prensa no disparenJornada – Guadalajara, Jal.-

El tercer trimestre de 2014 en México se documentó como “el más peligroso para la prensa desde el 2007” según el director de la organización Artículo 19, Darío Ramírez, quien fungió como moderador de la mesa “Disentir en silencio” a la que acudieron como ponentes Carmen Aristégui, Lydia Cacho y Juan Villoro.

“En un acumulado de 2014 ya tenemos más de 200 agresiones hasta septiembre pasado, un intento por acallar a la prensa desde la misma prensa y desde la narrativa oficial”, afirmó Ramírez, quien dio a conocer una actualización de la numeralia del informe 2013 sobre violencia contra la prensa y criminalización de la protesta elaborado por la organización que preside en México y Centroamérica.

El salón 6 de la Feria Internacional del Libro fue insuficiente para dar cabida a los cientos de personas interesados en escuchar a los expositores, por lo que en el lobby de Expo Guadalajara debieron colocarse pantallas para albergar a otros tantos que muy pronto abarrotaron el recinto.

De las agresiones documentadas por la organización contra periodistas, el 80 por ciento han sido contra hombres y 19 por ciento contra mujeres.

Un dato que desató un rumor de asombro entre los espectadores: el 59 por ciento de esas agresiones fueron cometidas por funcionarios públicos y apenas el 6.7 por ciento vinieron desde el crimen organizado.

También en lo que va del año aumentaron 39 por ciento el ataque a instalaciones de medios de comunicación, lo que Ramírez calificó como “un fenómeno muy reciente”, además de que se intensificaron las campañas de desprestigio contra periodistas a través de las redes sociales.

“El año pasado y lo que va de 2014, es decir en la administración (federal) presente, han sido asesinados 9 periodistas. El promedio en los últimos 7 años es 10 periodistas (por año); el total de 2003 a la fecha es de 82 periodistas asesinados”, agregó.

Carmen Aristégui identificó en las redes sociales una plataforma de agresión contra la prensa, como le ha tocado padecer en carne propia, sin que ello signifique que se tenga que coartar la libertad inherente a un medio de difusión al alcance de millones de personas en el cual cada quien puede decir lo que le venga en gana.

“Las redes tienen la virtud de poder ser un espacio horizontal, abierto a las personas para que digan lo que les da la gana, algo que hay que defender a morir, pero otro tema es cuando desde algún ámbito de poder sea económico, político o alguien que pueda financiar y establecer un equipo -a veces ejércitos- para generar campañas o mensajes masivos que tengan propósitos de aniquilamiento moral”, explicó.

También se refirió al caso de los 43 jóvenes normalistas desaparecidos en Iguala, a quienes nombró uno por uno mientras el público decía “presente” en cada ocasión, y afirmó que se trató de una sacudida nacional porque nos hizo mirarnos en el espejo como país, lo que los convirtió en el “caso emblemático” que hizo que ahora junto a ellos se tenga que dar “registro acumulado” del largo periodo de “pasmo social”.

“Una ola solidaria como la que este caso ha detonado no la veíamos desde hace mucho tiempo y se ha convertido en una oportunidad de la sociedad mexicana”, afirmó.

Lydia Cacho señaló la agresión que sufrió hace nueve años, cuando fue trasladada de Cancún a Puebla tras la publicación del libro que denunció la red de pornografía infantil en que estaba involucrado el gobernador de Puebla, como otro de los intentos que hoy continúan por acallar la voz del periodismo independiente.

“El periodismo tiene como obligación principal poner sobre la mesa pública las verdades sociales, pero tiene la primera y última responsabilidad de documentar la vida y la palabra de todos los seres humanos”, refirió.

Pidió que se otorgue a los periodistas honestos el respeto y el prestigio, pues se trata de una profesión que tiene un importante desgaste físico, emocional, económico, personal y familiar.

“Cantidad de periodistas terminan perdiendo a sus familias por seguir en su profesión, con serios problemas de salud por intentar contar las verdades en un país que castiga y asesina a quienes la quieren contar”.

El escritor y periodista Juan Villoro dijo que queda claro que vivimos en un país donde informar es una profesión de alto riesgo, en el cual no sólo se padece la violencia en las calles sino que informar puede costar la vida.

Llamó “zonas grises” a los puntos donde es más conflictivo para el periodismo trabajar, zonas donde se mezcla lo criminal con lo legal, pues existen personas interesadas en conservar la reputación que tienen y que desean que no se sepa que tienen contacto con el crimen organizado y, en algunos casos, forman parte de él.

“Esta zona donde lo ilegal se convierte en lo aparentemente legal es lo más peligroso, es eso lo que ha puesto en riesgo a los periodistas y la mayoría de las agresiones han venido de fuentes relacionadas con los distintos niveles en el gobierno: policías que no quieren que se sepa que se han corrompido, el ejército, la política y la empresa”.

En ese contexto, afirmó, los medios independientes han perdido apoyo y sobreviven bajo amenaza económica.

“Espacios como Proceso, La Jornada o Reforma, es decir frentes periodísticos que no viven del tráfico de influencias, de otros negocios, que solamente viven de su propio producto. Y hoy en día esto es cada vez más difícil”, concluyó.