inundacion

 

 

Cosecha Roja.-

– Tenemos sesenta muertos en la morgue y necesitamos inhumarlos urgentemente, porque el lugar está colapsando.

– Quedate tranquila que las defunciones traumáticas se van a inscribir sin la intervención judicial previa.

Este diálogo figura en una  denuncia presentada por una empleada del Registro ante la Fiscalía General del Departamento Judicial de la Plata a la que accedió Cosecha Roja.  El 4 de abril, después de las inundaciones,  una funcionaria de la morgue se comunicó con la secretaria de la directora del Área de Delegaciones del Resgistro Provincial de Personas.  Cuando colgó el teléfono, la secretaria terminó de contarle a su jefa, Natalia Panella, lo narrado por la mujer de la morgue: “Siguen llegando cuerpos y no hay tiempo de requerir la orden judicial. Hay que agilizar, enterrar rápido y hacer lugar”.

El testimonio de la empleada recogido en su denuncia penal deja en evidencia la cadena de mando. La mujer al teléfono cumplía órdenes de Natalia Panella, que a su vez respondía a sus superiores, y nombraba al subsecretario de jefatura de Gabinete del Ministerio de Gobierno, Juan Pablo Álvarez Echagüe. Además, agregó un dato importante: a los cuerpos NN no se les labraba el formulario 24 en el cual se consignan todos los datos y las huellas dactilares. Ahora deberá investigar el fiscal Condomí Alcorta, que hace una década fue abogado particular de Pablo Bruera en una causa penal en la que terminó absuelto por el juez Guillermo Atencio.

La lista por el número de muertos que dejó la catástrofe, sigue envuelta en un espiral de silencios, cruces públicos y polémicas entre funcionarios del poder Policial y el Poder Ejecutivo. La primera lista oficial tenía 51, que trepó a 52 cuando una semana más tarde apareció el cuerpo de una mujer desaparecida en Los Hornos. Pero los testimonios de vecinos hablaban de cadáveres insepultos y el juez Luis Arias inició una investigación.

El gobernador Daniel Scioli y el ministro de Justicia y Seguridad Ricardo Casal  anunciaron días después que había 37 víctimas más  cuyas muertes no estaban directamente vinculadas a la inundación. Luis Arias fue desplazado del caso y Guillermo Atencio pidió la competencia de la investigación. Ahora la Corte Suprema provincial deberá dirimir sobre el conflicto.

Federico Arias, que ahora se enfrenta a un pedido de jury,  dijo a Cosecha Roja: “Atencio pidió el expediente y al día siguiente se declaró competente sin haber leído siquiera las presentaciones de las partes. Me da bronca que no se -alcance a ver que detrás del pedido de competencia hay una maniobra política”. El juez contencioso administrativo explicó que su competencia es legítima porque se trata de un pedido de Habeas Data, y no de la causa penal, que corren por caminos diferentes. El artículo 4 de la ley 14214 que regula el Hábeas Data establece que los registros públicos son competencia del fuero contencioso administrativo. Sobre el pedido de jury en su contra, Federico Arias sostuvo: “Es una maniobra para enturbiar, para generar dudas en la sociedad. No va a prosperar porque se funda en una cuestión de competencia, que en cualquier caso debe resolver la justicia, pero nunca puede ser causal de destitución”.

Guillermo Atencio, consideró que de ser cierta la conversación que figura en la denuncia sería algo gravísimo.  “La funcionaria (Natalia Panella) tendría que denunciarlo o estaría cometiendo el delito de encubrimiento”, dijo a Cosecha Roja. Fuentes judiciales confirmaron que tanto Panella como su secretaria María Claudia Alé ya habrían sido convocadas a declarar ante el fiscal Condomí Alcorta en la causa donde él mismo interviene. Condomí Alcorta no atendió a Cosecha Roja.