yadira Cubero, la impunidad se debe a la falta de una política criminal claramente definida por parte del Estado. “Hay una deficiencia en materia de investigación tanto en logística como recurso humano. Por la impunidad impera la inseguridad, presenta a Honduras como un Estado sin leyes y un Estado narco”, aseveró Cubero.

El empresario Luis Larach señala que el Estado como responsable de dar seguridad debe acabar con la impunidad para poder devolverle la paz a todos los hondureños.

“Mientras todos esos crímenes, esos delitos, queden impunes, no hay manera de que se vaya a reducir la inseguridad. Tiene que haber castigo para quienes los cometen. Tenemos un Estado sin ley prácticamente porque hay impunidad. Eso es lo que prevalece en todos los tipos de delitos no solo criminales, sino también financieros. La mayor exigencia actualmente es la aplicación de la ley”, reiteró. Una de las promesas del presidente Lobo es que  iba a poner un alto a la impunidad y eso no lo hemos visto hasta la fecha”, recordó.