Por Hubert Matías Parajón*
Las graves consecuencias derivadas de la interrupción voluntaria de un embarazo (IVE) acarrean efectos similares a un castigo penal que se asimilan a supuestos de “penas naturales”, cuya definición encierra la idea de todo aquel mal que una persona padece por la comisión de su conducta o con motivo de ésta. Sin embargo, si dicho sufrimiento a su vez va acompañado de la imposición de una pena estatal sin referencia a esa pérdida, la respuesta punitiva lesiona seriamente el principio de humanidad excediendo la medida señalada por la proporcionalidad entre delito y pena.
La prohibición legal actual agudiza aún más la situación al constreñir a la mujer a autoincriminarse y a convertirse en madre contra su voluntad atentando contra la autonomía de su propio cuerpo y futuro al margen de los casos exceptuados. A la desgraciada tragedia personal de quien opte por abortar le sigue la sanción penal de la que quedarán impunes únicamente aquellas mujeres que cuenten con los recursos económicos suficientes que les permitan acceder a una práctica segura.
La reciente media sanción del proyecto de ley de IVE relega la clandestinidad de la práctica y la violencia institucional al ámbito exclusivo de la salud pública. No obstante, los pacíficos “pro vida” enrolados en el seno de la medicina, la religión o la política que en gran número bregan por la disminución de la edad de imputabilidad, por su negativa a donar órganos a extranjeros o a pobres y por la instauración de la pena de muerte, entre otras declamaciones, se manifiestan equiparando a las mujeres con los nazis, o sosteniendo que en las guardias los abortos se harán sin anestesia, hasta llegar al extremo de ponderar la apropiación de niños de la última dictadura cívico-económica-político-militar por sobre el aborto legal bajo el cínico argumento de que aquella era más “humana” porque al menos “no los mataban”. A la pena natural de la mujer que se ve en la necesidad de interrumpir su embarazo en condiciones aberrantes de clandestinidad, le siguen esta clase de castigos que parten de los más variados estamentos públicos formadores de opinión, de profesionales de la salud y de un régimen legal que las abandona en soledad obligándolas a ocultar su situación.
Con todo, ¿no basta con la desgracia vivida por la mujer que le toque atravesar por la situación para además ser sometida al escarnio público de la denuncia, el proceso y la pena? ¿A qué idea de ética superior puede aspirar un Estado que coloca a la mujer en la disyuntiva de tener que optar entre clandestinidad y maternidad impuesta? Se ha demostrado que la prohibición legal no ha logrado prevenir abortos. Por el contrario, éstos han disminuido en los países que la suprimieron. Las probabilidades de morir por causas relacionadas con un embarazo están íntimamente vinculadas con el acceso igualitario a los servicios de salud de calidad y al pleno ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos. La pena legal produce clandestinidad. Los diversos sectores que preconizan la defensa de los embriones deberían estar a favor de la despenalización ante el hecho de que las mujeres se vean en la disyuntiva de elegir entre aborto clandestino y maternidad coaccionada, pero esto no es así.
La penalización contradice los principios fundamentales de la dignidad, igualdad y libertad personal, pues constituye una pena más a la natural la imposición de una opción de vida, de continuar la gestación de un embarazo, de parir, de criar a un hijo, de quedar desempleada y hasta condenada a la miseria. Se está sustrayendo a la mujer de la autonomía sobre su propio cuerpo, a su identidad como ser humano, quedando reducida a un mero instrumento de procreación sometido a fines diametralmente opuestos a los suyos. Se contraría cotidianamente el principio de igualdad con los hombres en materia de gestación al no existir analogía alguna entre paternidad y maternidad voluntaria. Y si la decisión de concebir recae en la voluntad del potencial padre, lo es sobre el cuerpo de otro, lo que equivale al ejercicio de un poder que transgrede el igual valor de las personas.
El Estado no puede seguir imponiendo más penas a la natural que por el hecho en sí mismo sufre en carne propia toda mujer que debe atravesar por tan aberrante situación junto a quienes en el mejor de los casos la contengan. No debe seguir sometiéndolas a penas crueles, inhumanas y degradantes al abandonarlas estableciendo requisitos de facto que tornen imposible su atención. Ni por medio de políticas de ajuste y vaciamiento como las actuales destinadas a desfinanciar la salud pública y los diversos programas de prevención, de insumos, de entrega de anticonceptivos y de educación sexual.
