policia.quiroga_infopaerUno Entre Ríos.-

La Sala I de la Cámara del Crimen condenó a ocho años y seis meses de prisión a un policía que se lo encontró culpable del homicidio de una funcionaria de la fuerza de seguridad. El tribunal de Paraná entendió que el acusado se excedió indebidamente al reclamar a la mujer que bajara la música efectuándole un disparo que le quitó la vida.

El hecho, que fue informado por UNO en su momento, ocurrió el 13 de setiembre de 2008 en Santa Elena. La Justicia tomó intervención luego de que se acusara a Adrián Sebastián Gillig del delito de Homicidio. Se estableció que el agente de Policía, quien junto a su novia, de apellido Miño, compartía la vivienda con María de los Ángeles Quiroga, también uniformada de la fuerza de seguridad entrerriana.

En la noche, Gillig efectuó un disparo con su arma reglamentaria que atravesó la puerta placa que separaba su dormitorio del living produciendo una herida en el cuerpo de la funcionaria policial que falleció horas después en Paraná.

En el juicio el acusado intentó justificar la situación con el absurdo motivo de que le reclamó de que bajara el volumen del equipo. Tras la coartada de Gillig que alegó un accidente al caerse su arma y dispararse en forma involuntaria, la reconstrucción de los hechos, una extensa etapa de instrucción penal y pericias que demostraron que el disparo fue intencional se llegó a esta condena.

En este sentido, el querellante en la causa, Guillermo Vega, informó a UNO que el acusado además contaba con una hoja de servicios con numerosas sanciones incluido el extravío de su arma reglamentaria.

La noticia de la condena fue recibida con gran satisfacción por la comunidad de Santa Elena, donde la agente fallecida contaba con gran aprecio no solo por sus dotes humanas sino también por la vocación manifiesta en el servicio policial.

Al momento del hecho María de los Ángeles Quiroga era además el sostén de su familia, sus dos padres, Isolina Salas de Quiroga e Ismael Basilio Quiroga.
El abogado además reclamó “la necesidad de maximizar la idoneidad de los funcionarios policiales, puesto que la portación de un arma reglamentaria les debe significar como una garantía para la sociedad y no como un peligro para sus integrantes.

El policía al recibir la condena fue derivado al penal de Paraná.

Control psicológico
Entre 2007 y 2008 se produjeron cinco hechos violentos en los que fueron denunciados policías de Entre Ríos. Por esta situación, desde la Jefatura de provincia se ordenó extremar los controles psicológicos y psiquiátricos de los aspirantes a ingresar a la fuerza de seguridad, tanto en las escuela de agentes como la de oficiales. Las autoridades policiales consideraron necesario tener un mejor perfil de los aspirantes a fin de detectar a personas violentas o con reacciones no adecuadas para los futuros integrantes de la fuerza de seguridad.
Los policías acusados de golpizas, balaceras y situaciones violentas fueron puestos en disponibilidad frente a las denuncias formuladas.