Foto: Qué Digital
“La playa más linda de todo el partido de la costa, donde la naturaleza, la belleza y la tranquilidad se unen en un mismo lugar”. Así se vende el Luna Roja, el balneario de Chapadmalal elegido desde hace varios años por el turismo cool, la farándula local, surfers e influencers de la vida sana y ecológica.
Vista al mar, médanos y playas grandes con olas ideales para surfear se mezclan con cabañas sustentables y restaurantes que separan la basura y hacen compost.
Un paraíso natural que en realidad es… un vertedero de caca.
Hace unos días el municipio de General Pueyrredón clausuró Luna Roja por las denuncias de vecines que hace años reclaman por la contaminación ambiental. La noticia estuvo en todos los medios de la región pero es sólo la punta de un iceberg que les turistas ocasionales podemos ver cada verano, pero les habitantes conocen muy bien: la privatización de las playas públicas avanza cada vez más, daña el medio ambiente, no respeta la ley y destruye los 1200 kilómetros de playas del país.
Luna Roja llegó a Chapadmalal en 1963 y que entre 2005 y 2007 creció por obras privadas. Las primeras cabañas fueron construidas en la rivera del arroyo Lobería, que atraviesa la playa. Se alquilan como lo que son: divinas y con una vista única al mar.
Pero a les vecines esa privatización de la playa pública no les gustó nada. Es que para cumplir con la promesa de “deleitarse con los hermosos paisajes y la paz reinante en el lugar”, se comen varios metros de playa, cuando construir a menos de 150 metros de la costa es ilegal.
También tiran los desechos cloacales al arroyo Lobería, que hasta hace unas décadas era una opción al mar para refrescarse. Incluso hoy niñes juegan en esas aguas, algo que no estaría siendo recomendable. “Se creó un sistema de cloacas de las cabañas y los derivados del restaurante que empezaron a verter desechos en el agua de forma masiva”, denunciaron desde la Asamblea Luna Roja.
La concesión del complejo incluye las cabañas y el restaurante y está a cargo de la empresa EJC S.A. En enero del año pasado el balneario ya había sido clausurado: el dueño de ese entonces destruyó un monumento homenaje a las víctimas de la masacre de Luna Roja, asesinadas el 2 de agosto de 1978 durante la última dictadura cívico militar. También lo cerraron por irregularidades.
El titular de la empresa era Horacio Ipucha, un empresario de 54 años, arquitecto y reconocido campeón nacional de surf. Es, además, socio fundador de la Fundación Surfrider, una organización que trabaja para preservar y cuidar los océanos, las playas y el medio ambiente. Toda una paradoja si se tienen en cuenta las denuncias no sólo por destruir el monumento y contaminar con sus cabañas el medio ambiente, sino porque fue acusado de desmantelar y prender fuego la escuelita de surf Lafquen Che para seguir construyendo.
Para la temporada 2021, Ipucha ya había dado un paso al costado y el Luna Roja reabrió con nuevo directorio, a cargo de Leo y Mauro De Siena. Pero los ríos de caca no terminaron: colapsó la cámara séptica del sistema cloacal que reúne las aguas servidas de seis departamentos, del restaurante y los baños de todo el complejo. ¿El resultado? Miles de litros de agua cloacal en los medanos, la playa pública y en las aguas del arroyo.
-Volvió a pasar. No puede haber un complejo de cabañas en una zona de restricción hidráulica funcionando sin prueba de impacto ambiental, ni habilitación de OSSE, ni Autoridad del Agua. Las aguas del arroyo se ven marrones y fétidas- dijeron desde la Asamblea Luna Roja en redes.
Con la nueva denuncia y el análisis de un laboratorio privado que probó la presencia de microorganismos contaminantes en el arroyo Lobería, el lunes el Municipio de General Pueyrredon clausuró de manera preventiva el balneario.
-Estamos reestructurando para sorprenderlos con una nueva forma de disfrute de nuestro mágico espacio- dijeron los nuevos dueños con un cartelito en la playa.
Cuando contaminar es la regla
Luna Roja no es el único balneario que contamina. Justo al lado, el lujoso balneario “Manantiales Club de Mar” de la firma Rivan S.A tiene denuncias por faltas en la concesión y por efluentes cloacales.
En marzo de 2020 un vecino de Chapadmalal fue a la Justicia Federal porque se habían desbordado los pozos ciegos en la ribera del arroyo Lobería. En abril de este año la Policía Federal allanó el lugar y tomó muestras del arroyo. En la misma playa también hubo protestas por la falta de accesos públicos al balneario.
El mayor escándalo fue el de “Rancho Móvil”, que se conoció gracias a les vecines y el medio cooperativo marplatense Qué digital. En 2018 denunciaron la construcción ilegal de cabañas en la zona de los acantilados de Mar del Plata: no estaban habilitadas pero nadie impidió que se construyeran ni las controlaban.
Hubo pedidos de informes y un año después, en febrero de 2019, los desalojaron. Hoy está bajo el cuidado de la Asociación Marplatenses Conservacionistas.
¿Quién controla el avance de los privados?
A Karina Huarte no le alcanzaría el tiempo de la comunicación telefónica con Cosecha Roja para contar las cientos de denuncias que reciben en el Colectivo Faro de la Memoria, de Mar del Plata.
-Hay una sobreexplotación del espacio público. Y somos las organizaciones, asambleas, colectivos quienes hacemos lo que debería hacer el Estado: controlar, vigilar, cuidar el espacio público.
Mar del Plata se jacta de tener 47 kilómetros de playas. ¿Cómo se explica que en la zona sur, por ejemplo, sólo cinco son públicas?
La protección de la costa está en el Código Civil: las playas son de dominio público. El problema es que toda la franja costera forma las Unidades Turísticas Fiscales (UTF): playas del Estado que se concesionan a un privado.
Los 10 kilómetros desde la playa de El Faro hasta Los Acantilados son de otro privado: la familia Peralta Ramos, que a la vez se lo alquila a empresas multinacionales. ¿Cómo llegaron a manos de los Peralta Ramos? Por un fallo de la Corte Suprema de Justicia de 1970.
Las primeras denuncias empezaron desde la cotidianidad: una familia quería clavar una sombrilla en la playa, cerca de la orilla en la zona sur de El Faro y desde el balneario la echaban con el argumento de que era privado. Para tener sombra había que alquilar una carpa (esta temporada está alrededor de 120 mil pesos por mes).
En general las denuncias llegan cuando se ven movimientos de arena. Los grandes camiones son la señal de una nueva construcción en un médano o acantilado, bloqueos a las bajadas a la playa y contaminación ambiental de emprendimientos inmobiliarios.
Aunque parezca una guerra entre quienes defienden lo público contra los privados, no pasa por ahí. En general, les vecines de las ciudades costeras quieren progreso. Pero no a cualquier costo.
-Tenemos dos tipos de turista: el que le gusta la playa más salvaje y natural, y el que le gusta la sombra y la comodidad. Y ambos son válidos. Queremos que ambos puedan tenerlo, pero sin generar daños ambientales ni molestar a otros- dice Huarte y agrega que los colectivos de vecinos se multiplican en toda la costa
Denuncian que no hay una ley provincial de costas que pueda detener la sobreexplotación. Desde el Estado se manejan con clausuras, como en Luna Roja. ¿Cuánto tiempo tardará en volver a abrir?
-Les hacen multas que les cuesta lo mismo que una carpa en enero. La pagan con eso y vuelven a abrir. Y siguen construyendo y destruyendo.
