Por Guilherme Amado, desde Brasil – Cosecha Roja.-

La noche del 3 de junio de 2011, 429 bomberos invadieron el cuartel general en Río de Janeiro, acto extremo de una reivindicación de meses en búsqueda de que el salario de R$ 943 (US$ 549) aumentara. La chispa se encendió entre policías y bomberos de un país que en algunas zonas registra índices de homicidios que se parecen a los de una guerra.  Entonces, la epopeya de obligó al gobernador de Río, Sérgio Cabral, a mejorarles el sueldo  y amnistiar a quienes habían invadido el cuartel.

Este febrero, faltando poco para el comienzo del carnaval, el evento más importante en Brasil -cuando no estamos hablando de juegos de fútbol-, la policía militar de Bahía empezó una huelga con el mismo reclamo. A los nueve días, los policías militares, civiles y bomberos de Río también decidieron parar. Hoy otros cinco estados estudian iniciar protestas.  A pesar de ser un problema nacional, el gobierno está sordo y, por medio de sus representantes en el Congreso, ya avisó que no pretende discutir la PEC 300, el proyecto que cambiaría la Constitución y crearía un salario mínimo de R$ 3.500 (US$ 2.040) para los policías.

Pero existe una gran diferencia entre el movimiento de los huelguistas del año pasado y los de este.  En 2011, los bomberos de Río conquistaron el apoyo de casi toda la sociedad, con artistas de la TV grabando mensajes defendiendo su amnistía y todo el pueblo usando vinchas rojas para expresar solidaridad con ellos. Esta vez, el gobierno de Bahía divulgó conversaciones telefónicas entre los policías huelguistas donde tramaban actos delectivos. Y el lunes 13 de febrero anunció que eran sospechosos de encubrir 25 asesinatos de los 180 que ocurrieron en once días de huelga. Ante la protesta en Río también se dio a conocer un vídeo en que el líder más importante de los bomberos, Benevenuto Daciolo, decía que no aceptarían ninguna propuesta del gobierno para mejorar salarios. Querían que Cabral dejase el gobierno.

Para los periodistas, el mayor peligro de cubrir las huelgas es no saber establecer la diferencia entre lo que es una reivindicación legítima y lo que es una peligrosa mixtura de política y, peor, de violencia. No fueron pocos los medios que en la huelga de 2011 sentenciaron que los bomberos eran “vándalos”, cuándo no había nada concreto para decirlo. Simplemente apoyaron el discurso oficial de Cabral. Ahora, aunque haya evidencias del uso político de la huelga o de la práctica de delitos como forma de presionar el gobierno de Bahía, muchos periodistas hacen la vista gorda.

El sindicalismo y los movimientos de trabajadores de Brasil no son lo mismo que hace 30 años. Hoy tienen abiertos canales de discusión democráticos, con huelgas muchas veces, pero sin fiebres intermitentes de golpes. El caso de la policía y de los bomberos es diferente porque aquí  ellos son considerados militares auxiliares, con muchos deberes parecidos a los de las Fuerzas Armadas. Lo que genera dos vertientes respecto al derecho de huelga. Una hace una lectura rígida de la Constitución y no se les está permitida. Otra, no oficial, sugiere que la policía y los bomberos no tienen los mismos deberes que los militares.

La discusión central, de todos modos, es evitada. La propuesta de un salario mínimo para la policía en todo el país no es discutida. El gobierno de Dilma Rousseff no considera ese un punto esencial del problema de la seguridad pública. Especialistas en criminalidad defienden que el tema sí es uno de los más importantes. Si el policía tiene que trabajar en otras actividades que no son estrictamente públicas, crecen los riesgos de que el trabajo privado – o delictuoso, muchas veces – contamine su función primera.

Desde hace años, la policía de muchos estados brasileños se sumergió en la corrupción, incluso oficiales de altos rangos. En algunos casos reciben sobornos de los narcotraficantes y de los  dueños del juego ilegal y hasta recibieron paga para matar personas. En Río de Janeiro, hace cuatro años, un antiguo jefe de la Policía Civil fue enviado a prisión y hoy espera en libertad la conclusión de sus procesos criminales .El actual secretario de Seguridad, José Mariano Beltrame, empezó en 2007 un operativo de limpieza que ya exoneró mil policías. Los críticos aseguran que sólo los oficiales de bajo rango son expulsados. No es falso.

La situación se agravó cuando se empezaron a crear grupos paramilitares para asesinar narcotraficantes y combatir la criminalidad, sin el intermedio de la Justicia. Pero estas milicias al final terminaron cobrando a los habitantes de las favelas y barrios pobres a cambio de darles protección. Y cayeron en otros delitos como explotar el comercio clandestino de bombonas, el transporte pirata y hasta el mismo negocio narco. La película Tropa de Élite, que ganó el Festival de Berlín, muestra con claridad este proceso. Hoy el fenómeno de las milicias preocupa en Brasil tanto como el narcotráfico. Ese contexto aumenta aún más la necesidad de mejorar los salarios, el gran reclamo de las fuerzas.

La fecha de la huelga de Bahía y de Río no fue casual.  La proximidad con el carnaval fue una decisión estratégica para presionar a los gobiernos. Y si no se toman medidas, sin seguridad, tampoco habrá Mundial de Fútbol ni Juegos Olímpicos. ¿Qué pasaría si la policía iniciara una protesta días antes del primer partido de la Copa 2014?