Detuvieron al director de Asuntos Internos de la policía de Santa Fe y a 31 policías tras una serie de allanamientos que se realizaron esta mañana en el marco de la causa por la muerte de Franco Casco. La orden fue emitida por el juez federal Carlos Vera Barros.
Franco Casco había viajado desde el conurbano a Rosario a visitar a sus familiares la última semana de septiembre de 2014. Tenía pasaje de vuelta para el 6 de octubre pero nunca llegó a Florencio Varela. La policía lo arrestó y 23 días después su cuerpo apareció flotando en el río Paraná. Según determinaron las autopsias, lo habían matado tres semanas antes.
Franco salió de la casa de sus familiares, en el barrio rosarino de Empalme Graneros, el 6 de octubre. Iba a tomar el tren, volvía a su casa en Florencio Varela. La policía lo detuvo por una supuesta denuncia hecha por “Crespo”, un vecino que se encuentra entre los llamados a indagatoria pedidos por la querella. Lo llevaron a la comisaría 7ma de Rosario. Según la policía lo liberaron ese mismo día a la noche. Mientras estaba detenido, una médica (Zelaya) lo atendió y certificó que no estaba herido.
El cuerpo de Franco apareció 23 días después, el 30 de octubre. Flotando en el río Paraná, frente al Parque España en Rosario. Lo reconocieron porque tenía tatuado el nombre de su hijo Thiago en el brazo. Tuvieron que hacerle tres autopsias para determinar que lo habían torturado hasta matarlo.
La familia y la querella culpan a la comisaría 7ma por el crimen y las pericias y pruebas presentadas sostienen esta teoría. “Se fraguó una causa falsa contra la víctima con el objetivo de legitimar su detención”, afirmaron desde el Ministerio Público de la Defensa en referencia a la denuncia de Crespo. También denunciaron que la policía manipuló el libro de ingreso a la comisaría: dice que entró a las 13 pero un oficial le dijo al Ramón, el papá, que lo detuvieron el día anterior.
En noviembre de 2014 la jueza Roxana Bernardelli caratuló la causa como una desaparición forzada de persona y responsabilizó a la policía. El fiscal que investigaba la causa, Guillermo Apanowicz, respaldó la versión de la 7ma y delegó la investigación a la policía de Santa Fe. En diciembre de ese año, la causa pasó a manos del juez federal Carlos Vera Barros y determinó que los hechos fueron una privación de la libertad.
(Noticia en desarrollo)
