Por Redacción – CR.-

Con la llegada de las cuatro primeras Unidades de la Policía Pacificadora a las favelas, los crímenes en esos barrios cayeron a la mitad: 216 en 2008 y 114 en 2010. En Ciudad de Dios un estudio reveló que entre noviembre de 2007 y 18 de noviembre de 2008 hubo 34 asesinatos. En el periodo siguiente, hasta noviembre de 2009, hubo solo 6. En las favelas donde aterrizaron en 2010 los asesinatos disminuyeron en un 62%. Son cifras oficiales de las UPPs.

Jaílson de Souza, el creador del Observatorio de Favelas, reconoce en una entrevista para Cosecha Roja las fortalezas de este modelo que “acaba con el poder autocrático, con la guerra entre los grupos criminales y la policía, aumenta la tranquilidad cotidiana y permite una mejor planificación de la vida presente y futura. En ese sentido, la calidad de vida de la población tiene, efectivamente, mejoras evidentes”.

Pero no niega sus limitaciones. Dice en principio que la llegada de las fuerzas policiales a las favelas no deja de ser una “invasión”, con la diferencia de que permanecen en la comunidad, pero “como si estuviesen en un territorio enemigo ocupado, con dificultades para reconocer a los pobladores como sujetos de plenos derechos”.

-¿Cómo ha sido la implementación de este tipo de policía?

La policía comunitaria comenzó a ser  pensada en Rio de Janeiro como estrategia de Seguridad Pública a partir del primer gobierno de Leone Brizloa, en 1983. El entonces comandante de la Policía Militar, el coronel Magno Nazareth Cerqueira, quería construir una política basada en el respeto a los derechos humanos. Por las circunstancias de la época hubo pocos avances prácticos, pero la propuesta fue asumida como referencia por varias organizaciones de la sociedad civil y de las universidades desde inicio de la década del 90. En 2007, cuando asumió el gobierno de Sergio Cabral mantuvo la vieja estrategia de enfrentamiento bélico con los grupos criminales de traficantes de drogas. Su fracaso se expresó en una invasión al Complejo de  Alemão por parte de las fuerzas policiales, que terminó con la muerte de 19 personas, muchos heridos y pobladores humillados y furiosos. A partir de allí hubo un giro hacia una nueva estrategia. Las UPPs son el resultado de ese proceso, y en especial de una lucha de la sociedad civil.

-¿Qué límites tienen las UPPs?

El hecho de que se trate de una intervención continua y de tener el enfrentamiento con los grupos criminales como prioridad, hace que todas las demás políticas se vean como una acción complementaria. Y la policía continúa allí. En ese sentido, hay un largo camino por recorrer. De cualquier forma, la preocupación en avisar que habría ocupaciones contribuyó a evitar conflictos innecesarios que podrían generar muchas víctimas. De la misma forma, el énfasis puesto en la eliminación del control territorial de los grupos criminales más que en la eliminación del tráfico de drogas, coloca el foco del problema en el lugar correcto.

 -¿Qué consecuencias positivas tiene para los pobladores de las favelas?

-De forma inmediata hay dos impactos: el primero, benéfico, es la eliminación del poder autocrático de los grupos criminales que regulaban el orden social local y establecían un control privado del espacio público. El clima autoritario y de prepotencia, así como los excesos fueron controlados. Del mismo modo, el estado pasa a priorizar la oferta de nuestros equipamientos y servicios urbanos demandados históricamente por la población y se abren condiciones de más inversiones de las empresas privadas y crecimientos de la intervención de las organizaciones sociales.

-¿Y negativas?

-El lado negativo en lo inmediato es el aumento de gastos de los pobladores debido a la especulación inmobiliaria y el aumento de los alquileres, además de la eliminación de las conexiones irregulares de energía y de la televisión por cable y la cobranza de impuestos y documentaciones de los comercios. En fin, ha subido del costo de vida en una favela, que no es acompañado por una efectiva mejora de la renta. Con eso ocurre progresivamente, lo que en Brasil se conoce como “remoção branca, ou invisível” en que las fuerzas económicas terminan por hacer que las población sea substituida por otra, con mayor poder adquisitivo.

¿Cómo es percibido este nuevo modelo por la población?

-Todavía es visto como una acción policial y no como una acción republicana, de Estados. No hay un control social de las fuerzas policiales, las organizaciones comunitarias no tienen poder sobre las intervenciones ocurridas en la comunidad y, durante el proceso, el comandante de la unidad policial termina por ser considerado el nuevo “dueño” de la favela, cumpliendo funciones parecidas a las del antiguo jefe del tráfico de drogas o de la milicia. El desafío es que las fuerzas policiales estén sometidas a una estructura republicana de gestión, y una acción inserta en un proyecto global de desarrollo de las favelas ocupadas.

-¿Se acaba la violencia al interior de las favelas con la llegada de las UPPs?

-No es tan así: el poder de regulación social de los grupos criminales es mucho más “eficiente” que el de las fuerzas policiales, porque no hay límites legales para su actuación; el jefe del grupo tiene poder de policía y juez en su territorio. Como ejemplo; el robo en la favela es castigado con la muerte. El monopolio de la fuerza pertenece al grupo criminal. El estado no consigue tener ese mismo poder y por eso algunas situaciones de violencia impensada durante el dominio de los grupos criminales, empezaron a ocurrir.

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Por su parte Renato Lima, secretario general del Fórum Brasileiro de Segurança Pública, lee los problemas que enfrenta actualmente el modelo de seguridad brasileño. Opina que este país tiene un sistema ineficaz para la prevención de la violencia: “sin valorización profesional ni garantía de derechos para la población. Con tasas muy altas de violencia, bajos salarios y pésimas condiciones de trabajo para los policías, donde las acciones puntuales terminan perdiéndose en razón de una burocracia estructurada para defender los intereses del estado y no de la sociedad. Este modelo, por sí solo, no es capaz de reducir crímenes, pero sí de crear las condiciones para una serie de acciones y políticas públicas que logren éxito en este proceso”.

Actualmente en Rio de Janeiro hay 19 UPPs instaladas y se preeven 45 para 2014. Hoy la policía pacificadora tiene hoy 3956 efectivos, que deberán triplicarse en dos años.  La fecha no es trivial y Lima cree que el Mundial de fútbol y las Olimpíadas son la gran excusa para implementar una reforma en el sistema de seguridad que es el de la década del 40 en un país que gasta que gasta el 9% de su recaudación básicamente en pagar salarios de 600 mil agentes policiales.

-¿Las UPPs son una policía de ese tipo?

– Es importante destacar que las UPPs en Rio de Janeiro no son estrictamente un programa de policía comunitaria, sino de recuperación de territorio. Existen elementos comunitarios en el proyecto, pero no son centrales. El foco es la conquista o reconquista de espacios urbanos dominados por el crimen organizado en torno al narcotráfico o las milicias compuestas por miembros de las fuerzas policiales y otros órganos públicos.

 

Foto: Reuters.