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El Heraldo-.

La Secretaría de Justicia y Derechos Humanos (SJDH) iniciará esta semana un proceso de socialización del brazalete electrónico como alternativa a la prisión para personas que estén enjuiciadas.

La idea se expondrá ante organizaciones como la Comisión Nacional de Transición de Centros Penales y el Centro de Prevención Tratamiento y Rehabilitación de Víctimas de Tortura y sus Familiares, dijo el secretario general de la SJDH, Denis Gallegos.

La pulsera electrónica es un mecanismo que sirve para monitorear los movimientos de las personas a fin de garantizar que cumplan algunas medidas sustitutivas a la prisión, como no salir del país o aproximarse a aéreas restringidas.

También este aparato sirve para controlar que una persona cumpla con arresto domiciliario.

La intención de la SJDH es que el brazalete electrónico se aplique a personas que son acusadas por “delitos bagatela” o que tienen penas menores a cinco años, para evitar que se congestionen más las cárceles.

Al menos a 4,000 reos de los 12,300 que están en los centros penales por delitos de esta naturaleza, y debido a que por su situación económica no pueden demostrar arraigo, se les ha dictado prisión preventiva como medida cautelar.

Una persona demuestra arraigo cuando, por ejemplo, certifica que tiene vínculos económicos y familiares que demuestran que no tiene intenciones de huir, como por ejemplo trabajo estable, casa propia y esposa e hijos.

Una persona de escasos recursos económicos normalmente no llena ese perfil porque está sin trabajo o no tiene casa propia, lo que se considera que podría generar que se fugue y por ello, en la mayoría de los casos, se le dicta prisión preventiva.

El brazalete electrónico no se piensa utilizar para prisioneros que tengan juicios por tráfico de drogas, armas, sicariato u otros del crimen organizado.

La capacidad de los 24 centros penitenciarios es de unos 8 mil reos, pero ahora presenta una sobrepoblación del 50 por ciento.